Dos días después del anuncio del presidente de Senegal, Macky Sall, por el que aplazaba las elecciones previstas para el 25 de febrero, el Parlamento fija nueva fecha para los comicios. Serán el 15 de diciembre de 2024. Sin embargo, este nuevo giro no ha llegado sin polémica. Las fuerzas de seguridad irrumpieron al final del día de ayer en el Parlamento donde se debatía el aplazamiento de las elecciones.
Durante toda la jornada de este lunes, las diferentes fuerzas políticas abordaron el decreto por el cual se aprobaría la postergación de las elecciones. En la retransmisión televisada de la sesión, se observa como en el momento de la votación, la Gendarmería entra en el hemiciclo para sacar por la fuerza a varios miembros de la oposición. Acto seguido se procedió al sufragio del texto, que fue respaldo por la mayoría de los diputados presentes en la Cámara. El presidente, de este modo, permanecerá en su cargo los próximos diez meses antes de las elecciones.
Para Dagauh Komenan, historiador y doctorando por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), especializado en el Sahel occidental, este escenario supone una “deriva autoritaria”, ya que según sus palabras, Sall “ha manipulado la ley de una forma tan sutil que es fácil para él presentarse como un sabio que intenta impedir una crisis política en su país”. Sin embargo, considera que el propósito del presidente no es tanto aferrarse al poder sino recomponer su partido, el cual se encuentra dividido tras la elección de Amadou Ba como su candidato. “Posponer la elección da tiempo a Macky Sall y a su partido para reparar esta fractura”, sostiene.
Además, aclara que se trata de una crisis que no tendría lugar de tomar como referencia la legislación de los países francófonos, como en este caso Senegal. Komenan recuerda que el Parlamento está respondiendo a una decisión del Consejo constitucional y remarca que, al igual que en Francia, esta institución es soberana y la más alta del estado senegalés. “Esto pone en peligro la estabilidad de los países porque demuestra una debilidad de las instituciones”, señala.
Un aplazamiento controvertido
El Consejo constitucional hizo público el 20 de enero el listado de los candidatos autorizados a concurrir a las elecciones presidenciales. En total, 20 aspirantes serían elegibles el 25 de febrero, entre los cuales se encontraba el actual primer ministro y candidato de Macky Sall, Amadou Ba o el opositor Bassirou Diomaye Faye, quien había sido designado por Ousmane Sonko. El principal líder opositor, continúa en la cárcel, y a pesar de ello, su candidato goza de una gran popularidad entre buena parte de la población.
Entre los políticos excluidos estaba Karim Wade, hijo del expresidente Abdoulaye Wade. La legislación del país autoriza la candidatura a personas que ostenten únicamente la nacionalidad senegalesa y, según, el Consejo, Wade posee doble nacionalidad. El aspirante asegura que contaba con nacionalidad senegalesa y francesa antes de formalizar su candidatura, cuando renunció a la segunda. Asimismo, acusó a otros candidatos verificados de contar con doble nacionalidad.
Los diputados de su partido acusaron, entonces, de corrupción a dos jueces del Consejo e impulsaron en la Asamblea Nacional la creación de una comisión de investigación con el objetivo de impugnar la inhabilitación de su candidato.
En un mensaje televisado a la nación, Sall anunció este sábado el aplazamiento de las elecciones presidenciales aludiendo a este desacuerdo entre órganos y evitar así una crisis política.
Un día después, la población senegalesa se echó a la calle, sobre todo en Dakar, donde la policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes. Al mismo tiempo, la conexión a internet se ha visto interrumpida y el Ministerio de Comunicación ha retirado la licencia de emisión a Walfadjri, una de las cadenas que estaba retransmitiendo las manifestaciones.