MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El juez Baltasar Garzón ha remitido al Tribunal Supremo su escrito de defensa de cara al juicio que se celebrará contra él por un presunto delito de prevaricación y otro de vulneración de las garantías constitucionales en relación con las intervenciones telefónicas que ordenó a los cabecillas de la trama “Gürtel” con sus abogados en prisión, en el que solicita su libre absolución en esta causa.
Entre los testigos a comparecer en el juicio, la defensa de Garzón pide que se llame al magistrado Antonio Pedreira, que es quien investiga actualmente la presunta trama corrupta en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), así como al ex fiscal de la Audiencia Nacional y abogado de uno de los imputados en la misma Ignacio Peláez, autor de la querella que inició este procedimiento.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Garzón solicita igualmente la declaración del Comisario Jefe de la UDEF y de dos funcionarios de este cuerpo policial de investigación de delitos económicos, a los que quiere preguntar las razones por las que le solicitaron la intervención de las comunicaciones, así como la de un funcionario que participó en las escuchas.
La querella la presentó el abogado Ignacio Peláez, defensor en esta causa del empresario José Luis Ulibarri, y a ella se sumaron después otros letrados, que solicitan que Garzón sea inhabilitado durante 17 años. La Fiscalía no acusa en ese procedimiento, al entender que el aún titular del Juzgado de Instrucción número 5 no ha cometido ningún hecho delictivo.
A lo largo del escrito, de 27 páginas, la defensa de Garzón, que ejerce el abogado sevillano Francisco Baena Bocanegra, repite los mismos argumentos ya esgrimidos en los abundantes recursos que ha ido presentando en esta causa instando el archivo de la misma, como es el hecho de que Pedreira prorrogara por un mes la intervención de las comunicaciones una vez llegó el caso al TSJM tras inhibirse Garzón por la existencia de aforados.
Además, el escrito explica que las grabaciones obedecieron a la aparición de indicios de que “algunos abogados venían apareciendo en operaciones de blanqueo de dinero” con lo que las escuchas buscaban evitar que los imputados siguieran cometiendo sus delitos desde la cárcel.
Estos indicios, insiste el escrito, “hacían de todo punto evidente que los imputados en prisión preventiva continuaran su actividad delictiva para la consecución de nuevos blanqueos, acciones que dada su situación de prisión, necesariamente habían de desarrollar mediante el concurso de terceras personas, abogados o no que eventualmente pudieran contactar con ellos mediante visitas y entrevistas en el centro penitenciario”.
El propio Garzón ordenó la expulsión de lo que en las grabaciones se refería al derecho de defensa, recalca el escrito, aludiendo a resoluciones concretas dictadas por Garzón al respecto.
Insiste igualmente en que no existe un dato objetivo que permita sostener que Garzón pudo utilizar datos obtenidos en las escuchas a los abogados para incidir en la situación de Francisco Correa, Pablo Crespo o Antoine Sánchez, ya que el objetivo era seguir el rastro fuera de España del dinero presuntamente obtenido por la trama corrupta.
ESCUCHAS ADVERTIDAS
Además, las escuchas fueron advertidas “desde el primer momento” por un funcionario de Garzón uno de los abogados, según defiende el escrito.
Entre las pruebas documentales en su defensa, Garzón solicita que se incorpore la resolución judicial por la que, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el TSJM acordó revocar el sobreseimiento de las actuaciones respecto de los abogados Manuel Delgado Solis y José Antonio López Rubal, de los que el juez suspendido sospechaba que colaboraban ocultando el dinero de la trama, y que a día de hoy siguen imputados.
También pide que se aporte un volcado informático de las grabaciones íntegras de las escuchas (ya que en la causa sólo obran fragmentos de las mismas tras la realización de un expurgo) un informe de la Agencia Tributaria sobre las estructuras fiduciarias del cabecilla de la “Gürtel”, Francisco Correa, y de su gestión por parte del abogado Luis de Miguel y otros letrados del mismo despacho.
En síntesis, la defensa de Garzón solicita casi todas las pruebas en su defensa que le han sido negadas durante la instrucción del caso por el magistrado de la Sala de lo Penal de este órgano Alberto Jorge Barreiro.