La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO) Canarias ha anunciado este martes que interpondrá un recurso ante la jurisdicción social de la Orden de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias por la que acepta el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por el Ayuntamiento de Gáldar (Gran Canaria).
“Esta decisión supone un despropósito que da rienda suelta a los ayuntamientos canarios para que gestionen sus cuentas con tanta irresponsabilidad como les apetezca porque siempre la podrán compensar despidiendo a empleados públicos”, subrayó el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Pedro Moreno.
La Orden, que revoca la decisión contraria al ERE de la Dirección General de Trabajo del propio Gobierno canario, permite el despido inmediato de 17 trabajadores y la suspensión temporal de otros 87 en un Ayuntamiento, como el de Gáldar, que “tiene pendiente de cobro cerca de 19 millones de euros, de los cuales 10,5 son producto de la gestión del actual alcalde, Teodoro Sosa”.
Al respecto, Moreno indicó que con esto el Gobierno canario le viene a decir “al Ayuntamiento de Gáldar que no se preocupe de gestionar el cobro de esas cantidades, ni de mejorar la eficiencia de la administración sino que cuadre las cuentas despidiendo a los trabajadores”.
Sin embargo, agregó, “lo que se le escapa” al Gobierno canario es que los empleados públicos “tienen por función el sostenimiento de los servicios públicos y la mejora del bienestar de la población” pero a la Consejería de Empleo “parece que solo le ha importado salvar la mala gestión de un alcalde”.
Por eso, afirmó, CCOO llevará ante la justicia este “peligrosísimo precedente que, de conseguir carta de naturaleza, abriría las puertas al desmantelamiento de los servicios públicos como producto de una mala gestión” de sus responsables políticos.
Añadió que si esta medida prospera, supondría un “total socavamiento no ya del estado de bienestar sino del estado mismo, cuya estructura podría quedar reducida a la de los políticos gobernantes y la de sus cargos de confianza que, como es obvio, siempre quedarán a resguardo de los ERE”.