Sin suspensión de empleo y sueldo, sin expediente disciplinario, ascendido a oficial y, ahora, condecorado. El Ayuntamiento de Mogán, gobernado en solitario por Ciuca (Ciudadanos por el Cambio), entregó el pasado viernes, día de los Santos Ángeles Custodios, la cruz distintiva de la permanencia activa en el servicio durante más de veinte años a Carlos Hernández. Se trata de uno de los agentes de la Policía Local a quien la Audiencia Provincial de Las Palmas condenó en febrero de 2021 a siete años y medio de cárcel y a diez de inhabilitación por torturar y lesionar a un vendedor ambulante de origen senegalés en el centro comercial de Puerto Rico, en el municipio del sur de Gran Canaria.
En los 21 meses que han transcurrido desde que se dictara esa sentencia, que se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo y que, por tanto, no es firme, la corporación sureña no ha adoptado medida disciplinaria alguna contra este policía, pese a que cuando se conocieron los hechos, acaecidos en 2011, el actual primer teniente de alcalde de Mogán, Mencey Navarro, entonces en la oposición, reclamó la inmediata apertura de un expediente tanto al ahora condecorado como al otro condenado, Gilberto Macías, actualmente en prisión por un caso de violencia de género. La corporación sureña no solo ha mantenido a Carlos Hernández en el puesto, sino que, además, lo ascendió el pasado mes de enero a oficial (junto a otros cuatro agentes) y, ahora, lo condecora por su “dedicación profesional”.
“Sé que lo han dado para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas y las personas que nos visitan”, dijo en el acto institucional celebrado el pasado viernes la alcaldesa, Onalia Bueno, que entregó las distinciones junto al jefe de la Policía Local, Jorge Alemán, y representantes del Ejército, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. En total, fueron condecorados 38 policías en activo, 31 jubilados y, a título póstumo, ocho agentes fallecidos, además de 16 integrantes de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
En ese acto fue condecorado otro policía condenado, Francisco Artiles, ya jubilado y apodado en el municipio como Harry el Sucio. En diciembre de 2014 se le impusieron diez meses de prisión por apuntar con su pistola reglamentaria a tres ciudadanos a los que intentaba identificar también en el centro comercial de Puerto Rico. Ya entonces acumulaba un largo historial de imputaciones, expedientes y condenas. Años antes había sido absuelto en un procedimiento judicial iniciado, precisamente, a raíz de una denuncia de los dos agentes condenados por la agresión al ciudadano senegalés, que lo acusaron de haberles encañonado. En esa ocasión, fue absuelto. Dejó el cuerpo en 2020.
Según informó la propia corporación en un comunicado difundido el pasado sábado, esos distintivos oficiales están regulados en una orden dictada por el Gobierno de Canarias el 19 de marzo de 2015. Unas condecoraciones que, según el tenor literal de esa orden, tienen por objeto “permitir a sus titulares ser reconocidos por el conjunto de la sociedad por razón de su dedicación continuada al servicio policial y su correcta trayectoria”.
Se da la circunstancia de que Carlos Hernández ha cumplido los veinte años de servicio, el mínimo para obtener este reconocimiento, este 2022, por lo que no habría podido ser distinguido de haber sido apartado cuando fue condenado. Además, el artículo 4 de esa orden fija los requisitos que deben cumplir los agentes para su utilización y uno de ellos exige “carecer de anotaciones vigentes en su expediente personal relativas a sanciones firmes por la comisión de infracciones muy graves o graves, así como carecer de antecedentes penales, ni hallarse en situación de procesamiento penal, cumpliendo condena o en situación de pendencia en el cumplimiento de una condena penal”.
En la sentencia de febrero de 2021, la Audiencia de Las Palmas condenó a los agentes por los delitos de torturas y lesiones. Consideró probado que golpearon a la víctima con un objeto contundente, le fracturaron un brazo y lo lanzaron contra el suelo tras sujetarlo por el cinturón. Las cámaras de seguridad de un supermercado captaron la persecución de los policías al vendedor (que debía declarar como testigo en un juicio frente a esos mismos agentes tras otro incidente en el que un primo suyo había resultado lesionado) y la zancadilla, patadas y puñetazos que uno de ellos (Gilberto Macías) le propinó.
Otros condecorados
También fueron reconocidos en el acto del viernes otras personas que han estado envueltas en la polémica en los últimos tiempos. Uno de ellos es el agente Román González, que el pasado mes de mayo escribió en su perfil en Facebook que a España “deberían volver dos Francos, uno para gobernar y otro por si se muere este”. El agente, que regresó al cuerpo tras presentarse a las elecciones de 2019 en las filas del Partido Popular (PP) y no obtener acta de concejal, hizo ese comentario a raíz de la noticia de una propietaria que se había encadenado a un banco para protestar contra la ocupación de su vivienda.
“España era un gran país, levantado por nuestros abuelos y padres... Ahora la gobiernan la escoria socialista-comunista-terrorista y golpista. Te quitan tu casa y no pasa nada”, exponía el policía en una red social en la que expresa sus simpatías por el partido de ultraderecha Vox y se refiere a los miembros del Gobierno de España o a los partidos independentistas con calificativos como “ratas”, “escoria”, “gobierno socialcomunista”, “gobierno de delincuentes”, o “basura”. “Al que le moleste mi comentario, que se joda”, finalizaba el controvertido post.
Otro de los que ha recibido la distinción del Ayuntamiento de Mogán, en este caso por su labor como voluntario de Protección Civil, ha sido José Monzón. El apodado en el municipio como Pepe el Japonés estuvo imputado en la causa penal sobre la presunta trama de compra de votos en los comicios de 2015, finalmente archivada por la prescripción de los hechos. “Hay que jugar sucio. Tú no, pero nosotros tenemos que jugar sucio”, le decía Monzón, colaborador de Ciuca en esa campaña electoral a Francisco González (PP), exalcalde del municipio y oponente, en una conversación que fue grabada y aportada a la justicia y en la que reconocía que compró 383 votos por correo de vecinos en situación vulnerable de la localidad sureña a cambio de dinero (50 euros) y favores.
También han recibido distintivos otros agentes de la Policía Local beneficiarios de los sobresueldos que la Guardia Civil puso bajo lupa en un informe que dio origen a una de las piezas separadas en las que se dividió la trama original del delito electoral.