La pretensión del Partido Popular, Coalición Canaria y Agrupación Socialista Gomera de limitar la modificación del sistema electoral canario durante la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía en las Cortes Generales es sencillamente antiestatutaria. El Parlamento de Canarias ya no dispone de margen de actuación para reclamar al Congreso de los Diputados que se le devuelva la reforma actualmente en tramitación después de haber sido tomada en consideración en las Cortes. El Partido Popular dio este jueves marcha atrás y, según su portavoz, Australia Navarro, convenció a las otras dos fuerzas firmantes de esa propuesta de resolución para retirarla y dar carpetazo a la iniciativa.
Pero la realidad jurídica es otra. Solo en el caso de que durante la tramitación de la reforma las Cortes Generales apreciaran que están procediendo a hacer una modificación sustancial del estatuto respecto al texto remitido por el Parlamento regional, se procedería a su devolución. Lo dice claramente el artículo 64 del Estatuto de Autonomía de Canarias: “Si las Cortes Generales, durante la tramitación parlamentaria, modificaran sustancialmente la reforma [del Estatuto de Autonomía] propuesta, se devolverá al Parlamento de Canarias para nueva deliberación, acompañando mensaje motivado sobre el punto o puntos que hubieran motivado la devolución y proponiendo soluciones alternativas”.
Pero una vez en tramitación la reforma, ya no cabe ningún tipo de maniobra por parte del Parlamento de Canarias, que habrá de estar a lo que decidan las Cortes Generales.
Lo que se tramita en estos momentos es una proposición de ley orgánica, y son las Cortes Generales las que tienen que determinar su alcance.
El precedente anterior del año 2007 en el que Canarias pidió y logró la devolución de su reforma del Estatuto de Autonomía fue antitestatutaria. Tuvo algunas particularidades que ahora no se dan: fue remitida en los estertores de la legislatura autonómica 2003-2007, y las elecciones de ese último año las ganó abrumadoramente Juan Fernando López Aguilar (PSOE, 26 parlamentarios). Se estrenaba un Gobierno Coalición Canaria-Partido Popular (Paulino Rivero-José Manuel Soria) y una reforma del sistema electoral con aquellos resultados resultaba catastrófica para los intereses de ambos socios.
“Es una reforma nacional-socialista”, había clamado en el pleno del Congreso la portavoz del PP para la ocasión, Mercedes Roldós, actual delegada del Gobierno, cuando se votó su tramitación. Y, a pesar de haberse tomado en consideración, ante la petición del Parlamento de Canarias, controlado por CC y el PP, la Mesa del Congreso aceptó la devolución a pesar de ser antiestatutaria. Para conseguirlo ahora, el PP habría de contar al menos con el respaldo de Ciudadanos, que no quiere oír hablar de un nuevo aplazamiento de la reforma del sistema electoral canario: obtuvo 52.000 votos en las últimas autonómicas y no alcanzó ningún escaño en el Parlamento regional.