La comparecencia de Fernando Clavijo ante el Parlamento regional sobre el caso Grúas venía con mucha expectación pero quedó en una esperada proclamación de su inocencia y en un quiero y no puedo de los grupos políticos de la oposición dado que el presidente del Gobierno regional aún no está imputado, sino que la jueza instructora de la causa penal ha elevado el caso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) con la petición de que lo llame a declarar como investigado.
Clavijo, que compareció a petición propia y a quien todos los grupos respetaron la presunción de inocencia penal pero Podemos recordó que por responsabilidad política ya está “inhabilitado”, trató de diluir su presencia en este expediente, asegurando que fue la Junta Local de Gobierno la que acordó en 2014 dar el préstamo a la concesionaria del servicio de grúas, a instancias de un decreto suyo en el que sí pidió que se pusiera un plazo y una garantía de su devolución. Pero es más, tanto quiso diluir su responsabilidad en el expediente que fue mucho más atrás, al evocar que la externalización del servicio de grúas se tomó “bajo el amparo del Pacto por la Seguridad en La Laguna suscrito por todos los partidos y sindicatos” para resolver “los problemas de convivencia, ruidos y conflictividad ” que generaba la zona de ocio conocida como el Cuadrilátero.
El exalcalde lagunero no quiso entrar en el fondo de ninguno de los aspectos más espinosos de la causa penal, y que le fueron desgranando Podemos, el PSOE y el PP, entre ellos sus relaciones de amistad con los trabajadores que compraron Autogrúas Poli en el momento de darse el préstamo; el hecho de que esta empresa tuviera entonces como dirección el mismo edificio que otra empresa que había administrado Clavijo, y por qué no se rescindió el contrato con la concesionaria si había incumplido de forma grave el pliego de condiciones. Para zanjar estas cuestiones, alegó que ya el juez y la fiscal las descartaron y solo mantienen el caso vivo por “dos dudas”: el plazo y la garantía del préstamo. Del resto, dijo, se trata de “una fábula” con la que los denunciantes (STF-NC y Unid@s se puede) han tratado de “darle más pomposidad a una causa política”.
Como quiera que el fiscal del Juzgado de primera instrucción considera que Clavijo dio el préstamo a sabiendas de su ilegalidad porque el Interventor General así lo hizo constar, el mandatario replicó que sí se exigió como plazo el tiempo que durara la intervención temporal o “secuestro” del servicio por el Ayuntamiento y que la garantía fueron las revisiones de precios futuras y la fianza constituida cuando resultó adjudicataria, lo cual no apoyó el interventor.
Para Clavijo se trata de “una denuncia política” sobre un préstamo “que fue devuelto en dos meses”, no causó quebranto al Ayuntamiento y “permitió que la empresa siguiera prestando el servicio con total normalidad”. Obvió el presidente en su alegato que la empresa acabó luego en manos de un empresario que la adquirió por un simbólico euro, para asumir su deuda de 700.000 euros y con una concesión renovada sin que saliera a concurso público pese a los incumplimientos de Autogrúas Poli en la época en que la compraron a su propietario original, Luis Padilla, trabajadores con los que Clavijo mantenía relaciones personales.
El exregidor municipal, como ya hiciera semanas atrás cuando se filtró el escrito del fiscal favorable a su imputación, lejos de explicar por qué no se resolvió el contrato y se sacó a licitación el servicio, trató de justificar que Autogrúas Poli se retrasara en el pago de las nóminas y a los proveedores y a la Seguridad Social: “Llegó la crisis, golpeó a los ciudadanos y a las empresas; se peatonalizó el casco y se creó el tranvía...”. Y esgrimió un dato que ya le da poca ganancia: que la causa se archivó inicialmente (fue reabierta en 2017 por la Audiencia Provincial), pero para él ya en ese sobreseimiento “se demostró que todo era una fábula”.
