SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 (EUROPA PRESS)
La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha negado este miércoles que se hayan cometido irregularidades en la aplicación en las islas de la denominada Ley de Dependencia. “Mi relación es exquisita con el Ministerio y con el secretario de Estado no tengo duda de que si tuviese la más mínima sospecha de irregularidades ya me habría llamado”, dijo.
Rojas señaló en declaraciones a 'Radio El Día' recogidas por Europa Press que no se ha dado ninguna irregularidad “sino que se han justificado las cuentas”. Aquí señaló que la Comunidad Autónoma ha sido “prudente y comprensiva” y recordó que actualmente invierte el 80 por ciento cuando sólo debería abonar el 50 por ciento. “Habrá un día en el que el Estado tenga que aportar el 50 por ciento”, señaló.
Recordó Rojas que al principio Canarias aportaba el 95 por ciento. “Estamos mejorando muchísimo”, recalcó para señalar que la situación actual es “absolutamente insuficiente”. Apostilló que la ley “no crea ningún servicio”, sino que son los que ya había en las comunidades autónomas.
De igual forma, la consejera de Bienestar Social admitió que discute la forma en la que el Estado reparte las partidas, ya que algunos “perjudican a Canarias”. “Le dan un porcentaje mayor a las comunidades de más territorio y gana Andalucía. ¿Por qué no me cuentan el mar?”, dijo la nacionalista que reconoció que “los dineros son los que son”.
CONFUSIÓN
A su juicio la confusión sobre la aplicación de la ley continúa, ya que “hay gente a la que no le interesa porque creen que se perjudica al Gobierno de Canarias”. “La gente en Canarias creyó que La ley de Dependencia era una paga y ahora ya entiende que se trata de servicios”, argumentó.
Con respecto a este asunto dijo Rojas que muchas personas han sacado a sus dependientes de servicios a la espera de recibir una prestación económica lo que ha provocado que en el país haya habido 60.000 plazas vacantes. Según la responsable autonómica esto va en “detrimento de la calidad de los servicios y de los dependientes que dejan de ser atendidos por profesionales y se deterioran muchísimo antes”.
Ante esto, señaló Rojas que se ha acordado que desde febrero “no se puede renunciar a un servicio para cobrar la prestación” y concluyó que lo que se prioriza es la prestación de servicios.