La entrada de Ciudadanos en mesas de negociaciones para conformar gobiernos, por primera vez en las instituciones de Canarias, tiene al partido abierto en canal y despedazado de mala manera. Tanto, que sus principales cargos dirigentes lo están llevando al descrédito entre acusaciones de “tamayazo”, transfuguismo o de “compra de votos por cargos”, a raíz del pacto de gobierno alcanzado por dos concejales naranjas con el PSOE en Santa Cruz de Tenerife, apoyado por la confluencia formada por Podemos, Izquierda Unidad y Equo. Sobre todo por la querencia natural de Cs a escorarse a la derecha, con CC y PP.
Ese golpe letal sufrido por Coalición Canaria, al perder una de sus plazas sagradas como es el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, provocó que la secretaria de Comunicación y candidata a la Presidencia del Gobierno regional, Vidina Espino, acusara a sus compañeros concejales, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, de haberse vendido. “Todo un tamayazo”, aquel cambio de voto de dos socialistas de la Asamblea de Madrid, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que dieron el poder a Esperanza Aguirre (PP) en 2003 sin que desde la Fiscalía, por entonces bajo el Gobierno de José María Aznar, se investigara si hubo un presunto cohecho.
El Comité de Régimen Disciplinario de Ciudadanos ha suspendido cautelarmente de militancia y abierto expedientes a ambos concejales, también tras la reacción de otro miembro del comité de pactos, la secretaria de Acción Institucional, Teresa Berástegui. Ataques que, por otro lado, ya generan muestras de solidaridad y de apoyo hacia los expedientados, como la del portavoz de Ciudadanos en el Cabildo de Gran Canaria, Ruymán Santana, que aplaude que Cs acabe con 40 años de CC.
Pero la apertura de esa investigación en el seno de Cs no ha atajado la hemorragia naranja. Zamudio y Lazcano han anunciado acciones legales contra Espino si no se retracta de sus acusaciones. Y garantizan al partido poder demostrar que el comité de pactos regional estaba al tanto de todo. Sólo a última hora antes del pleno ese mismo sábado, los concejales recibieron instrucciones, y por whatsapp, de que no dieran su voto a la candidata socialista, Patricia Hernández, y se votara a sí misma para facilitar el triunfo del alcalde saliente, José Manuel Bermúdez (CC).
Lo saben todos los actores en presencia de un acuerdo municipal del que también participó el PP durante los días y semanas anteriores, dispuesto a sumarse a Cs y PSOE para desplazar a CC. Pero una oferta envenenada de los nacionalistas a los populares para que estos presidieran un Gobierno regional de derechas dejó al PP fuera de esa acuerdo municipal, contra el que CC llegó a presionar en Madrid a Cs. Lo hizo el propio Fernando Clavijo ante José Manuel Villegas, secretario general nacional, obviamente más preocupado por lo que pasa en Madrid o en Barcelona que por una crisis de identidad y credibilidad a dos mil kilómetros de distancia.
A la tormenta naranja perfecta se añade que las acusaciones de las secretarias de Comunicación y de Acción Institucional van dirigidas, de paso, a quien en teoría es el más alto cargo de un partido que no tiene una cabeza visible clara en las Islas, el secretario de Organización, Juan Amigó. Es el blanco final de todos los dardos que en los últimos días se lanzan contra el golpe que se ha dado a Coalición en Santa Cruz, tanto desde la cúpula naranja canaria como de la prensa afín al poder de CC. Y con insinuaciones o claras referencias a que Amigó ha colocado a Zamudio en el gobierno municipal al frente de Urbanismo por intereses inmobiliarios propios.
Ante todo este panorama, quien está prácticamente desaparecida es la que en su momento se erigió en portavoz de Ciudadanos en Canarias, ante la ausencia de una cúpula definida, la diputada nacional y miembro de la Ejecutiva Melisa Rodríguez. De ella y de quien también en teoría ejerce de “coordinador regional” o “delegado territorial”, Mariano Cejas, nada se sabe en esta agria polémica isleña que amenaza con dejar fuera de juego a Ciudadanos de todos los pactos regionales posibles.