Podemos reairea declaraciones comprometedoras para Clavijo
A los portavoces de la oposición (que es mayoritaria en el Parlamento porque CC gobierna en minoría) se les notó una cierta contención por cuanto todavía no se sabe si el TSJC decide imputar o no a Clavijo. Noemí Santana, de Podemos, tachó de “despropósito” la gestión del exaldalde en el caso Grúas, a quien lo ve ya “inhabilitado e incapacitado para gobernar, al tiempo que mostró su ”asombro por los bandazos“ que ha dado en su defensa.
La diputada podemita puso el dedo en llagas que Clavijo prefirió sufrir sin entrar de lleno en cada una de ellas. “La mayoría de los empleados que compraron Autogrúas Poli”, relató la parlamentaria, “parece tener algún tipo de relación de amistad con usted; el primer propietario de la empresa, el señor padilla, declaró que recibió presiones suyas para contratar algunos de sus empleados [que luego adquirieron la concesionaria], y estos trabajadores dicen que se hipotecaron sin ser conscientes porque usted les dijo que este es un negocio bonito”. Santana recriminó a Clavijo que se considere “un perseguido político” cuando “la Audiencia Provincial, una jueza y un fiscal han visto indicios de delito en su actuación” como alcalde.
Para el PP, una “comparecencia trampa” de Clavijo
A la portavoz del PP, Australia Navarro, le quedó la “sensación” de que el líder de CC les ha tendido a los diputados “una emboscada con su comparecencia trampa”, porque desde su punto de vista Clavijo acude a dar explicaciones sin que ni siquiera haya citación del TJSC para que declare como imputado. “No entiendo qué pretende haciendo el juego a los grupos políticos que ponen la carreta antes que lo bueyes, por lo que esta comparecencia no tiene lógica; desde luego esto no es transparencia, es hacerse trampas en el solitario”, enfatizó Navarro.
Aún así, la diputada popular también puso sobre la mesa las dudas que sobre el expediente del caso Grúas tienen los denunciantes y el fiscal: “¿Por qué el Ayuntamiento se convirtió en una entidad bancaria sin ninguna garantía de devolución?¿Qué le impulsó a saltarse dos reparos de la intervención?¿Se convirtió una subvención en un crédito para saltarse los principios de libre concurrencia e igualdad de trato?”.
Pero como no hay aún imputación, sino solicitud de que la haya y el caso lo instruya el TSJC, Navarro prefirió esperar a lo que decida el alto tribunal canario. No obstante, dejó claro que “si Clavijo fuese investigado por corrupción, habrá que poner en marcha la exigencia de responsabilidad políticas, si sus explicaciones en el Parlamento fueran tan insatisfactorias como hoy”. Es más, para el PP ese sería el momento de que el PSOE “pasara de las palabras a los hechos y presentara una moción de censura”.
El PSOE señala un decreto de Clavijo “sin red de seguridad”
Desde la bancada socialista, otro lagunero como Clavijo, Gustavo Matos, respetó la inocencia pero distinguió entre responsabilidades políticas y las penales, y afeó al mandatario que hable del “uso político” de esta denuncia cuando “ahora es él mismo el que hace un uso político con esta comparecencia”. “Usted ha abierto al caso Grúas las puertas del Parlamento y ya no se pueden cerrar”, proclamó, con cierto resabio de orador.
Reprochó Matos a Clavijo el que trate de “endosarles la responsabilidad de todo a personas honorables, algunas de mi partido hoy y en el pasado, que formaban la Junta Local de Gobierno”. Y en sarcástico giro, el exconcejal lagunero se dirigió a los miembros del Ejecutivo regional para darles un aviso que les provocó una sonrisa: “Tengan cuidado los consejeros porque luego cuando en el futuro las cosas se pongan complicadas, Clavijo les dirá que él no pasaba por allí”.
Al igual que Podemos y PP, Matos enumeró las suspicacias que provocan aspectos de esta historia como el que los trabajadores que compraron Autogrúas Poli tuvieran la misma sede social que la empresa de Clavijo, o que se vendiera la adjudicataria sin autorización del Pleno municipal o el saltarse dos veces los reparos del internventor general. “Y esto es lo que va a ser investigado por el TSJC”, avanzó.
