LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 (EUROPA PRESS)
La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad de Canarias (Aproser Canarias) ha solicitado al Cabildo grancanario la anulación del último concurso de seguridad y vigilancia, tras la “acumulación de irregularidades muy graves” en la tramitación del mismo.
Asimismo, pidió la convocatoria “urgente” de un nuevo concurso con “todas las garantías de transparencia y objetividad”, así como el “esclarecimiento total de los escandalosos acontecimientos que afectan” al citado concurso.
La adjudicación del concurso de seguridad y vigilancia a las empresas Serramar y a Seguridad Integral Canaria está “totalmente viciada”, según indicó Aproser Canarias en nota de prensa.
“Como mínimo, la empresa Seguridad Integral Canaria ha tenido que colaborar en la presunta estafa al Cabildo de Gran Canaria, ya que era su responsabilidad presentar las facturas y elaborar las nóminas supuestamente infladas de sus vigilantes”, apuntó la Asociación.
Por ello, señaló que “es muy grave” que dicha empresa “que es la adjudicataria y como tal responsable del buen funcionamiento del servicio se presente como víctima de la presunta estafa, cuestión que en aras de la transparencia de la gestión de los recursos públicos deberá esclarecer totalmente el Cabildo de Gran Canaria”. Añadió que “de momento lo que ha acreditado es, como mínimo, un insuficiente control y supervisión” de los servicios que se prestaban a la Institución insular.
Además, Aproser ha cuestionado la actuación de los técnicos del Cabildo por la “deficiente y confusa” redacción de los pliegos de contratación al entender que los criterios de evaluación “impiden una determinación de los méritos, así como el imposible cumplimiento del contrato, fijado por dos años, pero que tiene que concluir en diciembre de 2011”.
Por todo ello, la Asociación ya ha mostrado sus quejas por la “deficiente” redacción de los pliegos, así como por los “perjuicios” que crea al conjunto de empresas del sector de la seguridad privada la “demora en la tramitación del concurso, en prórroga desde 2007, y cuyas manifiestas irregularidades y complicaciones han desbordado incluso la capacidad del órgano de contratación”.
Agregó que estos hechos también podrían ser motivo de reflexión para que el Cabildo de Gran Canaria a fin de que “emprenda la organización” de un Departamento de Seguridad con un director a su cargo “según exige el artículo 96 del Reglamento de Seguridad Privada para aquellos centros, establecimientos o inmuebles que cuenten con un servicio de seguridad integrado por 24 o más vigilantes de seguridad o guardas particulares del campo, y cuya duración prevista supere un año”.