El alquiler vacacional se ha convertido en otro de los frentes abiertos en Canarias que se acrecienta por la falta de una política decidida del Gobierno de Fernando Clavijo (CC) en materia de vivienda. La inexistencia de un plan regional desde hace seis años que dé respuesta a las más de 13.400 personas que se encuentran esperando por una casa de protección oficial, unido a la subida desorbitada de los alquileres y a las dificultades de compra en una comunidad que además encabeza todos los indicadores de población en riesgo de exclusión social, hacen saltar las alarmas.
La falta de pisos de protección oficial, cuya construcción se paralizó prácticamente durante la crisis sin que se le haya puesto solución en los últimos años, genera un círculo que dificulta el acceso al mercado de vivienda. La cifra puede superar los datos oficiales del Gobierno de Canarias ya que hay personas que al saber que no se está construyendo vivienda social se dan de baja, dejan de solicitarla o ceden el paso a otras que creen que puedan estar en peor situación. Según un reciente estudio del Ejecutivo regional, hay 131.032 camas de vivienda vacacional en Canarias, un dato que es difícil de medir con exactitud por la magnitud del problema, dado que hay un porcentaje que lo hace de manera irregular. Para el reconocido urbanista Faustino García Márquez, esta cifra supone más de un 25% de la oferta alojativa legal en toda Canarias.
Una parte de las alegaciones de la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible sobre el decreto del Ejecutivo Regional, cuyo borrador se está presentando a los diferentes colectivos, va en este sentido. A juicio de esta plataforma, de la que forma parte García Márquez, “la inexistencia de una política de vivienda activa y fuerte por parte del Gobierno de Canarias, incrementa la prevalencia de la libre competencia o la libertad de empresa sobre el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna”.
La plataforma señala que el borrador del decreto incumple la Constitución y la legislación estatal del suelo, que establece que “el suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y urbanística está al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Esta misma norma exige a los poderes públicos que no faciliten el incremento abusivo de los alquileres ni favorezcan la implantación de actividades inmobiliarias especulativas. Por el contrario, insta a que posibiliten “el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual en un contexto urbano seguro, salubre, accesible universalmente, de calidad adecuada e integrado socialmente”.
Un decreto enfocado más al turismo que al problema de la vivienda
La norma estatal también recuerda a los poderes públicos la necesidad de permitir “un uso turístico responsable”, lo que la plataforma considera que no cabe aplicar a las viviendas vacacionales, dados sus efectos sobre el empleo, la fiscalidad o el bienestar de los residentes.
García Márquez explica que el decreto se redacta con el objetivo de dar una solución desde el punto de vista turístico, pero no desde cómo afecta al ciudadano, especialmente ante sus problemas para acceder a la vivienda a un precio que su bolsillo se puede permitir. El borrador limita esta actividad a suelo residencial y la excluye, con carácter general, de las zonas turísticas, aunque cabildos y ayuntamientos podrán establecer excepciones en sus respectivos ámbitos territoriales. Es precisamente por la falta de un plan que garantice el acceso a la vivienda por lo que el urbanista considera que la ciudadanía queda indefensa y unido a la falta de previsión llevarán a que las consecuencias del alquiler vacacional se extiendan poco a poco a todo el tejido urbanístico.
En Canarias no deja de aumentar desorbitadamente el precio del alquiler, que ha experimentado una subida de un 17% en los primeros seis meses de este año. Una vivienda de 101 metros cuadrados cuesta unos 785 euros al mes, según un reciente estudio del el portal inmobiliario Pisos.com.
Entre los peores temores se encuentra la posibilidad que en municipios del Archipiélago se genere una situación similar a la de Barcelona, con la consecuencia de que muchos ciudadanos tengan que abandonar sus barrios de toda la vida. En ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, la normativa exige a las viviendas de alquiler vacacional una entrada independiente al resto de vecinos, que los turistas no utilicen las zonas comunes como el ascensor…algo que en la práctica se incumple.
Además, ya el Gobierno de Canarias tiene precedentes con otros decretos en este sentido que han sido tumbados por la justicia, por lo que hay expertos que estiman que el nuevo intento de regulación pueda tener solo unos meses de vida. A juicio del García Márquez, la solución pasaría por tener una ley que regule de verdad esta práctica, ya que está en juego el motor de la economía de Canarias: el turismo. Así mismo, recuerda que es del Gobierno autónomo la competencia en vivienda y que ambas regulaciones y planificaciones deben ir de la mano.
Recientemente, el Ejecutivo regional ha sacado a participación ciudadana el Plan de Vivienda 2019-2022, que además de llegar con seis años de retraso aún tiene que llevarse al Parlamento. Además, la adquisición de suelo público, construcción de vivienda social, garantizar más ayudas al alquiler… son cuestiones que requieren de tiempo para que se aprecien los resultados, por lo que la respuesta a los miles de demandantes no va a ser inmediata.