La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reprochó este jueves a los obispos que hubieran “faltado a la verdad” en la manifestación de Madrid del 30 de diciembre y les advirtió de que la sociedad no aceptará volver a los tiempos de una “única moral” para todos los españoles. De la Vega compareció a petición propia en la Comisión Constitucional del Congreso para explicar la situación de las relaciones entre el Estado y la Iglesia después de las críticas al Gobierno en la concentración de la madrileña plaza de Colón en favor de la “familia cristiana”.
Aunque trasladó su respeto al derecho de “una parte” de la jerarquía eclesiástica a censurar al Gobierno, también pidió y exigió “el mismo respeto” para el Ejecutivo cuando cumple sus compromisos electorales. Además, lanzó una advertencia a la Iglesia: “Lo que ya no resulta tan tolerable es que para ejercer ese derecho se vulnere el respeto debido a dos poderes legítimos, como son el Gobierno y el Parlamento, y se haga además faltando a la verdad”.
A renglón seguido, la vicepresidenta subrayó que la sociedad española, que a su juicio ha aceptado e integrado los nuevos derechos sociales incorporados en esta legislatura, “no necesita tutelas morales, como tampoco las necesita, ni tolera, ni acepta su Gobierno”. Además, insistió en que esta sociedad no está dispuesta “a retroceder a tiempos pretéritos en los que una única moral era impuesta a todos los españoles”, que “afortunadamente quedaron atrás y no volverán por expreso deseo de la mayoría”, que “no está dispuesta a retrasar las manecillas del reloj de la historia”.
María Teresa Fernández de la Vega defendió la “cooperación” del Gobierno con la Iglesia en esta legislatura, basada en el respeto a la autonomía de ambas instituciones, y dijo que no merma el principio de aconfesionalidad y “laicidad” del Estado.
“Los curas se les han subido a las barbas”
En el turno de portavoces, ERC e IU-ICV le exigieron mayor contundencia frente a la Iglesia. Joan Tardá le dijo: “A ustedes los obispos se les han subido a las barbas”. Y el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, pidió una revisión de los acuerdos con la Santa Sede y llamar a consultas al embajador Francisco Vázquez como “gesto de fuerza”.
De la Vega rechazó ambas pretensiones y negó que el Ejecutivo hubiera concedido privilegios a la Iglesia en esta legislatura; por el contrario, argumentó que se han eliminado sus “privilegios fiscales” y ha avanzado en su autonomía financiera. También desechó las acusaciones de electoralismo en su comparecencia procedentes del portavoz de CiU, Jordi Xuclá, y dijo que acudía al Parlamento para dar la “respuesta” que se exigía del Gobierno tras los ataques de los obispos.
Con la portavoz del PP, Maria Salom, polemizó en torno a la responsabilidad por una supuesta “confrontación” con los católicos. Si para Salom el Gobierno practica un “radicalismo laicista” con el que pretende ocultar el “fracaso” de su gestión, De la Vega afirma que el Ejecutivo “no ha confrontado, ni confronta, ni confrontará”.
También acusó la diputada del PP al Ejecutivo de “intolerante e inflexible” por no aceptar las críticas de los obispos, pero la vicepresidenta le dijo que lo que le molesta no es que usen su derecho a discrepar, que el Gobierno respeta, sino que lo hagan “faltando a la verdad”. Así, remarcó que “no es cierto” que “se ataque a la familia ni que se diluya la democracia y se vulneren los derechos humanos en España” y proclamó que en los últimos cuatro años “España ha profundizado más sus raíces democráticas y se ha convertido en una de las sociedades mas avanzadas del mundo en lo que a extensión de derechos se refiere”.
No obstante, De la Vega hizo notar que en la jerarquía eclesiástica hay un sector más “conciliador” con el que es más “fácil” el diálogo y acusó al PP de tener entre sus filas a algunos responsables que “dictan” las “posiciones más extremas” de la Iglesia.