El presidente de la empresa de logística y transporte Maresa, Antonio Martín Almendros, ha asegurado este lunes, en la comisión del Parlamento regional que investiga el caso mascarillas, que Canarias fue la comunidad autónoma en la que hubo más unión entre el sector privado y el público para actuar juntos en 2020, cuando se necesitaba por todos los medios conseguir material sanitario.
El Gobierno canario contactó con los empresarios ante las dificultades para conseguir y transportar el material sanitario y todos los empresarios, funcionarios y partidos políticos se pusieron a disposición para ver cómo podían ayudar, relató Martín Almendros en la comisión de investigación.
Ni Martín Almendros ni su empresa están involucrados judicialmente ni han sido llamados a declarar en ninguno de los procedimientos abiertos por el caso mascarillas, relacionado con presuntos delitos de corrupción por el suministro de material sanitario al Servicio Canario de la Salud (SCS) durante la pandemia.
El empresario, quien compareció en la comisión de investigación llamado por el PSOE, fue contactado por el entonces presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), quien a su vez actuaba ayudando al Gobierno de Canarias para conseguir la compra y transporte urgente de material sanitario.
“Lo volvería a hacer, pero a lo mejor ahora hablaría primero con mis abogados para cubrirme las espaldas”, porque entonces él tiró para adelante “sin mirar”, reconoció Martín Almendros, quien señaló que facturó alrededor de un millón de euros al SCS en 2020 por esta situación extraordinaria sin apenas beneficio: “lo comido por lo servido”.
Maresa no se dedicaba a comprar material, solamente a contratar aviones para los fletes desde China, un proceso lleno de incertidumbres y dificultades porque era todo “un bazar”.
“En aquel momento lo mas importante era traer mascarillas y material sanitario en tiempo y forma, pero a la carrera”, con la presión constante de los directores de los hospitales, relató.
“La imagen que tengo de aquel momento (2020) es la unidad entre la parte pública y la empresarial para que la mercancía llegara”, continuó el empresario, y señaló que una vez normalizados los suministros y los transportes su compañía recuperó su actividad normal y ya no trabajó en estos envíos.
En concreto, Maresa llegó a contratar cinco aviones, algunos compartidos con otras comunidades como Cataluña y Baleares.
También hizo transportes para empresas privadas, entre ellas Innjoo Technology (un transporte de Madrid a Canarias) y Soluciones de Gestión (en este caso no solo para el archipiélago), pero no RR7, cuya contratación con el Gobierno de Canarias está bajo sospecha.
“Traíamos el material lo antes posible, independientemente de quién fuera el propietario”, después de comprobar la documentación, explicó.
Afirmó que su empresa tiene 21 delegaciones en España y está presente en todas las comunidades autónomas y a partir de ese conocimiento aseguró que el mejor trabajo común se hizo en Canarias.
“En ninguna otra comunidad hubo esa unidad entre los empresarios y la parte pública”, sostuvo.
De esa unidad, en la que incluyó “a todos los partidos políticos aquí presentes”, porque todos se ofrecieron a colaborar para facilitar al máximo la logística, y a todos los funcionarios, “debemos estar orgullosos”, afirmó.
Martín Almendros informó de que la limitación de su empresa era que tenía que adelantar el dinero para los transportes por falta de liquidez, pero numerosas empresas de Canarias se ofrecieron a adelantar los fondos.
Esta falta de liquidez llamó la atención de los diputados Nicasio Galván (Vox), Fernando Enseñat (PP) y José Alberto Díaz-Estébanez (CC), porque contrasta con los 4 millones de euros que el Gobierno de Canarias adelantó a la empresa RR7 para la compra de mascarillas que finalmente no fueron entregadas o bien estaban falsificadas.