La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a darle oxígeno al llamado caso Grúas, por el que se investiga la gestión de la retirada de vehículos de la vía pública en la ciudad de La Laguna durante una larga etapa de Coalición Canaria en ese consistorio. En un auto notificado a las partes este jueves, el órgano judicial admite en parte el recurso de los denunciantes y ordena a la jueza instructora que motive mejor su decisión de archivar la causa respecto al exalcalde José Alberto Díaz, el exconcejal Antonio Pérez-Godiño, ambos de Coalición Canaria, y la funcionaria Rosario Hernández Eugenio, acordada el pasado mes de julio junto al resto de investigados, mayoritariamente empleados de la empresa concesionaria.
La jueza Celia Blanco, titular del juzgado de Instrucción 2 de La Laguna, sobreseyó provisionalmente la causa en julio pasado al amparo del archivo que decretó un mes antes el Tribunal Supremo respecto al exalcalde lagunero y expresidente de Canarias Fernando Clavijo, que se encuentra aforado ante ese tribunal por su condición de senador. La Sala Segunda del alto tribunal consideró que, en su caso, no se daban las circunstancias para mantener contra él la imputación de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por tomar varias decisiones en contra del criterio del interventor municipal respecto a la empresa concesionaria de la retirada de vehículos de la vía pública, Autogrúas Poli. Entre esas decisiones figuraba la concesión de un crédito de 120.000 euros con dinero municipal para reflotarla cuando se habían hecho cargo de ella algunos trabajadores, y la prórroga de la concesión a la empresa concesionaria pese a estar incursa en causas legales de retirada de la misma.
Si bien la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en un auto del que ha sido ponente el magistrado Fernando Paredes Sánchez, da por buena la decisión de la jueza de sobreseer el delito de malversación en concordancia con los argumentos del Tribunal Supremo, sí considera necesario que se motive mejor la del delito de prevaricación respecto a tres de los no aforados involucrados en la causa.
A partir de estos momentos, la jueza instructora deberá emitir un nuevo auto en el que explique con mayores argumentos los motivos del sobreseimiento decretado y, en función de tales argumentos, las partes podrán o no recurrirlo.
El caso grúas estalló después de que concejales de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna interpusieran una denuncia ante la Fiscalía por lo que consideraban delictivo en la gestión de la grúa municipal, que fue privatizada por el entonces concejal Fernando Clavijo, luego alcalde de la ciudad y años después, presidente de Canarias. El administrador de la empresa concesionaria sufrió presiones para que fueran contratadas determinadas personas, según declaró ante la policía y la autoridad judicial; luego, impagos por parte del consistorio para que cediera la empresa a trabajadores amigos de Clavijo, que recibieron un préstamo de 120.000 euros de los fondos municipales cuando entró en una situación delicada. La concesión fue prorrogada a pesar de no cumplir con las condiciones de la adjudicación y finalmente fue vendida a espaldas del Ayuntamiento a otro empresario, que pasó a explotar el servicio.
La designación de Clavijo como senador por la Comunidad Autónoma, decidida por el Parlamento de Canarias a propuesta de su partido, le libró de la instrucción en La Laguna y lo convirtió en aforado ante el Supremo. Fue entonces cuando se hizo con los servicios del prestigioso abogado José Antonio Choclán, que finalmente consiguió que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que preside el canario Manuel Marchena, archivara la causa respecto al senador. Tres de los imputados no aforados tienen que volver a vérselas ahora con la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.