El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este miércoles que la anulación por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la disposición adicional segunda de la Ley de las Islas Verdes, relativa a actuaciones que se declaran de interés insular a los efectos de la tramitación de instrumentos de planificación singular turística, “solo afecta a un número determinado de proyectos”, pero no a la seguridad jurídica de la ley ni a su concepción global.
Añadió que la anulación tampoco afecta a los proyectos de interés estratégico insular o autonómico, pero sí había una serie de intervenciones que con la disposición segunda se pretendían incluir para darle seguridad jurídica, aunque el TC ha dicho en su sentencia que se tienen que hacer mediante el procedimiento normal, de manera que los cabildos y ayuntamientos podrán hacerlo en sus planeamientos territoriales.
Sobre el hecho de que avale la constitucionalidad de la ley, entiende que es una “buena noticia” y supone que “después de ríos y ríos de tinta, el tiempo pone las cosas en su sitio”.
En declaraciones a los medios, Fernando Clavijo ha remarcado que el propósito de esta ley es “construir prosperidad y seguridad jurídica” y la sentencia del TC “ha venido a ratificar el trabajo del Gobierno y también el que se ha hecho por parte de los grupos políticos, que apostaron por construir algo en Canarias”.
Clavijo cree que la sentencia “viene a dar seguridad jurídica a los ciudadanos, a los ayuntamientos, a los cabildos, al Gobierno de Canarias y a los operadores jurídicos a la hora de poder desarrollar un sistema turístico en aquellas tres islas que se quedaron descolgadas del turismo, con un modelo adaptado a su idiosincrasia, que no necesariamente tiene que ser el modelo de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria o Tenerife”.