Cuando la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife culminó en tiempo récord, en una frenética mañana, el expediente de contratación del concierto que ofrecieron el cantante dominicano Juan Luis Guerra y la banda cubana Orishas en la penúltima edición del popular Carnaval de Día de la capital, la de 2019, faltaban apenas cien días para la celebración de elecciones municipales. El gobierno municipal, liderado por Coalición Canaria (CC) -en alianza con el Partido Popular (PP)-, pagó esa misma fecha (el 14 de febrero) la primera factura presentada por el productor Alfredo Moré, el bailarín cubano que, avalado por la directora del grupo Prisa en Canarias, había resultado adjudicatario de un contrato que se tramitó a través de un procedimiento negociado sin publicidad y por la vía de urgencia. Ese primer abono ascendió a 250.597,16 euros, exactamente la mitad del precio del concierto, que fue de 501.194,33 euros.
Ni el importe ni el adjudicatario fueron, sin embargo, los que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas que obra en el expediente. En este documento aparece como contratista Radio Club Tenerife-Cadena SER, organizadora del evento, por un importe de 412.378,64 euros. Es decir, cerca de 89.000 euros menos de los que realmente se pagaron con dinero público. Después de que, a finales del pasado mes de octubre, se conocieran algunos de los detalles de esta contratación, el gerente del Organismo Autónomo de Fiestas (OAF) en el momento de los hechos, José Ángel Alonso, se apresuró a asegurar que se trataba de un error y a aportar acto seguido un segundo pliego técnico, no foliado en el expediente, con el precio incrementado y el nombre de un productor local poco conocido que, sin embargo, contaba con el aval de una certificación de solvencia económica firmada por Lourdes Santana, directora en Canarias de Prisa, el mismo grupo de comunicación que tan solo unos días había renunciado en favor de este intermediario.
Mientras la Fiscalía Anticorrupción investiga, a raíz de una denuncia presentada por Unidas Podemos, ese sobrecoste y las extrañas circunstancias que rodearon esta operación, el oficial mayor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el funcionario con habilitación nacional que ha instruido la información reservada abierta en la corporación local a raíz de las noticias publicadas por varios medios de comunicación, ha propuesto anular el expediente ante las “diversas irregularidades” en las que incurrió el órgano de contratación. Esta revisión de oficio podría conducir, según fuentes municipales consultadas, a la apertura de otro procedimiento para la reclamación de cantidades indebidamente cobradas. Sus conclusiones serán, además aportadas al Ministerio Fiscal por parte del Ayuntamiento.
“El importe me lo dieron dado”
En el marco de esta investigación interna, una funcionaria que participó en la tramitación del expediente del concierto de Juan Luis Guerra y Orishas en el Carnaval santacrucero manifestó que las negociaciones con Radio Club Tenerife- Cadena SER no habían llegado a buen puerto y que, por eso, el contrato tuvo que hacerse con otro representante. “El importe me lo dieron dado”, afirmó la técnica a preguntas del instructor sobre la sustancial diferencia de precios.
Ni Radio Club Tenerife ni Alfredo Moré han acreditado ser los representantes exclusivos del cantante dominicano y el grupo cubano en Canarias, a pesar de que el intermediario presentó una carta, firmada únicamente por él, en la que se atribuía esa condición. Para Francisco Clavijo Rodríguez, instructor de la investigación interna, ese documento no es más que una “declaración responsable”, “a todas luces insuficiente para demostrar esa exclusividad” que justificaría tanto el procedimiento utilizado (el negociado sin publicidad) como la ausencia de concurrencia. Para poder corroborar tal extremo, la carta debería estar firmada no solo por el representante, sino también por el propio artista. Este “vicio en la contratación” debería determinar, a juicio del habilitado nacional, la nulidad de pleno derecho del expediente de contratación al haberse prescindido “total y absolutamente” del procedimiento legal.
