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La bonificación del Gobierno canario al 99% del impuesto de sucesiones no mitiga las renuncias a herencias en el Archipiélago

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila.  EFE/Cristóbal García

Iván Alejandro Hernández

Las Palmas de Gran Canaria —

El 1 de enero de 2016 el Gobierno de Canarias aplicó, tras la aprobación de los presupuestos regionales, la bonificación al 99,99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), reduciendo así hasta algo meramente simbólico el pago de este tributo. El objetivo, según afirmó la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, era impedir que “familias se vean obligadas a renunciar a heredar el trabajo de sus padres por no poder pagar un impuesto”. Pero los datos del Consejo General del Notariado muestran que dos años después de aplicar la medida, el número de renuncias de herencias de los isleños no ha hecho sino aumentar: de 1.445 en 2016 a 1.572 en 2017 (siguiendo una tendencia al alza desde 2007), es decir, un 11% del total de legados computados en el Archipiélago, que hace dos años ascendieron hasta los 14.992.

En esta bonificación están incluidos los llamados Grupo I y II, es decir, que descendientes y adoptados menores de 21 años y descendientes y adoptados de 21 o más años que sean cónyuges, ascendientes y adoptantes del fallecido o donante pagarán solo un 1% sea cual sea el patrimonio heredado. En los presupuestos de 2019, aprobados por CC y PP, se añade también el Grupo III, es decir, primos, sobrinos o hermanos. Desde el propio Consejo General del Notariado, su portavoz en Canarias, José Antonio Riera, explica que el ISD no es “un elemento tan determinante para forzar la renuncia a la herencia”, porque este fenómeno se produce por diversas causas.

“Realmente el aumento del número de personas que renuncian a herencias es bastante similar en el conjunto de España; del año 2007 hasta el 2017 hay una progresiva subida, no muy marcada, pero que efectivamente coincide con la época de crisis, que va de una media del 3% hasta una del 9% aproximadamente”, explica Riera, quien considera que “puede haber una conexión entre la situación económica vivida durante todos estos años y la renuncia a la herencia”, pero recuerda que “no es el único factor”, pues “las renuncias no significan que las herencias queden vacantes, sino que renuncian alguno de los herederos” por diferentes motivos particulares en cada caso, que pueden ser familiares o económicos.

El secretario general y portavoz del sindicato de técnicos de Ministerio Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, afirma que los datos del Consejo General del Notariado “constatan que las renuncias a herencias no se producen porque haya un ISD muy gravoso”, sino que, a su juicio, la causa se encuentra en el concepto de “herencias gravosas”, es decir, “que tienen una carga que para el sueldo medio de los herederos no pueden asumir. Si los herederos ya tienen dificultad para pagar su hipoteca, no puede asumir una segunda hipoteca”.

A esto se suma que los datos del Consejo General del Notariado muestran que en una de las autonomías donde más alto es el ISD, como es Aragón (donde se ha suscitado bastante polémica en torno a este tema), el número de renuncias de herencias ha sido menor que en un territorio con una bonificación al 99% como Canarias, pues se sitúan por debajo del 10% con un volumen similar de legados totales (14.231).

Para Mollinedo “esta es la prueba del algodón en Canarias donde, con una bonificación tan generosa, las renuncias se siguen produciendo”. Por lo tanto, no se puede afirmar “que el ISD provoca que las herencias tengan que ser renunciadas”. Además, señala que una bonificación del 99% también “desatiende los criterios de proporcionalidad y de progresividad de un impuesto que reclama la Constitución” pues “en el momento en el que se otorga una bonificación genérica tan generosa podría darse la circunstancia de que la herencia mil millonaria de un magnate que falleciese en Canarias no tributaría más que el 1% de lo que le corresponda”.

Y es que la función del ISD, regulada por el Estado pero bajo competencias autonómicas, “se crea para limitar la transmisión intergeneracional de la riqueza, sobre todo pensando en grandes patrimonios que se heredan y con la finalidad de depositar una parte de esa carga en la sociedad”, como recuerda Mollinedo, es decir, para reducir las desigualdades sociales. Muchos de los argumentos contrarios a este impuesto, sobre todo desde partidos como PP o Ciudadanos, se basan

en la afirmación de que “se produce una doble imposición”, un impuesto sobre la renta y un gravamen adicional cuando lo recibe el heredero. Desde Gestha niegan la existencia de esta situación, porque “en la sucesión el sujeto pasivo es el que hereda, no el causante, porque el causante fue el que tributó por la renta, pero el heredero no tiene que tributar por ese impuesto si no tiene renta, pero sí por la herencia que recibe con el ISD”.

