Una auditoría elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a la que ha tenido acceso mirametv.com, detecta irregularidades en diversos expedientes de contratación tramitados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife entre enero de 2016 y julio de 2017, bajo la presidencia del nacionalista Ricardo Melchior. El informe, entre otras deficiencias, halla adjudicaciones menores que incumplen la cuantía límite legal, fraccionamientos, sobrecostes, ausencia de trámites obligatorios y, en relación a la situación laboral de dos informáticos, advierte de una posible “cesión ilegal de trabajadores”.
El informe se realiza dentro de las competencias atribuidas a la IGAE para auditar el cumplimiento de los procesos de contratación por parte de las autoridades portuarias, que se rigen por un marco jurídico distinto al que regula con carácter general a las administraciones públicas. El trabajo del órgano fiscalizador, que “detecta deficiencias que exigen la adopción de medidas correctoras”, evalúa un período de tiempo que coincide con la presidencia de Ricardo Melchior en Puertos de Tenerife, a quien investiga la Fiscalía Anticorrupción por diversos expedientes vinculados con su gestión en la entidad estatal, de la que fue destituido el pasado mes de julio.
La Intervención alerta de la existencia de tres contratos menores cuyo importe supera el límite de 50.000 euros establecido en las reglas generales de los procedimientos de contratación de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (NIC). El de mayor cuantía ronda los 98.000 euros y está relacionado con las obras de “conducción de impulsión de aguas residuales y de agua desalada en la vía de acceso al barrio de Cueva Bermeja”. También alude la auditoría a los 54.200 euros que se pagaron en concepto de “XXIII Concierto de Navidad Puertos de Tenerife: infraestructura mayor”, así como a los 51.800 euros por la “instalación de baja tensión para suministro a plataformas en Dique del Este”.
En otros tres procedimientos, la IGAE encuentra “casos de fraccionamiento de contratos” en tres expedientes. Uno de ellos vuelve a estar vinculado con el XXIII Concierto de Navidad, evento para el que se adquirieron suministros y servicios por 117.343 euros, muy por encima del límite legal de 50.000 euros, a la empresa Producciones Xenox SL. También se utilizó esta fórmula para los “gastos de montaje y desmontaje de diversos elementos para la Seatrade Cruise Med 2016”, que alcanzaron los 78.491 euros y se abonaron a la entidad Ges Europe, y el pago continuado, desde mayo de 2015 a octubre de 2017, por actividades relativas al plan de autoprotección que superan los 116.000 euros.
El dictamen de la Intervención destaca “por su especial gravedad” la situación de dos informáticos que, desde 1999 y 2007, respectivamente, realizan labores en Puertos de Tenerife contratados por las distintas empresas que han sido adjudicatarias del servicio. Desde el 30 de noviembre de 2016, el servicio de mantenimiento de los sistemas informáticos lo presta la empresa Atlantis Tecnología y Sistemas SLU, que sustituyó a la anterior adjudicataria, Omnia Infosys SLU.
Los dos informáticos cuestionados por la IGAE “realizan tareas propias del servicio contratados por las distintas empresas adjudicatarias”, pero desarrollan su cometido en las propias dependencias de Puertos de Tenerife, donde cuentan con extensión telefónica y correos corporativos. Con estos antecedentes, el informe concluye que “se podría haber incurrido en una cesión ilegal de trabajadores” y alerta de que “es más que probable que, ante una eventual demanda judicial, un tribunal declarase la existencia de una relación laboral de carácter indefinido con la Autoridad Portuaria”. La auditoría recomienda que se inicie un procedimiento de contratación para regularizar esta deficiencia.
También considera de especial gravedad los sobreprecios pagados en alguna de las obras ejecutadas, así como que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife no haya realizado un análisis de viabilidad económico global a largo plazo ni estudios de rentabilidad financiera de las inversiones relevantes.
Tres millones en sobrecostes
La cuantía total pagada por la liquidación de contratos de obras asciende, durante el período estudiado, a 21,6 millones, lo que supone un aumento de tres millones (15,6%) sobre el valor fijado en las adjudicaciones: 18,6 millones. En el 21,4% de los casos examinados por la IGAE se supera el 10% del precio inicial, lo que el órgano fiscalizador atribuye a un cálculo incorrecto de la Autoridad Portuaria; mientras que en el 21,3% de los expedientes la ejecución de los trabajos terminó fuera de plazo, “sin que conste la imposición de las penalidades previstas en los pliegos o la justificación de no imponerlas”.
Otras deficiencias detectadas están relacionadas con que más de la mitad de los expedientes arrojan que el pago de la liquidación se efectuó con posterioridad al vencimiento del plazo establecido, al igual que en el 57% de los casos evaluados no consta la fecha de terminación de las obras. A ello se suma que en un 25% de los contratos revisados no figura el acta de recepción.
Los contratos adjudicados en el año y medio analizado por la IGAE ascienden a 17,6 millones (6,5 millones en 2016 y 11,1 millones en el primer semestre de 2017). Llama la atención del órgano fiscalizador que los pliegos de prescripciones técnicas de las licitaciones no sean informados por el asesor jurídico de la entidad pese a su importancia en la licitación.
Un caso particular es el contrato de asistencia técnica para la redacción de los proyectos de construcción de las obras de defensa marítima y de ordenación de la zona de charcos del área funcional de Valleseco, en Santa Cruz de Tenerife, que se adjudicó por 180.000 euros, también “sin previo informe del asesor jurídico de la entidad”.
Entre las anomalías encontradas por la Intervención aparecen actas de mesas de contratación que no están firmadas por todos sus miembros y adjudicaciones en las que la valoración técnica de las ofertas no se ajusta a lo previsto en los pliegos.
En cuanto a las deficiencias puntuales, entre las irregularidades halladas por el órgano fiscalizador se hace mención de una adjudicación de 420.000 euros que se llevó a cabo por un procedimiento negociado al quedar desierto el concurso inicial. Ricardo Melchior figura como el órgano de contratación, en su condición de presidente de Puertos de Tenerife, pese a que la competencia recae sobre el Consejo de Administración. En el expediente no consta que se haya dado cuenta de la resolución al órgano colegiado.
La IGAE advierte de un contrato en el que “no hay correspondencia entre los suministros recibidos y los contratados”, de otro en el que hay un acuerdo de modificación de más de 700.000 euros “que no consta en el expediente”, o de otro donde “no consta el acuerdo de concesión” de una de las dos prórrogas autorizadas.
En uno de los contratos analizados se detecta que la valoración técnica de las ofertas “se aparta de los criterios establecidos en los pliegos”, argumenta la Intervención. Por ejemplo: mientras que la “reducción del plazo” se puntuaba inicialmente con tres puntos, en la adjudicación se dan cuatro puntos por este concepto; mientras que el apartado de “mejoras” pasa de valer tres puntos a solo dos.
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife tampoco cumple con su obligación de remitir información al Registro de Contratos del Sector Público o de enviar al Tribunal de Cuentas las relaciones certificadas comprensivas de toda la contratación y demás negocios jurídicos formalizados. La IGAE también pone de relieve la existencia de deficiencias en convenios de colaboración firmados con el Cabildo, para el establecimiento de un enlace de fibra óptica con el NAP, y con el Gobierno de Canarias, para la feria Seatrade Cruise Med 2016.
Este medio de comunicación, hasta el momento sin respuesta, ha preguntado a Puertos de Tenerife si se han adoptado las medidas correctoras que recomienda la IGAE ante las irregularidades detectadas.