El Servicio Canario de la Salud (dependiente del Gobierno de Canarias) adjudicó hasta 12 millones de euros a la empresa de mascarillas vinculada al exasesor del exministro Ábalos, Koldo García, que ha quedado en libertad este jueves con la obligación de presentarse en el juzgado cada quince días.
Una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil ha descubierto el primer caso de presunta corrupción en la adquisición de material sanitario durante la pandemia con contratos del Gobierno. La investigación se centra en los 53 millones de euros que el Ministerio de Transportes, el de Interior y las comunidades autónomas de Canarias y Baleares habrían desembolsado, por el procedimiento de urgencia, para adquirir mascarillas a una empresa ajena al sector.
En 2020, el Gobierno de Canarias adjudicó un contrato de emergencias por valor de 6,8 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L (la empresa vinculada a Koldo García). En concreto, se solicitaron 2,7 millones de mascarillas a un precio unitario de 2,50 euros cada una.
La Audiencia de Cuentas de Canarias ya reflejó en un informe que al menos dos empresas, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. (11,93 %) e Injoo Technology S.L (10,87 %), son sociedades cuyo objeto social no se corresponde con la venta de material sanitario, es decir, el SCS adjudicó, la compra de material sanitario a empresas que no consta que hubiesen ni acreditado la preceptiva solvencia profesional o técnica conforme establece el art. 74 de la LCSP, ni tampoco estar capacitados legalmente para contratar con la administración.
Según una resolución del SCS de diciembre de 2020, la empresa entregó en abril hasta suministrar 837.000 unidades, pero surgió un problema. Los servicios de prevención de riesgos laborales de los hospitales canarios detectaron que ese material era de inferior calidad al encargado (27 de abril) y pidieron un informe al Centro Nacional de Medios de Protección, que acabó dictaminando (septiembre de 2020) que, no eran mascarillas FFP2, sino que estaban un escalón por debajo en capacidad de filtrado del aire (FFP1).
El SCS siguió contando con la empresa
Sin embargo, dada la situación de la pandemia y el elevado número de contagios, el Servicio Canario de la Salud siguió contando con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas a pesar de los problemas de calidad del encargo anterior y le adjudicó, también en abril, la compra de 1,91 millones de mascarillas FFP2/K95, de nuevo a 2,50 euros la unidad.
La agencia EFE calcula que fueron 12 millones los adjudicados a la empresa. Al primero de 6,8 millones se le suma el segundo, por 4,77 millones, en el mismo mes; y el tercero, por 5 millones de euros, en mayo, a los que se suma un pago de 417.814 euros en concepto de fletes aéreos, transporte y seguro de transporte de las mascarillas adquiridas.
Cabe recordar que los servicios de prevención de riesgos laborales de los hospitales canarios detectaron que ese material era de inferior calidad al encargado (27 de abril) y pidieron un informe al Centro Nacional de Medios de Protección, que acabó dictaminando (septiembre de 2020) que, en efecto, no eran mascarillas FFP2, sino que estaban un escalón por debajo en capacidad de filtrado del aire (FFP1). Sin embargo, el Servicio Canario de la Salud siguió contando con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas a pesar de los problemas de calidad del encargo anterior y le adjudicó, también en abril, la compra de 1,91 millones de mascarillas FFP2/K95, de nuevo a 2,50 euros la unidad.
En el expediente, figura una resolución del 3 de noviembre de 2020 por la cual el entonces director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, autoriza que se acepte la contraoferta de la empresa, que propuso que las 837.300 mascarillas servidas se valorasen al precio de mascarillas quirúrgicas (a 84,5 céntimos de euro la unidad) y se le diese la oportunidad de entregar 555.000 unidades de otro fabricante con calidad acreditada FFP2/K95.
Con el visto bueno de Domínguez, finalmente se abonó a la empresa no los 6,87 millones de euros del encargo original, sino 2,09 millones: 707.518 euros por 837.300 mascarillas aceptadas como 'quirúrgicas' y 1,38 millones por 555.000 mascarillas FFP2/K95.
En su resolución, el director de SCS explica que se aceptó el cambio propuesto por la empresa porque en aquellos momentos (noviembre de 2020) los contagios seguían en ascenso, necesitaban suministros constantes de material de protección y creía que había que valorar “los tiempos de entrega de un nuevo pedido” frente a la ventaja de que ese material estaba disponible para un uso inmediato.
Varias los expedientes de adjudicación fueron modificados con posterioridad para hacer constar de forma expresa que esos 12 millones de euros se habían abonado en parte (“se declaran cofinandos”) con fondos europeos del programa FEDER.
Torres espera que “caiga todo el peso de la ley”
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres (que en 2020 era presidente de Canarias) ha asegurado este jueves su colaboración con la justicia para que llegue hasta las últimas consecuencias en el caso del presunto cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia.
En declaraciones recogidas por Efe, el expresidente canario ha pedido que “caiga todo el peso de la ley” sobre quienes se hayan lucrado de manera irregular y quienes lo supieran, porque “al margen de lo que es la supuesta ilegalidad, está el hecho de que se hacía en un momento tremendamente difícil”.
Por su parte, el actual Gobierno de Canarias (conformado por CC y PP) ha señalado a este periódico que ha solicitado a Sanidad a que recabe los expedientes y, en su caso, pornerlos a disposición judicial.
Este no es el único caso sobre presuntas irregularidades en la contratación de mascarillas en plena pandemia que afecta a Canarias, el Tribunal de Cuentas ha archivado de forma provisional el llamado caso Mascarillas, por el que se investiga al Servicio Canario de Salud (SCS) por el pago de cuatro millones de euros, en plena pandemia de coronavirus, por un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas. No obstante, la causa sigue abierta en la Fiscalía Europea, que reclamó la competencia por el uso de fondos europeos.