El acceso a las playas moganeras de Medio Almud, Los Frailes y Balitos, así como el de la playa de Carpinteras (San Bartolomé de Tirajana) ha sido cortado por una empresa privada mediante la colocación de vallas y grandes piedras, según denuncia Equo Gran Canaria. En el caso de la playa de Pasito Blanco correspondientes también al municipio de San Bartolomé de Tirajana la seguridad privada impide el acceso en vehículos a personas con movilidad reducida.
La Asociación Naturista de Gran Canaria ha tramitado ya una denuncia ante el Juzgado de San Bartolomé de Tirajana por considerar que los cierres responden a una vulneración de la Ley de Costas y a la intención de privatizar los accesos.
“Llevo toda la vida disfrutando de las maravillosas playas de Medio Almud y Barranco Los Frailes a las cuales accedía a través de sendas pistas de tierra que discurrían por el fondo de los barrancos, entre flora autóctona y lagartos”, argumenta Francisco Ojeda, candidato de Los Verdes en Mogán, a través de un comunicado, “ahora me encuentro que han urbanizado el espacio público e impiden el acceso a las playas mediante una valla cerrada con candados y piedras de enormes dimensiones”.
Según Ojeda, para acceder a las mencionadas playas desde las vallas hay que recorrer a pie cientos de metros, “lo que representa un obstáculo insalvable para algunos amigos con problemas de movilidad que disfrutaban de estas playas antes de que fueran privatizadas”. Tampoco pueden acceder vehículos de emergencia o las fuerzas de seguridad pública.
Según denuncia Equo, en la playa de Pasito Blanco, hoy mismo la seguridad privada a negado el paso a Yesica Flores, en estado avanzado de gestación, que estaba acompañada por su bebe de 2 años. A la cual impidieron ser acercada en vehículo al litoral.
Contra la Ley de Costas
La Ley de Costas estable en su articulado que “La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos. En lugares de tránsito difícil o peligrosos dicha anchura podrá ampliarse en lo que resulte necesario, hasta un máximo de 20 metros”.
Según Equo, “el cierre con una valla del único acceso a una playa es un hecho contrario a la Ley de Costas y supone un acto de privatización del litoral. También es cuestionable la ocupación y urbanización de unos barrancos por cuya integridad debería velar el Cabildo de Gran Canaria a través del Consejo Insular de Aguas”.