El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha vuelto a trasladar al Partido Popular que “se siente en la mesa” para negociar la reforma de la Ley de Extranjería: “Que digan el día, que traigan la propuesta que consideren, que avancemos y demos una respuesta definitiva y absolutamente estructural a los menores no acompañados. Ya no hay más condiciones que puedan poner sobre la mesa. Ninguna”.
Así lo ha manifestado antes de participar en la ceremonia de entrega de los primeros Premios Jerónimo Saavedra, al ser preguntado por la reunión del Comité preparatorio de la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar este lunes, al que asistirán consejeros de los distintos gobiernos autonómicos designados por los respectivos presidentes.
El ministro indicó que el PP ha pedido “cada vez más cosas” para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y el Gobierno ha ido cumpliendo con todas ellas: convocatoria de la Conferencia de Presidentes, introducir mecanismos de emergencia en el texto, celebración de una Conferencia Sectorial, que ninguna comunidad quedase fuera o solicitud por parte del Gobierno de la ayuda europea. “Seis, siete condiciones y siempre aparece una octava. Ya no hay condiciones que puedan poner sobre la mesa. Ninguna”, insistió.
“Lo que no puede ser es que se sea blanco o negro a la vez o se sea tibio con este asunto”, afirmó el ministro Torres, quien anunció que el próximo martes se celebrará una reunión interministerial en materia migratoria para analizar la visita que realizó esta semana a la isla de El Hierro.
Enviar menores a Marruecos
En relación con la propuesta del presidente Fernando Clavijo para que la ONU acoja en Marruecos a los menores migrantes de ese país bajo tutela de Canarias, el ministro recordó que el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería ya establece la posibilidad de que las comunidades autónomas, en coordinación con el Gobierno, puedan hacer que los niños regresen a su país de procedencia; sin embargo, aclaró que eso exige la aceptación del menor, los informes pertinentes de la Fiscalía y asesoramiento jurídico, lo que lleva tiempo, recordando además que la tutela del menor seguiría siendo en todo caso de la comunidad autónoma.
Ángel Víctor Torres incidió en que el Gobierno apoyará cualquier medida paliativa siempre que se priorice el derecho de los menores, pero insistió en que la solución -“y lo sabe perfectamente el presidente de Canarias”- pasa por modificar el artículo 35 de la Ley, de tal manera que la tutela deje de estar en la comunidad autónoma a la que llegue el menor para pasar a una comunidad acogente.
“Nunca hemos estado tan cerca, jamás había llegado esto al Congreso y se lleva reclamando treinta años por parte de los territorios frontera”, recalcó el ministro, que volvió a pedir al PP que vuelva a negociar el cambio normativo para la acogida de menores migrantes. “Que digan el día, que traigan la propuesta que consideren, que avancemos y demos una respuesta definitiva y absolutamente estructural a los menores no acompañados”.
Cronología de una reforma que no llega
El Gobierno de Canarias, del que forma parte el PP, estuvo meses preparando un documento con una propuesta de reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Dicha propuesta consiste en cambiar la voluntariedad del reparto de los menores migrantes no acompañados por parte de las comunidades autónomas y hacerlo obligatorio cuando aquella región a la que estos niños y adolescentes llegan tenga los recursos ocupados por encima del 150% de su capacidad. Es decir, que los menores que lleguen a una región con sus centros llenos, puedan ser trasladados a otra comunidad autónoma que tenga sus recursos de acogida disponibles sin que esto dependa de la solidaridad del gobierno autonómico de turno. Este cambio viene dado porque el sistema basado en la solidaridad ha demostrado hasta ahora ser un fracaso, ya que las comunidades no suelen aceptar la llegada de estos menores y cuando lo hacen es en un número tan bajo que no supone un alivio para los centros de acogida de Canarias.
Tras presentar dicho documento en el Parlamento canario, todos los partidos, incluido el PP (excepto Vox), respaldaron la propuesta, y esta fue enviada entonces al Gobierno central, que también la respaldó. El presidente canario y el ministro Torres se reunieron entonces con los grupos parlamentarios para explicarles en qué consistía el cambio propuesto. A esta ronda de contactos no acudió el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, del PP, que evitó así exponer y respaldar una reforma que después su propio partido tumbó en el Congreso de los Diputados. El PP, junto a Vox y Junts, votó en contra de iniciar siquiera el trámite parlamentario, en cuyo recorrido habría sido posible admitir enmiendas de todos los grupos.
Sin embargo, el PP nacional rechazó esta posibilidad, pese a que el PP de Canarias lo había respaldado, con el argumento de que no se había negociado con ellos, algo que fue desmentido por el portavoz del Gobierno canario, que aseguró que el PP había participado activamente en la elaboración del texto. El PP expuso entonces varias condiciones sobre la mesa. El Gobierno central aclaró que algunas ya estaban incluidas en el propio texto y que las otras podían haberse tramitado como enmiendas, si el PP hubiera votado que sí en el Congreso.
Se cerraba así, en pleno mes de julio, la puerta a la posibilidad de aliviar los centros de acogida de menores en las Islas de cara a un verano que ya se preveía complicado en cuanto al número de llegadas.
Tras dos encuentros discretos durante el mes de agosto, finalmente el PP nacional, el Gobierno central y Clavijo volvieron a sentarse. Pero tras solo dos encuentros el PP se levantó de la mesa y rompió el diálogo al asegurar que España había rechazado ayuda de la Unión Europea para trasladar migrantes a otros países miembros. Esto fue desmentido categóricamente por el Gobierno, que retó al PP a explicar qué plazas, cuándo y dónde habían sido ofrecidas a España.
Poco después de ese desencuentro, llegó el pleno en el Congreso de los Diputados dedicado a la inmigración, una oportunidad para acercar posturas en busca de un pacto de Estado y la ansiada reforma de la Ley de Extranjería. Sin embargo, en su intervención, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dedicó el 90% del tiempo de su intervención a hablar de ETA, lo que le valió incluso una amonestación de la presidenta de la Cámara, que tuvo que recordarle el reglamento según el cual debe ceñirse al tema que se discute ese día, la inmigración.
Después de ese sonado pleno, Fernando Clavijo realizó la primera crítica abierta a su socio de Gobierno (hasta entonces las críticas de Coalición Canaria iban solo dirigidas al Gobierno central, pese a su apoyo al texto), de quien dijo no entender por qué había roto la negociación ni su polémica intervención en el Congreso.
Tras varias llamadas por parte de Torres a retomar la negociación, el PP ha puesto sobre la mesa una última condición: que España pida ayuda a Frontex y trabajar en el restablecimiento del sistema de reparto de menores por la Unión Europea. Es decir, que en lugar de tramitar en el Congreso que sean las comunidades autónomas quienes contribuyan a aliviar la situación de Canarias sean los países europeos quienes lo hagan, todo ello en un contexto en el que la ultraderecha y su discurso en contra de las personas migrantes avanza por el continente y cuyo máximo exponente es Giorgia Meloni y su política de deportaciones sin garantías a campamento ubicados en terceros países, como Albania.