La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, ha defendido este viernes la gestión y los trámites para la celebración del I Congreso Administración Local y Funcionarios con Habilitación celebrado en Maspalomas, que suscitó una gran polémica por su elevado coste, medio millón de euros, lo que le ha valido el sobrenombre de “congreso del lujo” y ha desembocado en una denuncia en Anticorrupción.
Fue Coalición Canaria quien presentó la denuncia contra la alcaldesa de San Bartolomé, así como contra el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco José García, y las hermanas interventoras de ambos ayuntamientos, Tania y Noemí Naya, respectivamente, así como contra las “otras personas que puedan aparecer como responsables penales de hechos que indiciariamente constituyan delito en la preparación, adjudicación y ejecución” del I Congreso Administración Local y Funcionarios con Habilitación Maspalomas-Santa Lucía 2022.
El partido aseguró que se había producido un “despilfarro” y posible “uso indebido de dinero público” por el Congreso, organizado por los dos ayuntamientos y en el que los invitados, habilitados nacionales, asistieron a conciertos privados de Dani Martín y Café Quijano y, al parecer, volaron a Canarias en primera clase y se alojaron en suites de lujo.
En opinión Narváez, con esta denuncia lo que busca Coalición Canaria (CC) es exterminarla. “En relación a la denuncia interpuesta por el miembro de Coalición Canaria Alejandro Marichal ante la Fiscalía del TSJC, argumentando la supuesta comisión de diferentes delitos (prevaricación administrativa y malversación de caudales público) como alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana y a otros cargos públicos, es mi deber aclarar que mis actuaciones como alcaldesa se han ceñido en todo momento, de forma estricta, dentro de los márgenes de la legalidad”, ha asegurado.
Narváez ha insistido en el cumplimiento de todos preceptos relativos a la contratación de servicios de acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público. Y ha agregado que está “a plena disposición de Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de cualquier otra instancia judicial para colaborar, aclarar y aportar toda la información que se me requiera, con la plena confianza y seguridad de la independencia del órgano judicial”.
“No oculto el daño que esta denuncia ha provocado, tanto como cargo público y personalmente, pero quiero expresar mi rechazo contundente y sereno a las maniobras de descrédito que ha emprendido el señor Marichal, lesionando una y otra vez mi imagen y mi trayectoria pública, con el único objetivo de exterminar a una contrincante política, valiéndose de la descalificación permanente, vulnerando así el principio constitucional de la presunción de inocencia”, ha lamentado Narváez.
También ha dicho que “siempre ha sido partidaria de dejar hacer y dejar trabajar a la administración judicial, evitando derramar la intoxicación para quebrar la imagen de cualquier contendiente y generar un rédito público a costa del uso de las malas artes”
A su juicio, “esa es la estrategia emprendida hacia su persona”, por lo que ha pedido “tiempo al tiempo” y “dejar trabajar sin presión alguna a la autoridad judicial competente para que dirima y resuelva este asunto desde el criterio legal”.
“Desde la plena conciencia de que mi actuación, en este caso y en toda mi andadura como representante pública, ha estado ajustada a derecho y, de la misma forma, también desde el aspecto ético de mis decisiones, dentro y fuera de la administración pública, reitero mi plena confianza en las resoluciones judiciales”, ha concluido.