El portavoz de Coalición Canaria (CC) San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Alejandro Marichal, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra la alcaldesa del municipio, Concepción Narváez, así como su homólogo en Santa Lucía de Tirajana, Francisco José García, y las hermanas interventoras de los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y de Santa Lucía de Tirajana, Tania y Noemí Naya, respectivamente, así como contra las “otras personas que puedan aparecer como responsables penales de hechos que indiciariamente constituyan delito en la preparación, adjudicación y ejecución” del I Congreso Administración Local y Funcionarios con Habilitación Maspalomas-Santa Lucía 2022.
Así lo recoge el escrito presentado por Marichal donde expone que “las interventoras decidieron organizar unas jornadas formativas pagadas con el dinero que ellas tienen en custodia en sus ayuntamientos y donde sólo acudirían las personas elegidas por ellas, tanto para las ponencias como para la general asistencia”.
Añade que todo ello se produjo obviando “las posibilidades que en materia de formación ofrece (en el caso de los funcionarios con habilitación nacional) el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local y sus Colegios Territoriales, los cauces de formación de la Federación Española de Municipios y Provincias, o el propio Instituto Nacional de Administraciones Públicas”.
De este modo, los hechos que se han puesto en conocimiento de la Fiscalía es el “empleo de caudales públicos por los responsables políticos y funcionarias denunciados en beneficio propio”, lo que desde CC se entiende supuso el “despilfarro, derroche, dispendio, gasto excesivo y superfluo” para la celebración de las jornadas de administración local, celebradas del 16 al 19 noviembre, en el Hotel Riu Palace Maspalomas.
“Para tener una imagen clara del gasto, sólo hay que compararlo con la organización y desarrollo de la Conferencia Ministerial de la OCDE, donde Maspalomas fue sede del mundo digital del 13 y el 16 de diciembre, aquí acudieron 50 delegaciones oficiales y 20 ministros y costó 70.000 euros, de ahí hasta 500.000 euros (que es lo que se prevé que costó la jornada funcionarial), hay mucho dinero de diferencia”, apuntilló.
Marichal indica que en la organización y celebración del “Congreso del Lujo” entiende que se produjo un delito de malversación de caudales públicos de los artículos 432. 1 en relación con el artículo 252 del Código Penal, que sanciona la Administración “desleal que comete quien teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado al producirse un menoscabo al patrimonio público provocado por un ejercicio exorbitado de las funciones encomendadas”.
Al respecto, matiza que la actividad desplegada por los denunciados “consistió en destinar el dinero de todos los ciudadanos a la finalidad privada de conciertos privados de los mejores artistas a nivel nacional, almuerzo de lujo con degustación de exquisiteces, exhibiciones de danzas privadas de la reina del carnaval de Maspalomas año 2021 y un largo sin fin de extravagancias ante el asombro de los españoles de bien”.
Además estima que los hechos puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa del 404 del Código Penal que “castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo por cuanto los denunciados han obviado por completo el procedimiento establecido, actuando con desviación de poder, acordando de manera previa el resultado de la adjudicación y haciendo que el papel y la presentación formal de la oferta por la empresa adjudicataria fuera una actuación ficticia sin contenido real, y todo ello a conciencia de que su actuación era desviada”.
Para Alejandro Marichal las conductas de los denunciados suponen “una merma para el bienestar” de los ciudadanos de los municipios implicados, apuntando que las resoluciones dictadas “lo han sido a sabiendas de su injusticia, ya que los denunciados eran conscientes de que el dispendio del dinero realizado era innecesario, caprichoso y no reportaba un bien a la colectividad, sino a un grupo reducido de personas, siendo el mismo torcido e injustificado”.
Por último, apunta a que se ha dado traslado al Ministerio Fiscal de los hechos a los que se ha tenido acceso debido al “absoluto hermetismo” por parte de los denunciados, ya que entre otras cuestiones “no se conoce el número de traslados en avión que se realizaron a cargo de la organización, los coches de alta gama utilizados para los desplazamientos en la isla, el régimen y motivo por los que fueron trasladados los acompañantes de los asistentes, el número de artistas contratados y el caché de cada uno de ellos”.
Por todo ello, Marichal solicita al Ministerio Fiscal que con el escrito presentado “quede formulada la denuncia penal contra las personas reseñadas y que formule acusación (previa la práctica de las diligencias de investigación que se estimen necesarias) por la constatada existencia de indicios de delito contra las personas denunciadas”.