Los cabildos reclamaron este jueves al Gobierno regional “libertad” para que cada isla decida el desarrollo de su territorio, mientras que el Ejecutivo advirtió de que no retirará el proyecto de ley de medidas urgentes de ordenación territorial porque es “absolutamente necesario para Canarias”.
Al término de la conferencia de presidentes de instituciones insulares y del Ejecutivo autonómico, Paulino Rivero, los representantes de los cabildos insistieron en que este proyecto es “importante”, porque modifica la acción sobre el territorio, pero necesitan “más tiempo” para que se estudien las alegaciones presentadas.
Mario Cabrera, presidente del Cabildo de Fuerteventura, dijo a los periodistas que uno de los motivos por lo que se aplazó el debate en la comisión general de cabildos del Parlamento de Canarias es que las corporaciones no disponen de un último informe elaborado por el Consejo Consultivo sobre este proyecto.
Cabrera señaló que cada Cabildo ha presentado sus alegaciones pero en conjunto lo que piden es que la normativa se adapte a cada isla y que proporcione “libertad” para que en cada territorio la corporación insular correspondiente marque cómo desarrollar su suelo.
Ricardo Melchior, presidente del Cabildo de Tenerife, declaró que su institución ha presentado casi 40 páginas de alegaciones, que cree que no han sido aceptadas, y señaló que en el proyecto de ley se introducen “modificaciones sustanciales” a la anterior normativa en este ámbito.
El Cabildo tinerfeño ha presentado alegaciones en cuestiones que afectan a las competencias, la asignación de camas turísticas y el suelo rústico, entre otras, y, según Ricardo Melchior, en los próximos días se sabrá si es necesario “iniciar de nuevo todo el procedimiento”, si se mantienen estas modificaciones “sustanciales”.
Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, discrepa “absolutamente” de este proyecto de ley y es “radicalmente contrario” a la normativa porque “invade el sistema competencial de cabildos y ayuntamientos de una forma que no tiene precedentes”.
El vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, consideró que no hay “una avalancha de críticas” a este proyecto sino una posición “legítima” que no comparte el Ejecutivo de empresarios que creen que ya hay suficientes hoteles de calidad en las islas.
“Lo que dice el Gobierno es que si hay un empresario con un proyecto de hotel en suelo turístico urbano que tiene financiación y además contrata hasta el 60% de la plantilla en convenio con el Servicio Canario de Empleo vamos a facilitarlo”, aseguró.
Soria reiteró que respeta las opiniones “más técnicas” pero insistió en que hay ver la reforma de la ley de directrices en un contexto global y no sólo turístico, sino de mejora de la agricultura, la ganadería y la industria.
Agregó que “todo lo que sea mejorable” en el proyecto “se mejorará” en el trámite parlamentario pero “no he escuchado en el seno del Gobierno regional” el que se vaya a retirar, a lo que “no está dispuesto porque es una ley absolutamente necesaria para Canarias”, añadió su vicepresidente.