El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso, admitió este viernes que existen dificultades para que la Comunidad Autónoma pueda aplicar a partir del 1 de enero el denominado “expediente digital” en la administración de justicia, que establece la sustitución del papel por documentos telemáticos.
Esas dificultades son comunes a otras regiones e incluso a territorios que no tienen transferidas las competencias, por lo que en la próxima reunión de las comunidades autónomas con el Ministerio de Justicia, el 2 de diciembre, el Gobierno canario reiterará su petición de aplazamiento de la entrada en vigor de la medida.
Afonso, tras reunirse con el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, en el marco de la comisión mixta entre el Ejecutivo canario y la fiscalía, reclamó que se puedan “acompasar los tiempos”, es decir, que se retrase la entrada en vigor de la supresión del papel en los juzgados, porque en las islas el proceso tecnológico y de formación del personal se concluirá a lo largo de 2016, pero no el 1 de enero.
“Es precipitada la entrada en vigor el 1 de enero de 2016, puede generar dificultades” tener que cumplir que cualquier documento que entre en los órganos judiciales sea telemático, insistió el consejero.
Aarón Afonso señaló que su departamento inició la modernización tecnológica necesaria a finales de 2014 y concluirá a lo largo de 2016, pero además hace falta “un esfuerzo de formación” del personal al servicio de la administración de justicia y hay “dificultades para poder llegar a tiempo”.
El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, corroboró que habrá dificultades para eliminar el papel y precisó que aunque la fiscalía pueda conseguirlo, los expedientes necesitan incorporar otra documentación ajena a la administración de justicia, como atestados policiales o informes de peritos.
Garrido subrayó que las dificultades no son exclusivas de Canarias, región que incluso está “mucho más avanzada que otras comunidades” gracias a la herramienta informática Atlante.
Además de este asunto, en la reunión de la comisión mixta el consejero confirmó al fiscal la nueva relación de puestos de trabajo y que el presupuesto canario de 2016 reconocerá el complemento específico transitorio para todo el personal, lo que permitirá avanzar hacia el nuevo modelo organizativo de la oficina fiscal.
También se habló de la entrada en vigor el 7 de diciembre de la reforma procesal penal, que encarga a los fiscales el seguimiento de las investigaciones penales de los jueces para determinar eventualmente si se prorroga o no la instrucción de los sumarios, lo que requiere una herramienta informática que ya está lista.