Tanto el presidente de la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxis de Canarias (Atlatc), Expedito Suárez, como su homónima en la Asociación de Asalariados del Taxi, María Eugenia García, han mostrado su satisfacción por el auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas que estima el recurso del Ministerio Fiscal y valida la primera investigación realizada por la Agencia Tributaria y la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria contra el supuesto uso fraudulento de las licencias de taxis.
Suárez, denunciante de un procedimiento contra los denominados floteros que sigue abierto en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, recomienda al concejal de Movilidad Ciudadana del Ayuntamiento capitalino, Ángel Sabroso, que “tome consciencia” de la decisión adoptada por la Audiencia y a modo de verso manifiesta que “es tan clara la evidencia contra la corrupción que hay solo una solución: que revoquen la licencia”.
Por su parte, García, la primera denunciante del caso que el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital archivó al considerar que se vulneraron los derechos fundamentales del patrón inculpado, reconoció que tras dos años de espera “pensábamos que esto estaba perdido”. Asimismo, considera que la decisión de la Sección Primera supone “un paso importante para acabar con la realidad del taxi en la ciudad, que es la miseria de el flotero”.
La presidenta de los asalariados asegura que, dependiendo de la resolución del proceso, pedirán que se depuren responsabilidades en la Administración local, al considerar que “es la primera que pone la pieza”. Sobre el proceso abierto en el Juzgado de Instrucción 8, dice estar a la espera de que la jueza permita mantener en el anonimato a ocho asalariados que han mostrado intención de querer declarar y temen por su seguridad.
Reapertura del proceso
La Audiencia Provincial ha ordenado al juez del Juzgado de Instrucción 3 que reabra el proceso penal tras conceder la razón a la Fiscalía de Delitos Económicos de Las Palmas en el recurso de apelación presentado. Según informa el diario La Provincia, la práctica legitima las entradas y registros efectuados en los locales del taxista investigado por los funcionarios de la Agencia Tributaria, así como del resto de pruebas practicadas por los policías municipales.
Los datos recabados entonces apuntaban a que el taxista denunciado gestionaba unas 40 licencias de manera irregular, un entramado por el que habría dejado de declarar ganancias por más de 600.000 euros en los tres años investigados. Sin embargo, el magistrado anuló las pruebas debido a que los registros no fueron autorizados por el Juzgado.
Tras la apelación de la Fiscalía de Delitos Económicos, la Audiencia Provincial no aprecia que se haya producido “ostensible e indudable vulneración de derechos fundamentales”, señala La Provincia.