MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado que se identifique a los usuarios de tres teléfonos pertenecientes a la Subsecretaría del Ministerio del Interior que desde la noche anterior a la delación (que se habría producido el 4 de mayo de 2006) hasta septiembre de ese año intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco, imputados en la causa que investiga el conocido como 'chivatazo'.
El magistrado, que considera “preciso aclarar la real significancia de estas llamadas”, responde así a la petición realizada por la acusación popular Dignidad y Justicia (DyJ), que solicitaba la identificación de las personas que utilizaron tres números “titularizados” por esta Subsecretaría durante “el periodo al menos comprendido entre el 1 de mayo y el 16 de septiembre de 2006”, así como su “citación para que presten declaración en calidad de testigos”.
En un auto hecho público este martes, el juez pide al equipo conjunto de investigación, dirigido por Carlos G., un “informe ampliatorio” sobre el tráfico de llamadas que se produjo en torno al bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) y les pide que pongan en relación las llamadas realizadas con estos teléfonos con sus anteriores conclusiones y “precisen los motivos por los que fue descartada su inclusión en los anteriores informes de análisis como teléfonos de relevancia para la determinación de la autoría de los hechos investigados”.
Según defendía DyJ, el tráfico de llamadas, que no fue reflejado en el informe que realizó el equipo conjunto de investigación dirigido por Carlos G., pone de relieve que García Hidalgo estuvo en contacto con un número fijo y otro móvil de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, mientras que el jefe superior de Policía del País Vasco contactó con otro teléfono celular de este departamento. Todos ellos, según la asociación, eran números “de seguridad”.
Ruz también ordena la citación judicial en calidad de testigo del comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), que elaboró un informe en el que defendía que durante el 3 de mayo de 2006, el día anterior al chivatazo, Carlos G. “fue reticente en diversos momentos a la realización” de las detenciones contra el aparato de extorsión “argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre”.