PALMA DE MALLORCA, 29 (EUROPA PRESS)
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, se pronunciará este lunes sobre la petición de ingreso en prisión bajo fianza eludible bajo fianza de tres millones de euros para el ex presidente del Govern, Jaume Matas, solicitada por la Fiscalía anticorrupción y la acusación particular en el marco del caso Palma Arena, ante el elevado riesgo de fuga del imputado y la posible alteración de pruebas dentro del proceso.
Será a partir de las 10.00 horas cuando el magistrado notifique a la defensa de Matas si impone medidas cautelares contra el encausado, sobre quien pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos -en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, cohecho, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda pública, castigados con hasta 68 años de prisión pese a que la pena máxima que cumpliría el ex presidente sería de 24, a tenor de las graduaciones de condena establecidas en el Código Penal.
En este sentido, cabe señalar que la Ley establece unos límites máximos de cumplimiento, por lo que no necesariamente a quien condenan a una determinada pena cumplirá los años impuestos, sino los límites máximos fijados por la ley. De acuerdo a esta normativa, existe un límite que es el del triple de la mayor de las penas dictadas, de modo que el delito más grave que en este caso se le imputa a Matas sería de ocho años -malversación-, lo que quedaría traducido en un total de 24.
Tras más de quince horas de interrogatorio a Matas, la acusación pública solicitó el viernes prisión bajo fianza de tres millones de euros, la más elevada de las reclamadas en Baleares, al aseverar que la trascendencia de los hechos investigados y el “importante volumen de la actividad delictiva” de Matas, así como el patrimonio generado y que éste “se ha pretendido poner fuera del alcance de las autoridades mediante el uso de testaferros”, evidencian a su juicio que el ex presidente cuenta con “numerosos e importantes recursos económicos que posibilitan y ayudan a su fuga”.
Además, los fiscales pidieron la retirada del pasaporte -que el juez ya ordenó el viernes como medida cautelarísima para evitar su huída-, la prohibición de abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial y su comparecencia quincenal 'apud acta' ante el Juzgado. A la solicitud del Ministerio Público se adhirió la acusación particular, ejercida por las letradas de la Comunidad Autónoma Mari Ángeles Berrocal y Mari Ángeles González.
Durante su extensa declaración, el ex presidente se desvinculó ante juez, fiscales y abogados de todas las actuaciones administrativas en la construcción del velódromo del Palma Arena, que presuntamente derivaron en el desvío de más de 50 millones de euros, parte de los cuales podrían haber engrosado su patrimonio, según las investigaciones. No obstante, sí asumió “con todas las consecuencias” su decisión política de llevar a cabo este proyecto.
El inculpado se desligó además de los contratos de obra adjudicados durante la construcción (2005-2007) y en este contexto atribuyó al ex director general de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester, la responsabilidad en torno a las decisiones que se adoptaron en el marco de las reuniones de la Fundació Illesport -a través de la cual el Govern participaba económicamente en el consorcio creado para la construcción del velódromo-. También negó cualquier tipo de financiación irregular del PP y haber cobrado
Por el contrario, el ex jefe del Ejecutivo reconoció que pagó en negro parte de los 400.000 euros que gastó en la reforma de su vivienda de Palma, conocida como palacete, entre 2003 y 2007 y que, según subrayó, los abonó “en efectivo” gracias al traspaso de un local de su madre y al alquiler de otro establecimiento que era propiedad de su esposa, Maite Areal, también imputada dentro de la causa.
Por otro lado, el juez también anunciará mañana si adopta medidas cautelares contra el cuñado de Matas y ex tesorero del PP balear, Fernando Areal, para quien la Fiscalía solicita únicamente la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días.