El pasado 5 de abril, el presidente del Gobierno nacional, Mariano Rajoy, estampó su rúbrica junto a la del máximo dirigente de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, en el acuerdo para apoyar el proyecto de Ley de los Presupuestos del Estado de 2017. Un acuerdo que, según el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, suponía “1.300 millones de euros para la Comunidad Autónoma”.
Hasta aquí, el guión de los apoyos de los nacionalistas canarios a los gobiernos del Estado se mantenía sin cambios: estabilidad a cambio de mejoras económicas y reconocimiento de los derechos ultraperiféricos del Archipiélago. Sin embargo, tan solo cuatro meses después CC ha cambiado las reglas del juego y ha lanzado a Rajoy un órdago a la grande: o se paraliza una moción de censura en un municipio canario o el gabinete estatal no contará con más apoyos por parte de la diputada Ana Oramas ni para los Presupuestos de 2018 ni para mantener al presidente en La Moncloa hasta el final de la Legislatura.
¿Puede un equipo de gobierno destinado a 22.606 habitantes condicionar las decisiones políticas que afectan a 46'5 millones? La respuesta lógica es no, pero es la carta que CC ha puesto encima de la mesa de la sede del Partido Popular (PP) en la madrileña calle Génova para evitar que prospere el 17 de agosto la moción de censura en el municipio tinerfeño de Icod de los Vinos.
Si ya fue esperpéntico que lo que sucedía en municipios como La Frontera (4.000 habitantes) o Granadilla de Abona (45.000 residentes) pusieran en jaque al Gobierno de 2 millones de canarios durante 2015 y 2016, este nuevo escenario político-estratégico eleva la osadía a niveles cósmicos debido a que una de las señas de identidad de los nacionalistas del Archipiélago es condicionar la política nacional y su estabilidad a que las cosas marchen en las Islas con el viento a favor de los gabinetes que preside CC ininterrumpidamente desde 1993, igual que los pactos en cabildos y ayuntamientos condicionan el devenir del Ejecutivo regional.
En Icod, no en Madrid
Ya lo dijo la secretaria regional del PP canario, Australia Navarro: “Los asuntos de Icod de defienden en Icod; el futuro de Icod se defiende en Icod, y no en Madrid”. De esta manera respondía a su homólogo de CC, José Miguel Barragán, que en un comunicado expresaba su deseo de que María Dolores de Cospedal desautorizara la moción de censura presentada por los representantes del PSOE, PP, Somos Icodenses y Ciudadanos (C's) al alcalde nacionalista Francisco González.
Y es que, fiel a su estilo, la cúpula de CC recordaba que han suscrito un acuerdo con el PP “de estabilidad sobre asuntos de vital importancia para Canarias y para España”. Es decir, el famoso apoyo de la diputada número 175 (Ana Oramas) a los Presupuestos para 2018 y al presidente Mariano Rajoy para lo que resta de legislatura.
El problema para el CC, el PP o Rajoy es que en la moción de Icod también juega un papel protagonista el apoyo del famoso diputado 176 Pedro Quevedo, de Nueva Canarias (NC), toda vez que el candidato a alcalde de los censurantes es José Ramón León, líder de Somos Icodenses y asociado a NC.
“Chantaje con inevitables consecuencias”
El propio líder de NC, Román Rodríguez, advertía a los conservadores de que habrá “inevitables consecuencias en las relaciones futuras” si el PP acepta “el chantaje” de los nacionalistas, pues sería un hecho “muy grave”que “la mayoría democrática” en el municipio tinerfeño fuese “quebrada por los estrechos intereses partidistas” del presidente Clavijo.
No es la primera vez en la historia que las cuitas en el seno de CC ponen en un brete las relaciones bilaterales España-Canarias, pues cuando el propio Román Rodríguez (entonces en CC) presidió el Ejecutivo canario durante la Legislatura 1999-2003,tuvo que implicar al propio presidente José María Aznar para intentar salvar las complicadas relaciones con sus entonces socios conservadores.
Aznar se tuvo que reunir en La Moncloa con el entonces presidente de CC, Paulino Rivero, y con el diputado José Carlos Mauricio, para aplacar las voces críticas que desde los nacionalistas reclamaban la ruptura del acuerdo de gobierno en Canarias, pues era insostenible, lo que podría afectar al pacto de legislatura que existía en Madrid.
