Los obstáculos en comisaría que llevaron a un joven saharaui a arrojarse a la carretera en Gran Canaria

Desde hace semanas, personas migrantes bloqueadas en Canarias acuden cada mañana a la Jefatura Superior de Policía de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria) y a la comisaría de Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife situada en la calle Ramón Pérez de Ayala para solicitar la protección internacional, uno de los documentos válidos, junto al pasaporte, para salir de las Islas hacia la Península. Muchos duermen a la intemperie en los aledaños o llegan de madrugada, pero al abrir las puertas de las comisarías se topan una y otra vez con trabas burocráticas por parte de los agentes policiales. Algunas de ellas, sin soporte legal, que terminan exasperando a personas que llevan más de medio año recluidas en el Archipiélago. 

Moustafá* es uno de los migrantes que ha sufrido la volatilidad de los requerimientos de la Policía. En su caso, la desesperación lo condujo al extremo de intentar quitarse la vida hace unas semanas. Este joven del Sáhara Occidental esconde una historia que entremezcla esperanzas y golpes contra la realidad. Su aventura comenzó hace dos años, cuando intentó llegar a Europa a través de Alhucemas, pero al no conseguirlo, recondujo su itinerario y lo intentó desde Dajla. Moustafá es un joven con diabetes que no pudo llevarse consigo toda su medicación cuando se embarcó en la patera en noviembre de 2020. 

El trayecto duró cuatro días, pero después del primero ya no recuerda nada. Se quedó inconsciente y despertó en una cama del Hospital Insular de Gran Canaria, donde estuvo 16 días. Después, a la calle. El miedo a entrar en uno de los cuatro vuelos de deportación semanales que partían desde la isla con destino a Marruecos hizo que prefiriera quedarse sin techo. Sin apenas medicación para su enfermedad y deambulando por las calles de Las Palmas de Gran Canaria durante semanas, se encontró con un amigo con quien se fue a vivir mientras preparaba su viaje a la Península. 

Como otros de sus compañeros, hizo noche a las afueras de la comisaría de la capital para solicitar una copia de su orden de devolución. Este papel, que contiene el Número de Identificación de Extranjero (NIE), debe ser entregado a los migrantes a las pocas horas de llegar a España. En el caso de Mustafá, al estar ingresado en un centro hospitalario durante dos semanas, cuenta que no se le proporcionó. Según el saharaui, los agentes de la Comisaría le exigían este documento para tramitar la solicitud de asilo y así poder viajar. 

Durante los tres días que se personó allí, recuerda que recibió siempre la misma respuesta: “Espera, espera, espera”. “Yo pedía el mismo documento y ellos no me lo daban, así que al tercer día me harté. Sentí rabia y desesperación”. La ansiedad generada por ver su proyecto migratorio frustrado, llevó a Moustafá a arrojarse a la Avenida Marítima de la ciudad, una de las principales arterias capitalinas y donde los vehículos circulan a gran velocidad. Allí, entre la vorágine de coches, varias personas que estaban cerca lograron rescatarlo. “Después de tantos días de sufrimiento, de tantos días viviendo en la calle y, además, después de estar tantos días detrás de la Policía, terminé tomando esta decisión’’.

La orden de devolución

El documento que los agentes exigieron supuestamente a Moustafá no es necesario para tramitar su solicitud de protección internacional. La Ley 39/2015 establece que “los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o elaborados por cualquier otra Administración”. En este caso, el acuerdo de deportación obra en poder de la Dirección General de la Policía. 

Aun así, cada mañana los agentes se afanan en requerir este documento a los migrantes que acuden a demandar la protección internacional. Como a los senegaleses Sarr*, Ndiaye* y Badji*. La mañana del 29 de abril, cuando se desplazaron a la oficina policial, dos de ellos pudieron acceder al edificio al tener la orden de devolución. Sin embargo, Sarr, que no portaba dicho documento, se quedó fuera tras la negativa tajante del policía que repartía los turnos.

Esa misma mañana, Olga, una voluntaria de la organización Somos Red que se encarga de acompañar a los migrantes a la comisaría, le recitó al agente la mencionada ley. Algo que terminó por desesperar al policía: “Pues vaya usted a poner una queja”, respondió elevando la voz. “Aquí se produce un abuso de poder día sí y día también”, asegura Olga, quien recuerda que hace unos días un joven, en lugar de esperar unos metros alejado de la puerta de la comisaría, lo hizo cerca de ella. Por esa razón se llevó los gritos de un agente, quien le ordenó que hiciera la cola de nuevo cuando en realidad ya era su turno. Para ella, las mañanas en la comisaría destacan por la discrecionalidad de las peticiones de los agentes. En febrero, varias personas pudieron tramitar el asilo sin el acuerdo de devolución. En las últimas semanas, es la primera pregunta a la que se someten.  

