El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha pedido al Obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, que se pronuncie sobre el estudio y el traslado de los restos de Fernando Guanarteme a su isla natal.
Bravo de Laguna ha oficializado esta petición en una carta en la que destaca que el traslado a su isla natal de los restos del que fuera último Rey de Gran Canaria, Fernando Guanarteme, “es una demanda que cuenta con una larga tradición, si bien nunca se han podido culminar los pasos para conseguirlo”.
El Cabildo de Gran Canaria ha recibido una solicitud para que “asuma los trámites para acometer el estudio y, en su caso, el traslado de los restos” de Fernando Guanarteme.
Este personaje de “singular valor histórico y natural de esta isla” habría sido enterrado en la Iglesia Vieja de La Concepción y, posteriormente, sus restos habrían sido trasladados a la Ermita de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, donde “al parecer han permanecido hasta la fecha”, agrega Bravo de Laguna en su carta, según ha informado en un comunicado la corporación que preside.
Por ese motivo, y como “primera gestión”, el presidente del Cabildo grancanario explica que a la institución le “gustaría conocer el parecer del Obispado para luego, y si es el caso, continuar con los trámites oportunos que establece la Ley Canaria de Patrimonio Histórico, entre ellos, elevar tal petición a la Comisión Mixta”.
Las líneas de trabajo cuyo desarrollo plantea el Cabildo de Gran Canaria y para las que solicita autorización a la Diócesis Nivariense, son la apertura de la tumba y la recuperación de los restos óseos que allí se encuentren para su posterior caracterización bioantropológica.
En caso de que se hallase material óseo, se obtendrían muestras para extraer ADN y cotejarlo con el perfil genético de descendientes vivos de esta figura histórica, tras el pertinente contraste documental.
Finalmente, si los restos fuesen de Fernando Guanarteme, “se buscaría qué fórmulas podrían ser más adecuadas” para, “si se autorizase”, trasladarlos a Gran Canaria.
José Miguel Bravo de Laguna aclara en su carta que los trabajos se realizarán conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de patrimonio cultural y siguiendo los protocolos científicos empleados en tareas de exhumación e identificación forense.
Los costes que se derivasen de esta actuación correrían a cargo del Cabildo de Gran Canaria.