Podemos Canarias anuncia que ha presentado alegaciones al reciente Decreto de Dependencia redactado desde la Consejería de Servicios Sociales, y alerta de la existencia de un “recorte encubierto” entre las medidas previstas por el texto del ejecutivo canario.
Desde la formación advierten de una serie de modificaciones en el sistema de dependencia de Canarias que consideran “regresivas e incluso contrarias a la propia Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia”.
Noemí Santana, diputada nacional y Coordinadora Autonómica de Podemos Canarias, apunta que el decreto supone “una ofensiva contra la atención a la dependencia” y apunta que la norma “pretende instaurar un modelo low cost de servicios sociales”, “reduciendo la calidad de la atención al incorporar cambios que van en detrimento de la prestación del servicio, de sus usuarios y usuarias y de la propia Ley estatal que supuso el nacimiento de este derecho”.
La líder de Podemos Canarias señala como “motivos de alarma” aspectos como la reducción a seis meses del proceso de valoración de solicitudes. “Se trata de una medida que pretende disuadir a la gente de ejercer su derecho, obligándola a presentar repetidamente solicitudes que probablemente decaerán por falta de personal”, lamenta Santana.
La que fuese Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud en el Ejecutivo del Pacto de Las Flores ha apuntado también a los cambios en el proceso de valoración de las solicitudes: “se pasa de un procedimiento garantista que a día de hoy se produce en varias entrevistas y desarrollado por equipos interdisciplinares a uno abaratado, con una única entrevista y realizado por una única persona”, describe. “Las personas solicitantes dejan de ser tratadas como ciudadanas con derechos a considerarse como sujetos molestos que despachar con la mayor rapidez posible”. “Estamos ante un atentando contra el derecho a una valoración especializada, contraviniendo lo recogido en la propia Ley 39/2006”, alerta la diputada.
Podemos Canarias ha solicitado en sus alegaciones la recuperación de los equipos interdisciplinares de valoración o la eliminación de los equipos de triaje previstos por el texto, que desde la organización progresista consideran “una amenaza para la continuidad del derecho de atención a las personas en situación de dependencia”.
La formación morada ha solicitado también priorizar explícitamente en el decreto a las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para casos de colaboración con entidades privadas, tal y como prevé la propia Ley estatal: “es la única forma de evitar que este decreto termine siendo un puente hacia la privatización del servicio”, expresan desde el partido. Por último, Podemos demanda vincular explícitamente la atención de Dependencia a la Consejería competente en materia de servicios sociales, cuestión hoy ausente del decreto. “No queremos encontrarnos en el futuro con que la dependencia pase a ocupar un lugar secundario o a relegarse incluso a otra Consejería. La dependencia constituye un eje fundamental del sistema de servicios sociales, y así debe reconocerse”, concluye el partido.