Un cambio de gobierno en España es algo más que ministros entrando y saliendo con sus carteras. La figura del cesante llega a escalones más bajos de la función pública, a pesar de que hace justo 100 años se pretendió acabar con el clientelismo y caciquismo del siglo XIX con el primer Estatuto de la Función Pública…
Así que, bisturí hasta las tripas burocráticas aparte, de entrada con el cese de Rajoy y el gobierno que forme Pedro Sánchez, en Canarias se van a casa una serie de altos cargos del Estado, desde la delegada del Gobierno, Mercedes Roldós, hasta la presidenta de la Zona Especial Canaria (ZEC), Jimena Delgado, el delegado de la Zona Franca de Gran Canaria, Carlos Ester, y el de Tenerife, Gustavo González.
O en el propio Gobierno estatal, la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, exdiputada nacional del PP y expresidenta de la ZEC, y en las islas no capitalinas, los directores insulares dependientes de la Delegación de Gobierno.
Cuestión diferente es el muy reciente nombramiento del exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria Juan José Cardona como presidente de la Autoridad Portuaria, en sustitución del socialista Luis Ibarra hace solo una semana tras un controvertido acuerdo entre CC y PP, ahora en fuera de juego por el cambio de gobierno.
Es ese el único cargo estatal de peso en las Islas que no depende de una decisión directa de Moncloa, sino que debe ser consensuado con el Gobierno de Canarias. Que también queda ahora descolocado por el rechazo inicial de su diputada Ana Oramas y la abstención final a la moción de censura cuando ya era irreversible.
Todos son cargos de confianza del PP, como el director de Casa África, Luis Padrón. Y todos, unos más que otros, con una estrecha vinculación con el exministro José Manuel Soria, que hasta hace solo dos años regía con mano firme los destinos del PP isleño. Con el relevo en la Secretaría de Estado de Seguridad y en la Delegación del Gobierno, también tienen los días contados los privilegios policiales y la escolta de la que sigue gozando Soria después de su dimisión por los papeles de Panamá.
En la Delegación del Gobierno dejarán también sus puestos personajes que han sido clave para que Soria haya mantenido esos privilegios, como el subdelegado en Las Palmas, el comisario Luis Molina. Del mismo modo ocurrirá en Santa Cruz de Tenerife, con el subdelegado Guillermo Díaz. Víctor Moreno, exdiputado regional y asesor de José Manuel Soria en el Ministerio de Industria, también tiene fecha de caducidad como jefe de gabinete de la Delegación. Al igual que María Amador, exconcejal de Las Palmas y hasta ahora jefa de protocolo de la Delegación.
Es solo una primera línea de lo que conlleva un cambio de gobierno a nivel estatal en las Islas. Porque por mucho que se pretendiera en 1918 dar estabilidad a la función pública en España con ese primer estatuto, el cesante, como cargo de confianza de cualquier nivel, sigue siendo una figura clave en pleno siglo XXI.