Gran Canaria pedirá al Gobierno canario fondos para las Zonas Comerciales Abiertas

Efe

Las Palmas de Gran Canaria —

El pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado este viernes por unanimidad, y el respaldo de los 21 ayuntamientos y las 28 organizaciones empresariales de la isla, pedir al Gobierno canario que aporte los fondos necesarios para reeditar el convenio de las Zonas Comerciales Abiertas.

En un receso de la sesión, el presidente del Cabildo, Antonio Morales (NC), ha explicado a los periodistas que desde la corporación se tratará de captar fondos del extinto impuesto general sobre el tráfico de empresas (IGTE) para llevar a cabo proyectos de inversión para ampliar estas zonas y generar empleo.

El pleno ha contado con la presencia de representantes de diversas asociaciones comerciales, entre ellas Fedeco, Cecapyme, la de Telde, Siete Palmas, El Sebadal, Puerto Canteras, Triana o Ingenio, dada la importancia que este convenio tiene para estas áreas que dinamizan los municipios, ya tengan carácter urbano, costero o turístico.

El Cabildo de Gran Canaria considera que la decisión del Ejecutivo regional de dar por terminada esta línea de actuación pública por la supresión de los fondos europeos Feder, que suponían el 75% de su aportación al convenio, debe ser sustituida por la de buscar otros fondos, ya sean propios o del IGTE.

El pleno, por ello, ha instado la firma en el primer trimestre de un nuevo convenio para el periodo 2016-2020, a constituir una mesa técnico-política para su elaboración y seguimiento, y se ha comprometido a aportar igualmente los fondos insulares necesarios para la suscripción de ese convenio de cofinanciación.

El pleno del Cabildo ha aprobado además, por unanimidad, el reglamento de Gran Canaria Moda Cálida que fija las nuevas condiciones de calidad de materiales, elaboración y producto final que los diseñadores deben cumplir para solicitar su registro como marca de garantía.

Morales ha destacado la importancia de este reglamento por tratarse de una industria que contribuye a diversificar la economía de la isla y sitúa en un lugar preferente a los creadores.

Así mismo, ha destacado la aprobación, también de forma unánime, del nuevo Plan Hidrológico de Gran Canaria y de un tribunal administrativo que permitirá que antes de llegar a la vía judicial se pueden resolver problemas que surgen con las empresas en la convocatoria de concursos y adjudicaciones.

Estos asuntos han sido presentados al pleno por el trámite de urgencia, lo que ha sido criticado por la oposición, por entender que el gobierno de la corporación está “forzando” esta vía que evita que los grupos de la oposición puedan estudiar con detenimiento los expedientes, ha destacado el portavoz de Unidos por Gran Canaria (UxGC), José Miguel Bravo de Laguna, que ha presentado tres mociones al pleno.

Los dos que fueron debatidas antes del receso fueron aprobadas por unanimidad, una relativa a la petición que se formulará al Gobierno de Canarias para que apruebe con urgencia y antes del 31 de enero el desarrollo del reglamento de la Ley de Renovación y Modernización Turística y a que el pleno ratifica la necesidad de aumentar la oferta alojativa de la isla.

Este aumento de la oferta debe respetar los criterios de desarrollo sostenible y ordenado, según ha destacado el portavoz de NC, Carmelo Ramírez, quien ha dado el apoyo de su grupo siempre que se respetaran estos aspectos y que se construya solo en el suelo ya clasificado.

El pleno, sin embargo, ha rechazado la moción presentada por el PP para que derogue o modifique la citada ley por impedir la construcción de hoteles de cuatro estrellas en la isla. A juicio de NC, la propuesta del PP persigue dar “barra libre” al desarrollo turístico.

Del grupo popular también se ha rechazado la moción que presentó para conseguir un pronunciamiento del pleno contrario a la implantación de una tasa turística, al contar con los votos en contra de NC y Podemos, y la abstención del PSOE.

El portavoz socialista, Ángel Víctor Torres, ha explicado que la abstención se debe a que su partido, en el Gobierno canario, ha dicho que no va a implantarla, si bien el PSOE se pronunciará en el pleno cuando el objeto de debate sea su necesidad y finalidad, pues en la campaña electoral anunció que era partidario de una tasa que revirtiera en la recuperación de espacios públicos turísticos y generara empleo.