A la salida de esa cita, desde Canarias se confirmaba el cese como consejero de Agricultura de Guillermo Guigou, que abandonó la secretaría regional del PP para ocupar ese cargo, como respuesta de Rodríguez “ante las reiteradas deslealtades al pacto de gobierno” de Guigou y, sobre todo, después de la situación que se produjo en la Audiencia de Cuentas de Canarias, donde los dos auditores que representaban al PP votaron en contra del candidato a presidente del órgano presentado por CC.
De estadistas a municipalistas
Lo que sí es nuevo en el planteamiento actual de los nacionalistas canarios es vincular su apoyo a Rajoy a una cuestión política netamente municipal, un envite que da al traste con el hecho de que desde 1989 en CC se proclama que son responsables y solidarios e indispensables para la gobernabilidad y la estabilidad del Estado.
Ese año, concretamente el 5 de diciembre, los 166 votos socialistas no eran suficientes para que el Congreso de los Diputados, integrado ese día por 332 parlamentarios, eligiera en primera votación a Felipe González como presidente por tercera vez consecutiva, una dificultad que soslayó gracias al respaldo del diputado Luis Mardones, por entonces en las filas de las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), uno de los partidos germen de CC.
A cambio, los nacionalistas 'arrancaron' del Gobierno la promesa de terminar la red de carreteras de Canarias; incrementar la subvención al transporte de viajeros y mercancías, aumentar las partidas canarias en los Presupuestos del Estado y desbloquear y agilizar las negociaciones sobre el REF. Justo lo mismo que negociaron con Aznar en 1996 y en el año 2000, con el añadido de varios incrementos presupuestarios y el desarrollo del status diferenciado en la UE.
Presidir comisiones de investigación
Pero no solo se consiguieron mejoras para el Archipiélago, sino que CC se 'visibilzó' ante la opinión pública española porque el propio Mardones, en 1994, fue elegido presidente de la comisión encargada de investigar la financiación de los partidos (casos 'Filesa' o 'Naseiro'), al igual que ahora Oramas hace lo propio con la que estudia el rescate bancario o Quevedo con la dedicada a la presunta financiación irregular del PP.
Un año después, el senador nacionalista Victoriano Ríos se hizo con los mandos de la comisión que intentó, sin éxito, buscar responsabilidades políticas por la 'guerra sucia' contra ETA a cargo de los GAL.
Mardones también ocupó en 1999 la Presidencia la comisión de investigación sobre el presunto fraude en la concesión de ayudas de la UE para el cultivo del lino durante la etapa de Loyola de Palacio al frente del Ministerio de Agricultura, y en la VII Legislatura estuvo al frente de la que se ocupó del escándalo financiero de Gescartera,
En 2004 José Luis Rodríguez Zapatero obtuvo también la confianza de los tres escaños de los nacionalistas canarios a cambio del compromiso del líder socialista a reconocer las especificidades canarias en la futura y 'non nata' Constitución europea, medidas de apoyo al plátano y el tomate y planes concretos para las Islas en el Plan de infraestructuras y Transportes.
Pero, además, el líder de CC, Paulino Rivero, se ocupó de presidir la comisión sobre los atentados terroristas del 11-M en Madrid y ante la que declararon el ex presidente Aznar y el propio Zapatero.
Coherencia y responsabilidad
Vistos los antecedentes tradicionales de CC, no parece que lo de 'amenazar' a Rajoy con lo que sucede en Icod sea más que un 'farol' para intentar arrancar al ministro Cristóbal Montoro más recursos estatales para 2018 de los que estaban previstos, pues no casaría con el discurso de los nacionalistas durante el último cuarto de siglo negarse a apoyar acuerdos que incrementan la inversión en infraestructuras, apoyan la creación de empleo e impulsan la reforma del REF económico.
Y es que, parafraseando a Oramas, los canarios no entenderían la falta de “coherencia y responsabilidad” de CC hacia unos ciudadanos que “no pueden esperar más” a que se aprueben infraestructuras o políticas de empleo.
Claro, que también dijo la diputada nacionalista que su apoyo a Rajoy “no es un cheque en blanco y tendrá que conseguirlo decreto a decreto, ley a ley, semana a semana” y puede que en CC quieran elevar una moción de censura municipal a rango de ley