La abogada Lala el Mami subraya que cualquier persona tiene derecho a solicitar la protección internacional sin necesidad de presentar ningún papel. Además, las órdenes de devolución están registradas en un programa informático, por lo que las administraciones tienen acceso a ellas. “Hay muchas cosas que siempre hay que explicar, como por ejemplo que hay personas que viven en aldeas o en países donde no es fácil tener un documento identificativo”. Un ejemplo evidente es el de los apátridas, que carecen de nacionalidad legal, como las personas procedentes del Sáhara Occidental. 

Pese a que es obligatorio que todas las personas llegadas por vía marítima tengan la orden de devolución, muchas no cuentan con ella. La letrada explica que esto se debe a la falta de recursos humanos suficientes para enfrentar la reactivación de la ruta canaria. En los meses de hacinamiento de miles de personas en el muelle de Arguineguín se produjeron faltas de este tipo. La ausencia de asistencia jurídica suficiente provocó que decenas de órdenes de devolución se emitieran sin que los usuarios hubieran visto a un abogado, otras, ni siquiera se repartían. Lo mismo sucedió con algunos cayucos y pateras arribados a El Hierro o La Gomera. Aquellos que no cuenten con el documento tienen derecho a solicitarlo en las comisarías o a través de la Delegación del Gobierno. 

Diferencias entre comisarías

En la comisaría de Las Palmas de Gran Canaria, los agentes dividen a los solicitantes de protección en dos filas, una para los subsaharianos y otra para los marroquíes. Activistas y organizaciones sociales han cuestionado esta práctica porque “refuerza el imaginario de que África no es un continente compuesto por más de 50 países”. Además, Somos Red asegura que a los nacionales de Marruecos se les ha llegado a pedir el pasaporte para ejecutar el trámite. La abogada Lala el Mami, que ha hecho acompañamientos en las dos islas capitalinas, explica que en Gran Canaria existe un grupo especializado en asilo, integrado por personas formadas en los contextos de los diferentes países de origen de los migrantes africanos que suelen solicitar la protección. Algo de lo que carece la comisaría de Santa Cruz de Tenerife, situada en la calle Ramón Pérez de Ayala.

Otra diferencia identificada por la jurista es el método para pedir cita. En Gran Canaria, se pide de forma presencial entre las 9.00 y las 14.00 horas. En esta visita se emite el primer volante, que se adjunta después al expediente de cada persona. Este papel permite que la persona no sea expulsada. En Tenerife, la cita previa debe pedirse a través de correo electrónico. “Esto es negativo porque muchas personas no pueden acceder al correo. Muchas veces ese mail no es respondido, pero hay que llevarlo siempre encima”, señala. 

La Jefatura de Las Palmas “es más grande y hay más gente trabajando”, por lo que hay trabajadores que pueden dedicarse en exclusiva a hacer entrevistas. En Tenerife, el sistema de solicitudes “no es garantista”. “El personal rota y hay empleados que pertenecen a otros grupos de trabajo y tienen que formarse sobre la marcha”, cuenta la abogada. Además, en esta isla, Accem y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), encargadas de gestionar los dos campamentos instalados en La Laguna, llevan a un determinado grupo de personas cada día. “Es bueno para ellos, pero también quitan de golpe un número de citas que pueden aprovechar las personas en situación de calle”. 

Preguntada por este periódico, la Policía Nacional ha remitido a esta redacción a la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, “competentes para dar estos datos”. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha explicado que los agentes encargados de hacer las gestiones durante las entrevistas de solicitantes de protección internacional varían en función de las necesidades de cada momento. De ellas se encargan los funcionarios de Extranjería. Con este perfil hay 232 agentes en toda Canarias. “Todos ellos tienen formación especializada para atender estas gestiones”, asegura Interior, que no ha respondido a las razones por las que a veces se exige la orden de devolución.

Además de todas las trabas burocráticas, Lala el Mami considera que los migrantes también deben sortear “una visión occidental” instalada en la administración. “Olvidan que en países como Senegal los menores no tienen acceso a pasaporte o que no todo el mundo está documentado como aquí. Toda esta criminalización provoca que personas que no han cometido ningún delito tiemblen cuando ven a una autoridad”.