El periodista Carlos Sosa ha acusado este miércoles al Partido Popular de haber abierto una “cacería” contra su pareja, la diputada de Podemos Victoria Rosell, impulsando una “causa general con tufo inquisitorial” que “utiliza los poderes del Estado” para desprestigiar a adversarios políticos.
El magistrado que sustituye a Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha elevado al Consejo General del Poder Judicial un informe que sugiere que esta incumplió su deber de abstenerse en una causa penal en la que su pareja podía tener intereses: un procedimiento por fraude fiscal contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas.
En concreto, según publica La Provincia, el juez Salvador Alba ha remitido al órgano de gobierno de los jueces el resultado del interrogatorio que hizo el pasado día 23 a Ramírez, en el que este reconoce que financió empresas periodísticas dirigidas por Carlos Sosa durante años, en unos hechos que se remontan más atrás que los ya investigados -y archivados por el CGPJ- sobre una licencia de FM.
“Esas relaciones se remontan a 2008. Nadie podía prever entonces que, seis años después, se abriera esa causa por fraude fiscal (iniciada en 2014), que Victoria Rosell fuera mi pareja y que a ella le iba a caer una querella de la Fiscalía contra Miguel Ángel Ramírez”, ha replicado Carlos Sosa, en declaraciones a Efe.
El periodista grancanario ha subrayado que la financiación que Ramírez prestó a las empresas Canarias Ahora Radio y Virtual Press no era para él, porque no era socio de esas empresas, sino solo empleado. Y subraya que tampoco se ocupó de buscar a los inversores, ni luego los trasladó a su propia empresa, Clan de Medios SLU (sociedad limitada unipersonal), editora de diario Canarias Ahora.
“Hay una cacería puesta en marcha contra Victoria Rosell por parte del PP, que utiliza los poderes del Estado para ir contra adversarios políticos. Han abierto una causa general, con un tufo inquisitorial que tira para atrás, para ver lo que encuentran y la Fiscalía se ha prestado de forma horrible al juego”, ha denunciado.
Carlos Sosa critica que la Fiscalía de Las Palmas “no se haya conformado con el severo varapalo que le dio el Tribunal Superior de Justicia de Canarias” al anular su anterior investigación sobre Rosell, por no tener competencias para llevarla a cabo y por haber vulnerado sus derechos electorales y de defensa.
“El TSJC le dijo que su investigación (a Rosell) fue ilegal y yo añado: y con ribetes delictivos. Siguen buscando, y el último acontecimiento descarado ha sido la declaración de Ramírez”, añade.
La Agencia Efe también ha intentado ponerse en contacto con la diputada de Podemos por Las Palmas para obtener su versión, aunque sin éxito, porque se encuentra en el pleno del Congreso.