Al menos cuatro autonomías -Andalucía, Canarias, País Vasco y Castilla y León- se oponen al “copago” que los pacientes graves o crónicos no ingresados deberán abonar desde el 1 de octubre por medicamentos dispensados en hospitales, mientras que la Comunidad Valenciana no considera la medida prioritaria.
La Junta de Andalucía -gobernada por PSOE e IU- ha tenido conocimiento de ello por el BOE de ayer, según su presidenta, Susana Díaz, que se ha mostrado en desacuerdo con que el coste adicional “lo sufran los ciudadanos” y no las grandes industrias.
En este sentido, las autoridades andaluzas estudiarán qué “capacidad de margen” tienen para aplicarlo o no.
Entre las comunidades que han opinado hasta ahora, también el Gobierno de Canarias (CC y PSOE) lo rechaza y lo interpreta como una “imposición” a las autonomías para que lleven a cabo recortes sociales.
El portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, ha denunciado que es una “nueva vuelta de tuerca” promovida por la administración central cuando hay otras fórmulas, ha asegurado, para contener el déficit público sin necesidad de meter las tijeras a derechos sociales básicos.
El consejero vasco de Salud, Jon Darpón (PNV), lo cree “inadecuado”, estudia medidas para no aplicarlo y lamenta que no se informara antes a las comunidades.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP), se dirigirá al Gobierno central para que “no llegue a aplicarse” la medida.
Ha asegurado, en declaraciones a la prensa, que ha hablado con otros presidentes autonómicos que también se opondrán a la medida “por coherencia y porque se trata de medicamentos que los pacientes deben consumir necesariamente y no se aprecia que vaya a producir ningún ahorro razonable”.
En la Comunidad Valenciana (PP), fuentes de la Consejería de Sanidad no han considerado “prioritaria” la medida como contribución a la sostenibilidad del sistema.
Han precisado que, “de momento”, no podrá ponerse en práctica en esta autonomía por el “corto” plazo dado por el Gobierno para habilitar los mecanismos de pago.
Por el contrario, y entre las comunidades también gestionadas por el PP, el consejero de Salud y Política Social de Extremadura, Luis Alfonso Hernández-Carrón, ha opinado que se persigue “la eficiencia del sistema sanitario y el uso racional de los medicamentos”.
La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha ha asegurado que aplicará la reforma del Ministerio, que es “importante para la sostenibilidad del sistema”, y se mantiene la atención a sectores desfavorecidos.
La Comunidad de Madrid lo aplicará como medida que se acordó en el Congreso en abril de 2012, según un portavoz de la Consejería de Sanidad, así que el Gobierno nacional ha dictado la norma de aplicación, que es legislación básica.
También lo pondrá en marcha Murcia, lo que afectará a unos 2.000 pacientes; éstos costearán 100.000 euros anuales de los 21 millones que estos medicamentos suponen de gasto para la administración autonómica.
Fuentes de la Consejería de Sanidad de Galicia señalan que la medida forma parte de la reforma de 2012 para garantizar el sistema nacional de salud y que se está trabajando para determinar la fecha de entrada en vigor.
El Gobierno catalán (CiU) lo acepta, aunque estudiará “mecanismos” para que no suponga una barrera de acceso para ningún paciente, mientras que el de Asturias (PSOE) prefiere no pronunciarse hasta conocer los detalles.
Desde los partidos políticos, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la vicesecretaria general, Elena Valenciano, lo han tachado de “crueldad impensable, brutal e incomprensible”, que además es “profundamente injusta”.
En nombre de IU, el diputado Gaspar Llamazares asegura en un comunicado que la medida demuestra “la soberbia y el autoritarismo del Gobierno del PP y, en especial, de su ministra de Sanidad, Ana Mato”.
En general, profesionales del ámbito sanitario, pacientes y organizaciones sociales han mostrado también rechazo.