Ante las voces en contra, que también han tomado forma en el plano social con una plataforma llamada STOP Impuesto de Sucesiones, la Comisión de Expertos para la financiación autonómica ha considerado que el ISD cumple “una función redistributiva necesaria” y, por ello, recomendó que no debía suprimirse ni despreciarse, sino corregirse para que no exista tanta desigualdad entre Comunidades Autónomas. Para ello propuso establecer tipos mínimos y máximos para acabar con la competencia a la baja. Así, el Congreso tumbó en octubre del año pasado la propuesta de Ciudadanos para prácticamente eliminar este impuesto en España e incluso Hacienda ha anunciado su intención de armonizarlo en todo el Estado.

La plusvalía

La plusvalía es el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y es otro factor que puede ser determinante para las renuncias a herencias. Se trata de un gravamen municipal sobre el valor del suelo entre el momento de la compra y el momento de la venta, herencia o donación del inmueble. La cifra económica se obtiene a través del valor catastral del suelo entre el momento de la compra y el momento de la venta, multiplicado por un coeficiente.

Así lo reconoce el portavoz del Consejo General del Notariado en Canarias: “La plusvalía en Canarias, independientemente de la bonificación del ISD, fue un elemento determinante. Porque se convirtió en una fuente de financiación importante para los ayuntamientos, con la bajada de otros ingresos debido a la crisis. Hubo casos en que la plusvalía supuso un inconveniente grande porque determinó que la gente no quisiera hacer la herencia y esperara a que pasase el plazo de prescripción para hacer la herencia después”.

A pesar del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que anuló parcialmente el impuesto de plusvalía municipal al establecer que sólo podría cobrarse en los casos en que haya habido ganancias en la transmisión de un inmueble, desde Gestha, Mollinedo considera que “cuando se adquiere por donación o herencia un inmueble comprado hace ya muchos años, lo normal es que aumente su valor y ese impuesto está correctamente liquidado”.

Aún así, Mollinedo relata que en situaciones normales, cuando existen varios herederos, asumir el impuesto de plusvalía “es más llevadero” porque “se distribuye” y, “de igual forma que existen mecanismos en las Comunidades Autónomas para demorar el pago del ISD con la garantía del inmueble, el municipio tendrá un sistema similar para, una vez que está liquidada la plusvalía, se pueda hacer frente con un fraccionamiento”.

Rebajar la fiscalidad y pedir compensaciones al Estado

El portavoz de Gestha cifra en 86 millones de euros la cantidad que se recaudó en Canarias por el ISD en 2015. No es una cantidad muy elevada, sobre todo teniendo en cuenta que los de 2019 vuelven a ser los presupuestos más altos de la historia del Archipiélago. Así, desde que ha comenzado este año, también ha entrado en vigor una rebaja de medio punto del IGIC, lo que supone unos 150 millones de euros menos para las arcas regionales.

Al mismo tiempo que el Ejecutivo regional recorta su propio dinero, se ha enfrascado en una confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez, primero pidiendo poder gastar el superávit para, según han argumentado desde el Gobierno autonómico, invertirlo en servicios públicos esenciales. Este enfrentamiento se ha recrudecido en los últimos meses a causa de unos 300 millones de euros que dicen desde CC, sin pruebas, que le faltan al Archipiélago para carreteras porque el PSOE lo ha desviado hacia Cataluña.

En Canarias “hay 2.600 personas que ingresan más de 150.000 euros y 176 afortunados canarios que ingresan más de 600.000 euros al año. Estas personas, con unos ingresos tan saneados, sí pueden formar un patrimonio importante y, cuando ocurra su fallecimiento, sus herederos son llamados a tributar, pero si hay una bonificación del 99% van a tributar muy poco”, concluye Mollinedo.

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