Canarias aplicará la ley de vivienda ante el “serio problema” con los alquileres

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha asegurado este miércoles que en el archipiélago se aplicará la recién anunciada ley de vivienda en zonas donde se detecte un sobreprecio en el alquiler de inmuebles.

Franquis ha indicado que las islas tienen “un serio problema” con los alquileres, en especial en ámbitos turísticos y en grandes centros urbanos, y para combatirlo resulta “fundamental” que haya “un número importante” de vivienda púbica, para evitar que los precios aumenten “de forma desproporcionada”.

Por eso, “si se habilitan mecanismos para regular precios en algunas zonas concretas”, Canarias va a utilizarlos, ha dicho Franquis, en contraste con las comunidades y los ayuntamientos gobernados por el PP, cuyo líder, Pablo Casado, ha anunciado además que recurrirán la ley de vivienda ante el Tribunal Constitucional.

Ley de Vivienda

El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos sobre la ley de vivienda pauta la regulación del precio del alquiler para bajar los alquileres a las viviendas en manos de grandes propietarios, en base a índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado.

Asimismo, establece que los pequeños propietarios tendrán una fórmula de “congelación de precios e incentivos fiscales”, de cara a poder también reducir el precio del arrendamiento.

Según han detallado fuentes de Unidas Podemos a Europa Press, se ha superado el principal escollo que se topó este lunes la negociación con esas obligaciones para grandes propietarios, que quedarán definidos como aquellos que dispongan de 10 o más viviendas. De esta forma, han detallado que habrá retirada a grandes tenedores de “privilegios fiscales”.

Mientras, se establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos y la futura normativa también apuesta por el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida (de este 30%, la mitad para alquiler social).