El caso Brisan va camino de convertirse en un chanchullo de segunda fila en el ayuntamiento grancanario de Santa Brígida, de tejemanejes de alcaldes y concejales con empresas ferreteras y hosteleras de su propiedad o viajes a Cuba y compra de tartas y pasteles falsificando gastos.
El instructor de esta trama de presunta corrupción política investigada desde 2006 ha dejado de forma definitiva fuera del caso al anterior alcalde, Lucas Bravo de Laguna, uno de los líderes del PP en Gran Canaria, a pesar de que la Guardia Civil entendiera en octubre de 2007 que podría estar implicado en varios delitos de corrupción relacionadas con las diferentes piezas abiertas.
Fuentes oficiales han confirmado a Canarias Ahora que el juez titular de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Alberto Puebla, no ha visto motivos para imputar a Lucas Bravo de Laguna por sus actuaciones como concejal de Hacienda en el mandato 2003-07 investigado, que llevó al Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) a citar al político, ya entonces alcalde de Santa Brígida, en la Comandancia de la Guardia Civil en calidad de imputado no detenido.
Era el 25 de octubre de 2007, al día siguiente de las declaraciones y puesta en libertad de todos los detenidos en la operación Brisan [primeras sílabas de Santa Brígida, al revés], entre ellos los exalcaldes Carmelo Vega y Antonio Díaz. La Guardia Civil tramitó ese día, a las 13:30 horas, una citación para Lucas Bravo al día siguiente, 26 de octubre, a las 11:00 horas. Seis horas después, a las 19:30 horas, anulaba la citación tras haber recibido una llamada telefónica del juez, quien ordenó dejarla sin efecto hasta valorar los hechos investigados o ponderar dónde citar a Bravo.
Desde entonces han pasado seis años y medio sin que formalmente se supiera la situación del actual consejero de Deportes del Cabildo grancanario, y si alguna vez fue llamado a declarar por el caso, ya fuera ante la Guardia Civil o en el despacho del juez, hasta esta semana que el propio juez ha confirmado por medio de fuentes oficiales que no vio indicios de delito en Bravo. Los investigadores entendieron, en oficio remitido el 31 de octubre de 2007, que el alcalde de Santa Brígida podría haber cometido prevaricación continuada, malversación, tráfico de influencias y delito electoral, por su participación desde Hacienda en cada una de las tramas del caso Brisan.
Es más, en 2008 trascendió que tanto el Ayuntamiento de Santa Brígida, a nivel institucional, como Lucas Bravo de Laguna, a título particular, se habían personado en la causa investigada en Instrucción 1, aunque el entonces alcalde había negado al pleno municipal tales extremos.
Alberto Puebla también ha decidido levantar las medidas cautelares que obligaban a los siete imputados, los exalcaldes Carmelo Vega y Antonio Díaz, el exconcejal Luis Troya, el empresario Pedro Morales, los funcionarios Santiago Hernández Suárez y Jacinto Hernández Suarez, y el personal laboral Antonio Ventura Rodríguez a firmar cada quince días en el juzgado, desde que fueron puestos en libertad con cargos en octubre de 2007. Hubo más detenidos pero sin cargos.
Fin de instrucción de cuatro tramas
Sobre ellos pesa la imputación de delitos de malversación, falsedad documental, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, fraude y exacciones ilegales, en una ya larga instrucción de casi ocho años a punto de dar carpetazo a la misma. Las fuentes oficiales explican que el juez solo está a expensas de notificar una de sus últimas resoluciones [previsiblemente, las medidas cautelares suspendidas] para terminar el caso con el auto de fin de instrucción.
Hace cuatro años, cuando el instructor desgajó en cuatro partes la investigación, en una de ellas relacionada con un edificio de aparcamientos en El Monte Lentiscal saltó el nombre del exedil de Urbanismo (1999-2003) y actual consejero insular de Obras Públicas y portavoz del PP en el Cabildo grancanario, Carlos Sánchez Ojeda, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias y prevaricación, al condonar una deuda de la mercantil promotora del parking que debía aportar 210.000 euros al ayuntamiento.
Esta trama aparecía ya en el atestado inicial de la Guardia Civil, donde se anunciaba que se tenía conocimiento de que una empresa, denominada Saramema, había realizado ciertas obras por las que debía ingresar en el Ayuntamiento 210.000 euros --35 millones de pesetas-- en concepto de ICIO, “sin que la corporación hubiere exigido su pago de manera que aquella entidad ha obtenido un importante beneficio en detrimento de las arcas municipales”.
En el atestado también se explicaba que la Audiencia de Cuentas de Canarias había tenido conocimiento de hechos que “pueden ser merecedores de sanción penal y no lo ha comunicado a los órganos competentes de manera que sus responsables pudieren haber cometido una infracción penal”, recoge literalmente el auto citado por Europa Press en su día.
Durante el curso de la instrucción “se han confirmado las hipótesis de la investigación y se han descubierto otros hechos que pueden dar lugar a responsabilidad, fundamentalmente falsedades, que en la tesis de la ECO permiten imputar, indiciariamente, delitos de falsedad, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos”, añadía el escrito que implicaba al actual portavoz del PP en el Cabildo y compañero de gobierno insular del exalcalde Lucas Bravo.
Ferretería, restaurantes, pastelerías...
El caso, uno de tantos que se abrieron en Canarias contra la corrupción en los años 2004-2007 en los que inició sus actuaciones la Fiscalía Anticorrupción creada por el ministro grancanario de Justicia Juan Fernando López Aguilar, quedó en una trama principal referida al ex concejal Luis Troya y el empresario Morales Déniz, de la Ferretería Morales Ravelo. El concejal autorizó gran cantidad de órdenes de pago para adquirir material en la ferretería, al tiempo que creó una sociedad de la que era socio mayoritario y a través de ella mantenía ocultos los vínculos con la ferretería. Estos hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de fraude, y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos y falsificación documental.
En las otras piezas separadas, que afectan a los exalcaldes Antonio Díaz y Carmelo Vega, en el auto de 2010 dado a conocer por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se explica por parte del juez que el primero de ellos, junto al exalcalde Antonio Ojeda y otras personas, realizó un viaje a Cuba y “al parecer, efectuaron ciertos gastos que necesitaban justificar ante el Ayuntamiento para que se los reintegraran”, recogió en su día Europa Press.
Por ello Antonio Díaz pidió a una familiar que “le confeccionara facturas que sirvieran de justificante de los gastos que manifestó haber soportado”. Así, Díaz utilizó una factura “falsa” de 2.485 euros para justificar gastos y recibir el dinero.
En otra ocasión, también un familiar de Díez Hernández habló con un comercial de una empresa de pastelería para que “en una factura emitida con ocasión de la compra de unas tartas, le subiera notoriamente el precio de los productos suministrados, con la intención de aumentar el coste final”.
Respecto a la otra pieza separada que concierne a Carmelo Vega, señala que éste estuvo al frente de la corporación como alcalde y ha desempeñado el cargo de concejal en distintas épocas, es propietario y tiene intereses directos en dos empresas dedicadas al ramo de la hostelería, donde “se habían celebrado varios eventos por los que el Consistorio había abonado cuantiosas sumas, sin que previamente se hubiere tramitado el correspondiente expediente de contratación administrativa, consiguiendo con ello beneficios económicos”.
La suerte de todos estos indicios de delito de corrupción política queda a expensas del auto de fin de instrucción que en breve dictará el juez instructor tras ocho años de pesquisas.