También considera causa de nulidad, por no estar justificada, la declaración de urgencia en la tramitación. La propuesta para la contratación de Juan Luis Guerra se firmó a principios de febrero de 2019, apenas un mes antes de la celebración de un concierto que, según los datos ofrecidos en su momento por los organizadores, reunió a más de 400.000 espectadores en las inmediaciones de la céntrica Plaza de España. Fiestas justificó esa celeridad en una “necesidad inaplazable” por la proximidad del Carnaval y en un interés público que derivaba del cartel de los artistas. Sin embargo, todos los técnicos que declararon ante el oficial mayor admitieron que conocían la fecha con seis meses de antelación, por lo que “se hace muy difícil entender la urgencia de la contratación”. El propio productor llegó a afirmar que los trabajos para llevar al conocido cantante dominicano a la capital tinerfeña se habían iniciado un año antes.
26.000 euros más en tan solo una semana
La tercera irregularidad apreciada en el procedimiento tiene que ver con el precio del concierto, que no fue negociado. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó más de medio millón de euros por los cachés de los artistas, los billetes de avión, el alojamiento y los seguros. En el caso de Orishas, la cotización que figura en los dos pliegos técnicos es la misma, 73.000 euros, el doble de lo que costó el concierto que este grupo ofreció en el sur de Tenerife varios meses después y 26.234 euros más de lo que pagó el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma tan solo una semana antes. El cambio se produjo en el coste de contratación de Juan Luis Guerra. En el pliego en el que figura en el expediente, con la Cadena SER como adjudicataria, el precio es de 339.021 euros. En el aportado por el exgerente del OAF fuera del expediente, con Moré como contratista, la tarifa ascendió a 427.837 euros. Para el instructor de la información reservada, estas discrepancias entre los pliegos son “llamativas”, pero carecen de relevancia penal.
Aunque los cachés de los artistas no permanecen inalterables y dependen, entre otros factores, de si el concierto se enmarca en una gira o responde a un requerimiento para una fecha concreta, lo cierto es que, cuatro años antes de su actuación en Santa Cruz de Tenerife, Juan Luis Guerra ofreció un espectáculo con motivo de las Fiestas de la Bajada de la Virgen de las Nieves de la capital palmera por un coste total de 175.000 euros, de los que unos 125.000 correspondían a la cotización del llamado rey de la bachata. Unas cantidades que, en cualquier caso, se sitúan muy por debajo del precio pagado por el Ayuntamiento de la capital tinerfeña.
Al margen de las sospechas suscitadas por estos sobrecostes, que el instructor no entra a valorar pero que están siendo analizados por la Fiscalía Anticorrupción, la propuesta de resolución sí que incide en el hecho de que el órgano de contratación omitió un elemento fundamental en el procedimiento de adjudicación, al no haber negociado ni las condiciones ni la duración de la actuación, aspectos que hubieran incidido en el precio del concierto. Además, el productor no presentó las facturas justificativas con relación a los gastos de vuelos, seguros de viajes y agentes de gestión de visados, alojamiento o material de los artistas, como exigían los pliegos, lo que no fue impedimento para que superara la fiscalización previa del servicio de intervención.
El empresario adjudicatario tampoco pudo acreditar su solvencia económica. La normativa de aplicación, la Ley de Contratos del Sector Público, exige que el candidato haya alcanzado en alguno de los tres últimos años un volumen de negocio que multiplique al menos por 1,5 el valor estimado del contrato, lo que en este caso se traduce en un mínimo de 705.907,5 euros. Moré aportó copias de su declaración de la renta en los ejercicios 2016, 2017 y 2018. El funcionario instructor remarca que esta documentación no se ajusta a lo especificado en los pliegos para justificar la solvencia y que, suponiendo “a efectos dialécticos” que su presentación hubiera estado motivada, en ningún caso hubiera ni siquiera rozado la cifra exigida, ya que la cantidad más elevada de esos años ascendía a los 80.257 euros.
La propuesta de resolución plantea el inicio de un expediente de revisión de oficio de la contratación por incurrir en tres supuestos de nulidad de pleno derecho.
La directora de Prisa en Canarias, Lourdes Santana, ha declinado hacer valoraciones sobre este informe.