Conrado Domínguez, hasta ahora director del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha dejado este jueves el cargo por su implicación en el denominado caso Mascarillas, que investiga el contrato de emergencia que el organismo autónomo firmó en mayo de 2020 con una empresa dedicada al sector de la automoción para adquirir, por cuatro millones de euros, un millón de mascarillas FFP3 que nunca llegaron a su destino, los hospitales de las Islas.
Domínguez explica en la carta de dimisión que ha adoptado esta decisión después de que el juez instructor decretara el secreto de sumario y para mantener su derecho a la defensa sin repercutir en la actividad del SCS.
Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, antes de esa renuncia Domínguez había mantenido una reunión con el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, a raíz de las últimas informaciones sobre el caso Mascarillas. El empresario Rayco Rubén González, adjudicatario del fallido contrato, prestó declaración ante el magistrado el pasado jueves 27 de octubre y aportó mensajes de WhatsApp que intercambió mientras se negociaban sus términos con el propio Domínguez, contradiciendo de esta manera lo manifestado hasta la fecha por el dimisionario director del SCS.
Pérez ha evitado pronunciarse sobre si la renuncia de Domínguez ha sido forzada por Torres, pero sí ha recordado que él mismo, a título personal, expresó el pasado sábado su “sorpresa” al enterarse de la existencia de ese intercambio de mensajes.
El Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria investiga desde el pasado mes de julio ese contrato tras admitir la querella que la Fiscalía Anticorrupción había formulado contra Conrado Domínguez; la anterior directora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, y el empresario Rayco Rubén González, administrador de RR7 United, por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales.
Domínguez ha presentado su carta de dimisión un día después de que expirase el plazo para que el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, prestase declaración por escrito por este caso, aunque fuentes del Ejecutivo indicaron este jueves que el dirigente socialista aún no había recibido del juzgado la lista de preguntas que las distintas partes personadas en ese caso quieren que responda. Domínguez compareció ante el juez como investigado el 30 de septiembre.
El cese, formalmente propuesto por el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha sido aceptado por unanimidad en el Consejo de Gobierno. De momento no se ha nombrado sustituto ni se han puesto nombres sobre la mesa.
El Gobierno de Canarias está personado en el caso Mascarillas y ha indicado en diversas ocasiones que no cejará en su empeño para recuperar los millones abonados a la empresa RR7, dedicada al sector de la automoción y sin experiencia en el sector sanitario, pero que fue la adjudicataria del contrato millonario. Julio Pérez ha recordado que el Ejecutivo supo de este caso por los medios de comunicación, “lo que no deja de ser una manera singular de enterarse”, que está personado en calidad de “perjudicado” y que su único interés es “cooperar con la justicia y recuperar el dinero que se pagó a cambio de nada”.
Dos etapas al frente del SCS
Conrado Domínguez cierra de esta manera su segunda etapa al frente del SCS. El economista había accedido por primera vez al cargo en enero de 2017, después de que Coalición Canaria (CC) expulsara del Gobierno regional a los consejeros socialistas, incluido el de Sanidad, tras la ruptura del pacto suscrito tras las elecciones de 2015. El entonces presidente Fernando Clavijo había designado como consejero del área a José Manuel Baltar, hasta aquel momento vicepresidente de la patronal de la sanidad privada y gerente de Hospitales San Roque, y Baltar había confiado en Domínguez como su número dos.
El hasta este jueves director del SCS abandonó por primera vez el puesto tras las elecciones de 2019. Antes había vivido un agitado final de legislatura con duras críticas de un sector del PSOE por lo que entendían una deriva privatizadora de la gestión de la sanidad en Canarias.
Tras esos comicios de 2019, Domínguez fue nombrado secretario general técnico en la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Viviendas que lidera un socialista, Sebastián Franquis, uno de sus principales valedores dentro del Ejecutivo. Con la irrupción de la pandemia, pasaría a formar parte, en calidad de coordinador, del Comité de Emergencias Sanitarias. Desde ese puesto negocia, en mayo de 2020, el contrato de emergencia con RR7 United que ha provocado su imputación en una causa penal y, finalmente, su dimisión.
La entrada de Domínguez en ese comité acabó precipitando la salida de la entonces consejera de Sanidad, Teresa Cruz (PSOE), del Ejecutivo. La socialista fue destituida dos días después de defender su jerarquía sobre el coordinador de ese órgano asesor.
Finalmente, Domínguez regresó a la dirección del SCS en septiembre de 2020, provocando a su vez la renuncia de otros altos cargos socialistas que se habían mostrado muy críticos con su gestión en la anterior legislatura, como el exconsejero Jesús Morera, en aquel momento gerente del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, o de Ricardo Redondas, a la sazón gerente de Atención Primaria en esa isla. Domínguez fue el cuarto director del organismo en menos de un año. El tercero, Alberto Pazos, apenas había durado dos meses en el puesto.
Para ese segundo nombramiento, Domínguez contó con el apoyo dentro del Ejecutivo de Sebastián Franquis o del vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez (Nueva Canarias), además del influyente líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo.