La empresa a la que la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, adjudicó las obras del aparcamiento privado en Arguineguín, se ha declarado en quiebra. Oproler, cuya sede está en Madrid, ganó el concurso para llevar a cabo el proyecto en el municipio grancanario en junio del año pasado, por un importe de 6,9 millones de euros; diez meses después, la entidad mercantil ha anunciado que va a presentar concurso de acreedores al no poder hacer frente a las deudas, según informa El Confidencial.
A la inauguración de la obra acudió incluso el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Sin embargo, solo tres meses después de haberse adjudicado, el Ayuntamiento de Mogán aprobó un incremento del presupuesto adjudicado, hasta los 10,2 millones de euros. A pesar de las reiteradas denuncias de la oposición e, incluso, de las quejas de los vecinos, la modificación salió adelante gracias a los votos del partido gobernante, Ciudadanos para el Cambio (Ciuca), la ausencia de dos concejales del PP, que ese día no acudieron al pleno, y el apoyo de William García, concejal no adscrito, quien no acudía a una sesión desde 2016.
El PSOE, socio de Ciuca en el Consistorio, votó en contra, a pesar de que en agosto, la primera teniente de alcalde posó en la foto colocando la primera piedra de la obra junto a Oralia Bueno y Clavijo. Y lo hizo porque compartía las mismas preocupaciones que Nueva Canarias, formación llevaba advirtiendo desde el inicio de un proyecto que iba suponer “el agujero más grande del planeta”, mientras que Bueno lo denominó como su obra “estrella”.
La alcaldesa de Mogán se empeñó en llevar a cabo el aumento presupuestario después de que Oproler advirtiera, solo dos meses después de comenzar las obras, de errores en el proyecto que hacían dudar de su viabilidad económica, que afectaba a viviendas, a los usuarios del centro de salud y del IES Arguineguín.
La concejala de Nueva Canarias, Isabel Santiago, no dejó de advertir de estas graves deficiencias, que suponían un claro perjuicio para los vecinos, “quienes se verían obligados a pagar para ir al centro de salud”. Eso si contar todo el perjuicio que significaba para el bolsillo de los moganeros para poder hacer frente al costo de una obra “innecesaria”.
Ahora, con la quiebra de la constructora, Nueva Canarias ha recordado que, en un informe de 2017, el interventor municipal advirtió que el incumplimiento de los plazos de ejecución podía suponer la bancarrota para el Ayuntamiento de Mogán, puesto que se vería obligado a devolver el dinero recibido del Gobierno regional y asumir íntegramente todo el coste de la obra. A pesar de estas advertencias, el Gobierno del municipio grancanario “hizo oídos sordos”.
“Para los moganeros será imposible de asumir el coste total de la obra, debido al plan de ajuste financiero que el gobierno de Ciuca-Psoe se vio obligado a aprobar tras haber gastado por encima de los límites legales. La mala gestión de Onalia Bueno, pone en jaque al municipio de Mogán, llevándolo por un camino de difícil retorno”, afirma Isabel Santiago.
Por todo ello, Nueva Canarias presentará un escrito el próximo lunes dirigido a la alcaldesa de Mogán para que explique la situación en la que queda la obra y las medidas legales que adoptará para evitar que el municipio asuma la totalidad del pago. También reclama la redacción de la memoria económica para garantizar la sostenibilidad financiera, tanto del proyecto como del Ayuntamiento, “un requisito que exigió el interventor municipal en su informe de noviembre de 2018”, concluye Isabel Santiago.