Puso de relieve el diputado socialista que Clavijo, en su comparecencia, “se olvidó de mencionar uno de los decretos que él firmo, con peor apariencia de legalidad y en la que no tiene ninguna red de seguridad con informes externos: el dictado en 2014 por el que se prorrogó el servicio a Autogrúas Poli” a sabiendas de los incumplimientos que indicaron los interventores municipales.
En respuesta al PP, Matos dijo que el PSOE tomará en su momento la decisión de presentar una moción de censura si Clavijo es imputado, aunque antes invitó al exalcalde a que se pregunte en ese supuesto si vale la pena dar el paso de renunciar a su cargo.
NC prefiere no hacer todavía “juicios de valor”
Con un discurso prudente, el portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, no quiso hacer sangre hasta no saber si hay imputación o no, por lo que se limitó a comentar que si este martes el Parlamento trababa el caso Grúas es porque el propio Clavijo ha comparecido, pero que a NC “le hubiera gustado discutir sobre los problemas de Canarias”. “No vamos a politizar este proceso, no haremos juicios de valor, respeto a la Justicia, a los denunciados y los denunciantes”, apuntó Rodríguez, quien dejó claro que se ha leído los autos de la Audiencia Provincial y del Juzgado en el que se aprecian indicios de delito.
Pero, al menos en este pleno, el líder de NC, pese a ser su marca en La Laguna (XTF-NC) uno de los denunciantes del caso -a través de su líder local, Santiago Pérez- optó por un discurso suave, en el que lo mejor pareció ser el remate humorístico con la nueva imagen de Clavijo: “La barba lo hace a usted más viejo, pero no más sabio”.
Un comprensivo Curbelo no cree de interés aún el caso
Pero si en este pleno un portavoz comprensivo con el jefe del Gobierno canario, ese fue Casimiro Curbelo, el líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG). Tal es así que recomendó a sus señorías “no obstinarse ni cansar a los ciudadanos con cosas que tiene poco interés”. Así que para el también presidente del Cabildo gomero, dar pábulo político al caso Grúas en la Cámara autonómica es aún “un intento de vender la idea de que todos somos corruptos y eso es la antesala del populismo”, máxime, dijo, “sin que haya aún el mínimo pronunciamiento judicial”. En realidad sí lo ha habido: una Audiencia Provincial que reabre la causa, un fiscal que ahora sí ve indicios de delito y una jueza que pide la imputación de Clavijo al TSJC.
El líder gomero, sólido respaldo de CC desde que se quedó en minoría Clavijo, echó un cabo al jefe del Gobierno: “Aquí todos sabemos que de lo que se trata es de desgastar la figura política de Clavijo como candidato a las elecciones de 2019”. E ironizó con que los diputados iban a hacer de “futurólogos y anunciar lluvias, que tanta falta hacen”, metáfora en la que el meteoro por llegar sería la imputación del presidente. Así que aunque para Curbelo la comparecencia fue “un acierto político y una cortesía”, sólo debiera haber consecuencias políticas si la causa acabara en condena. “Pero es un futurible”, reiteró el político gomero, quien ya estuvo imputado por el caso Telaraña, que fue sobreseído.
Para Coalición, el expediente fue un “éxito”
Clavijo tuvo el pleno apoyo de su grupo, Coalición Canaria. Su portavoz, José Miguel Ruano, llegó a a entronizar el expediente administrativo del caso Grúas como “un éxito” y a calificar la gestión del entonces alcalde como “inconmensurablemente eficaz para el Ayuntamiento de La Laguna”.
El compareciente, a quien el PSOE le pidió que vuelva a comparecer en sede parlamentaria motu proprio si es imputado, aceptó el guante y anunció: “Daré la cara cuando la tenga que dar: Tengo la certeza de que he obrado con rectitud y conforme a la legalidad”.
En resumen: que casi todos sus señorías siguen esperando, para definir su estrategia con esta causa penal, por el TSJC, en cuyas manos está que el presidente canario afronte un proceso judicial a tan solo ocho meses de las elecciones autonómicas.