Porque el callejón en que han metido al partido su candidata a la Presidencia del Gobierno, Vidina Espino, y quien aspira a ocupar un puesto en el Gobierno canario con CC y PP al no haber obtenido acta de diputada, Teresa Berástegui, se estrecha cada vez más. Hasta el punto de que Ciudadanos ha dejado de ser un socio fiable para Coalición Canaria a la hora de alcanzar un principio de acuerdo para ese pacto de derechas con el PP en el Gobierno regional, en principio descarrilado.
Y todo por el veto inicial e inalterable de Ciudadanos a que un investigado como el presidente en funciones, Fernando Clavijo (CC), se siente en el próximo Consejo de Gobierno por su condición judicial en el conocido como caso Grúas, de cuando fue alcalde de La Laguna. Ciudadanos mantiene ese veto a Clavijo, como también a otro investigado de PP en el Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, que complica pactar un gobierno en esa isla antes de que se proclame presidente este viernes, por liderar la lista más votada, a Carlos Alonso (CC).
Además, el argumento esgrimido contra los dos concejales de Santa Cruz de que han incumplido las directrices de pactos de Ciudadanos al haberlo hecho con los concejales de Unidas Podemos no se sostiene. No es lo mismo pactar un gobierno en el que participe la formación de Pablo Iglesias, que votar lo mismo naranjas y morados. Y eso fue lo que ha sucedido en Santa Cruz de Tenerife: Ciudadanos ha pactado un gobierno con el PSOE en el que no entra Unidas Podemos, pero sí ha votado la investidura de la alcaldesa socialista. Fuentes del partido lo explican así de sencillo: “Como en Andalucía con Vox, no estamos juntos en el gobierno”.
El incendio canario en Ciudadanos tiene visos de solo haber comenzado. Los dos concejales de Santa Cruz de Tenerife se defenderán de esas acusaciones dentro del partido, alegando que quien puede haber infringido las normas sería la propia Vidina Espino por airear esas denuncias de “tamayazo” ante la opinión pública y no ante el Comité de Garantías, a quien debió dirigirse primero que nada. Y del mismo modo sostendrán que no han incumplido las directrices generales de pactos, sino una extemporánea instrucción por whatsapp, fuera de lugar, por parte de Teresa Berástegui, seguramente presionada por su entorno más cercano de CC. Y cuando ya el pacto del que ambas eran conocedoras estaba totalmente cerrado.
Además, el fuego puede expandirse aún más por todo el territorio naranja si no se retracta de las acusaciones de “tamayazo” la diputada autonómica electa Vidina Espino, y Matilde Zamudio y su compañero siguen adelante con las acciones judiciales anunciadas. Para ello se han hecho con los servicios profesionales de la abogada socialista Sandra Rodríguez, que entre otras representaciones legales, dirige la acusación contra el presidente investigado Fernando Clavijo en el caso Grúas, en representación de Podemos. Mucha más leña para un fuego que tiene pinta de seguir ardiendo ante la incapacidad de Ciudadanos para sofocarlo.
Esas crisis, incluso, alcanza a toda la isla de Fuerteventura por un caso similar, aunque en esta ocasión las dos concejalas de Ciudadanos en la capital de la isla, Puerto del Rosario, sí han pactado integrarse en un grupo de gobierno municipal encabezado por el PSOE y su nuevo alcalde, Juan Jiménez, del que sí forma parte Podemos, a diferencia del apoyo externo que da en Santa Cruz de Tenerife.
En Puerto del Rosario el acuerdo multilateral de varios partidos contra Coalición Canaria, que lleva también décadas en el poder en ese municipio y en esa isla, ha llevado a la apertura de expedientes a esas dos concejales, Peña Armas y Sonia Álamo. Pero la decisión de los naranjas majoreros no tiene marcha atrás: si son finalmente expulsadas advierten con una desbandada masiva de afiliados en toda la isla. Un ejemplo que de cundir por otros acuerdos impuestos e incómodos para la militancia en ayuntamientos de Gran Canaria, como el de Santa Brígida, pueden dejar a Ciudadanos contra las cuerdas. Y en evidencia su estrategia de pactos.