Juankar
Según informaron fuentes de la lucha antiterrorista, el arresto de Iriarte se produjo en el marco de una investigación conjunta de la Comisaría General de Información de la Policía española y la policía francesa, en un control de esta última cuando el presunto etarra circulaba en coche por Hendaya. Los agentes dieron el alto a Iriarte y, tras comprobar su identidad, le detuvieron al constatar que contaba con una orden de detención y de ingreso en prisión por el delito de colaboración con banda armada y terrorismo librada en 2006 por la Audiencia Nacional.
El presunto etarra, que ha sido trasladado a las dependencias de la policía judicial de Bayona, ya estuvo detenido en 1992 a raíz de la desarticulación de un talde llamado Leizaran. Tras ingresar en prisión, en 1995 la Audiencia Nacional decretó su libertad provisional.
En la investigación culminada en 2006, Grande-Marlaska situó a Iriarte en el aparato de extorsión de ETA (GEZI), que en 2003 estaba dirigido por los etarras María Soledad Iparragirre, Anboto, Iñaki Arietaleaniz Telleria, Asier Mardones Esteban y Pedro Eskisabel Urtuzaga. Según el magistrado, Iriarte actuaba como intermediario con la misión de “ponerse en relación con el extorsionado, activar procesos de negociación, articular plazos y vías seguras de pago, entregar recibos, poner en circulación cartas de extorsión, recibiendo en ocasiones el dinero”.
Un español y cuatro franceses
Un español y cuatro franceses, detenidos el pasado 24 de septiembre en una operación contra presuntos radicales violentos en el País Vasco francés e imputados por jueces antiterroristas, ingresaron en prisión, informaron fuentes judiciales. Se trata del español Xabier Susperregui, portavoz del “colectivo de refugiados”, y de los franceses Pantxo Flores, Mizel Barnetxe, Cedric Garay y Joan Bidart.
El pasado lunes, los cinco habían sido imputados por asociación de malhechores con fines terroristas, delito penado con hasta 10 años de cárcel, y por complicidad en destrucciones y degradaciones mediante explosivos, en relación con un atentado a un complejo hotelero en 2006 en Bidarray (País Vasco francés). Su defensa había pedido entonces que se aplazara el “debate contradictorio” de las partes ante el magistrado de las libertades y la detención, en lugar de celebrarse, como suele pasar, inmediatamente después del procesamiento.
Ese debate tuvo lugar este jueves y el magistrado de las libertades y la detención dictó el ingreso en prisión preventiva para los cinco imputados, tal como habían pedido la Fiscalía y las juezas instructoras antiterroristas que les habían imputado. La redada policial del pasado día 24, que se saldó con un total de 15 arrestos, ha sido la más importante en varios años contra presuntos radicales violentos en el País Vasco francés.
En los registros efectuados, la policía encontró once kilos de clorato -pesticida que puede servir para fabricar explosivos-, un bidón de petróleo, 4.000 euros en efectivo, ordenadores y teléfonos móviles, así como documentación de Batasuna, Askatasuna y Segi y propaganda de apoyo a ETA, según indicaron entonces fuentes próximas a la investigación. Ocho de los detenidos en la operación fueron puestos en libertad la semana pasada, mientras que dos más, el presunto etarra Urtzi García Montero y el miembro de Segi prófugo de la Justicia española Gorka Betolaza, están encarcelados en Toulouse a la espera de que la Justicia se pronuncie sobre su entrega a España.
El Tribunal de Apelación de Pau (suroeste) anunciará su decisión el próximo martes sobre la euro-orden española contra García Montero y analizará el día 12 la formulada contra Betolaza. La operación policial del pasado día 24 se enmarcaba en la investigación judicial del atentado de junio de 2006 contra el complejo hotelero en Bidarray del famoso cocinero Alain Ducasse, quien posteriormente vendió su participación.
El atentado formaba parte de la campaña de acciones nacionalistas con artefactos incendiarios o explosivos contra objetivos esencialmente inmobiliarios y turísticos, muchas veces con el eslogan “El País Vasco no está en venta”. El recrudecimiento de esta campaña, con 36 acciones desde finales de 2006, preocupa a los servicios de la lucha antiterrorista, que ven en ella una “radicalización” y temen que esté fomentada por la banda terrorista ETA.