La cúpula canaria de Ciudadanos tiene en sus manos que la villa grancanaria de Santa Brígida siga siendo gobernada por la plataforma progresista Ando Sataute, o que vuelvan al poder concejales que durante los gobiernos del PP permitieron uno de los grandes atentados urbanísticos en las Islas: la construcción de un centro comercial ilegal en pleno casco urbano de la Villa, conocido como el mamotreto.
Con el argumento de que el socio preferente de Ciudadanos es el PP en todos los pactos locales, y que Ando Sataute es la expresión municipalista de Podemos, a quien Ciudadanos tiene vetado, el comité de pactos local que dirige el sector del partido liderado por el diputado nacional Saúl Ramirez ha dado instrucciones a la concejal María Jesús Álvarez de que no haga alcalde a la actual regidor, José Armengol (Ando) y se decante por el exvicepresidente del Cabildo de Gran Canaria durante la presidencia del exministro José Manuel Soria, Miguel Jorge Blanco.
El 26 de mayo, Ando Sataute ganó las elecciones con 6 de 17 concejales, seguido del PP (5), PSOE (2), Unidos-Coalición Canaria (2), Ciudadanos (1) y Plataforma Vecinal de Santa Brígida (1). Entre la militancia de Ciudadanos en el municipio, demasiado acostumbrado a históricas corruptelas urbanísticas, se prefiere que el actual alcalde siga en su puesto con un pacto con el PSOE. El voto de Ciudadanos es clave para ello. Pero del mismo modo, esa cúpula regional prefiere a Miguel Jorge Banco de alcalde, aunque para ello debe sumar además de a Ciudadanos, a los dos concejales de Unidos-Coalición Canaria y el edil de la Plataforma Vecinal.
Y ahí está la clave del mamotreto. Ese pacto de cuatro partidos de derechas debe incluir a ediles que durante los gobiernos municipales del PP de la década pasada tomaron siempre decisiones favorables a la UTE que construía de manera ilegal el centro comercial que ha destrozado el centro de la Villa. Entre ellos, Martín Sosa, cabeza de lista de Unidos-CC, o su número dos, Ángel Luis Santana; también el único edil de Plataforma Vecinal, Armando Umpiérrez, o incluso dentro de la lista renovada del PP, uno de sus componentes, Salvador Socorro Santana.
Todos ellos proceden del PP. Fueron concejales durante los mandatos del histórico líder ya fallecido Carmelo Vega, y sucesores suyos en la alcaldía como Antonio Díaz o Lucas Bravo de Laguna, este último elegido ahora diputado regional por las filas de Unidos-Coalición Canaria, cuando es un declarado nacionalista español. Fueron alcaldes y concejales investigados e imputados siempre bordeando la legalidad urbanística en diferentes casos de corrupción cuyas pesquisas nunca acababan.
En lo que respecta al mamotreto, todos esos concejales votaron favorablemente acuerdos discutibles, siempre en beneficio de la UTE liderada por FCC y contra el interés del Ayuntamiento; en especial, cuando la ilegalidad manifiesta de la obra ya era más que evidente, pero los grupos de gobierno del PP eternizaban la resolución del problema creado en el centro del pueblo con esa ilegalidad urbanística.
Solo a raíz de la entrada en el gobierno de Ando Sataute en 2015, que acabó con décadas de poder del PP y sus escisiones en la Villa, el Ayuntamiento decidió tomar cartas en el asunto para resolver contratos e iniciar el derribo, recientemente, de la estructura de ese centro comercial ilegal que nunca se llegó a construir.
En el caso del mandato que comienza el sábado con la constitución del consistorio, una de las decisiones clave de los próximos años será precisamente la obra y el uso que se le vaya a dar a esa gran parcela en el centro del pueblo, además de contratos municipales de enjundia económica como los de limpieza viaria y recogida de residuos o la concesión del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento.