El actual consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha afirmado que desde que concluya el periodo estival solicitará los informes necesarios para esclarecer si su antecesor en el cargo, Lucas Bravo de Laguna, cometió alguna irregularidad a la hora de conceder adjudicaciones.
El ex consejero del Partido Popular (PP) Lucas Bravo adjudicó durante su mandato 288.788,35 euros en contratos a empresas gestionadas por la extenista Noelia Pérez, persona que desde 2014 es su pareja sentimental y hoy es su socia y administradora mancomunada en la empresa B&M Sport Marketing.
Ambos implicados se han manifestado a través de la red social Twitter, donde Bravo de Laguna y Pérez hablaron de “campañas difamatorias”. Esta última atribuyó las informaciones publicadas al respecto a que su “socio” se ha desvinculado “por fin” del PP.
El actual consejero, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que toda presunta ilegalidad que le ha sido comunicada durante los años que lleva al frente de Deportes la ha trasladado a los órganos competentes. Es el caso, recuerda, del exgerente del Club Baloncesto Gran Canaria Alberto Miranda, por haber adquirido muebles de segunda mano inservibles que fueron pagados a su pareja sentimental y a una sociedad administrada por él mismo.
“A mi no se me ha trasladado ninguna otra supuesta ilegalidad del mandato anterior, porque si no, hubiera hecho exactamente lo mismo”, asevera.
El consejero entiende que los contratos adjudicados se hicieron con todos los informes técnicos, jurídicos y económicos pertinentes, aunque insiste en que solicitará las mencionadas aclaraciones. Desde su llegada al cargo, explica, las convocatorias de los maratones se abrieron a concurso público y Noelia Pérez fue despedida del Herbalife Gran Canaria.
Torres explica que si bien es verdad que este tipo de adjudicaciones suelen llevarse a cabo a través de la mesa de contratación, en la que están representados todos los partidos, también es cierto que “si es un contrato negociado sin publicidad, entiendo que cuenta con informe técnico”.
El portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Cabildo, Carmelo Ramírez, se mostró cauto y prefirió no posicionarse hasta contar con más información, que a su juicio saldrá con la apertura del expediente informativo interno. Tampoco se mostró tajante con la falta de actividad de Bravo de Laguna durante su etapa en la oposición, hasta que se cumplieron los dos años que le impedían marcharse a una entidad privada.
A juicio de Ramírez, durante esta etapa “ha hecho una tarea muy secundaria y escasamente ha intervenido en los plenos, aunque ha estado un poco más activo en las comisiones informativas”. El salto al sector privado, añade, queda en el ámbito de lo personal y es legal.
Bravo pedirá que se revisen todos los contratos del Cabildo desde 2007
Por su parte, el padre del exconsejero Lucas Bravo, el expresidente del Cabildo y actual portavoz de Unidos por Gran Canaria (UxGC) en el pleno insular, José Miguel Bravo de Laguna, se mostró seguro de que las cosas se hicieron correctamente. Bravo de Laguna afirmó que no era consciente de que su hijo y exconsejero fuera pareja de Noelia Pérez durante el anterior mandato y entiende que las adjudicaciones se hicieron a través de las mesas de contratación de forma pertinente.
Al respecto, manifestó que “si alguien cree que no se hicieron correctamente, que vaya a los tribunales”. En referencia a las contrataciones, explicó que “por lo que yo sé, eran procedimientos negociados sin publicidad, donde se invita a varias empresas y es el mismo que se ha seguido siempre en el área de Deportes, no sólo en mi Gobierno, sino en el anterior y el actual”.
Es decir, no solo el Gobierno del PP del anterior mandato, sino el que sostenían Nueva Canarias y el Partido Socialista con Román Rodríguez y José Miguel Pérez al frente en el mandato comprendido entre 2007 y 2011.
Al portavoz de UxGC y expresidente de la Administración insular le parece “estupendo” que el vigente consejero vaya a solicitar los informes aclaratorios necesarios. Es más, asegura que “voy a pedir que se revisen todos los contratos del Cabildo de los últimos diez años en materia de Deportes y en los procedimientos negociados sin publicidad”.
Recuerda que durante su etapa como presidente recibió diversos ataques relacionados con el marcador del Gran Canaria Arena y con el acercamiento de las gradas, pero “nadie ha podido demostrar nada, porque nada se hizo incorrectamente”.
Preguntado por las conversaciones mantenidas con otros partidos, como Ciudadanos y Coalición Canaria (CC), sostiene que “yo tengo un proyecto que es UxGC que considero necesario en esta isla y ahí comienza y termina todo”.
Podemos ve un “pacto de silencio” entre consejero y oposición
El único consejero que se mostró más ácido con el hecho de que Lucas Bravo de Laguna adjudicará casi 300.000 euros a su pareja y actual socia y haya agotado los tiempos que le impedían acceder a una empresa privada cobrando del erario público es el portavoz de Podemos, Miguel Montero.
Montero aseveró que el malestar de Lucas Bravo de Laguna con el PP por su inactividad se conocía desde hace meses y señala la existencia de un “pacto de silencio” que ha impedido que la actual corporación - sustentada en un acuerdo entre NC, PSOE y dos antiguos miembros de la formación morada - haya hecho una auditoría.
Sobre esa situación de no agresión, puntualizó que “parece que Lucas no quería hacer oposición en el tema deportivo, a cambio de que Ángel Víctor no sacase las cosas que eran conocidas del anterior mandato”.
Así mismo, señala que en el Pleno de mayo se rechazó una moción que instaba a llevar a cabo una auditoría del Club Baloncesto Gran Canaria Claret SAD, lo que a su juicio avaló la tesis mantenida desde el principio por Ángel Víctor Torres de que “no hay nada que investigar, ni mirar atrás”.
Cuestionó los motivos por los que el presidente insular Antonio Morales y su vicepresidente socialista “tapan lo que saben en lugar de investigarlo, somos los únicos que lo hemos propuesto”.
Torres recordó que en aquel momento respondió a Podemos que se hacen dos auditorías al año en el club y que una vez registrada la moción, el partido morado tuvo un mes para hablar con los interventores. Éstos últimos, continúa, afirmaron en el Consejo de Administración que las actuaciones del Gran Canaria se ajustaban a la legalidad. Motivo, a su juicio, por el que la moción solo contó con un voto a favor.
Desde el PP han preferido no hacer valoraciones al respecto y tampoco se ha pronunciado el consejero de CC, Fernando Bañolas, al encontrarse de baja.