“Es inminente la apertura del mercado británico y en estas circunstancias queremos reglamentar una formula para la llegada a los aeropuertos”, ha anunciado el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez. El presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, “como autoridad delegada competente” según el estado de alarma aprobará un decreto para permitir el test de antígenos como alternativa al PCR como prueba válida para acreditar el negativo en COVID-19 en la visita al Archipiélago.
Pérez ha reconocido que esta medida “puede contradecir la norma del Ministerio de Sanidad” del pasado 12 de noviembre en la que fijó que la única prueba que pueden presentar las personas que provengan de fuera de España es una PCR. Por ello, ha asegurado que el Gobierno de Canarias requerirá al Gobierno central que “dicte una resolución para que excepcione a Canarias”. Pérez negó “que no se mantenga la comunicación con el Ministerio” y ha remarcado que es el presidente del Gobierno de Canarias quien exige esta medida “en base a las competencias que le da la ley”.
Además de esta medida, Pérez ha detallado que el Consejo de Gobierno ha acordado aprobar otros dos decretos “que se articularán” por decisión del presidente del Gobierno de Canarias, “que es la autoridad delegada competente en un estado de alarma”. En concreto, se establecerá un sistema de control para los residentes que regresen a las Islas para que puedan ser sometidos a pruebas PCR o antígenos y estará financiado por el Servicio Canario de la Salud. Pérez ha resaltado la importancia de esta medida “para que se minimice el riesgo de contacto”.
Para llevar a cabo estas pruebas, la Consejería de Sanidad llegará a acuerdos con laboratorios privados de la Península y en la web del área regional se indicará la información de las ubicaciones en las que se pondrá realizar los test los residentes en función del lugar en el que se encuentren así como del protocolo que se establecerá para su realización.
En el caso de los que vengan de la Península pero no sean residentes el sistema será “parecido” pero no será financiado por el Gobierno autonómico.
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