El gobierno de Mogán atribuye a un “error material” la admisión en un concurso de un policía local condenado por torturas

El gobierno de Mogán que lidera Onalia Bueno (Juntos por Mogán-Coalición Canaria) atribuye a un “error material” haber incluido en la lista de admitidos de un proceso selectivo de la Policía Local a Carlos Javier Hernández, un agente que cumple una pena de cuatro años y nueve meses de cárcel y nueve años de inhabilitación absoluta para empleo público tras ser condenado por propinar una paliza a un vendedor ambulante de origen senegalés en un centro comercial del municipio.

El Ayuntamiento de Mogán ha remitido un escrito a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas en el que reconoce el error y comunica que ya ha sido subsanado y que el presidiario ya no figura entre los participantes de esa concurso público.

Mencey Navarro, primer teniente de alcalde y responsable del área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Mogán, firmó el pasado 19 de diciembre un decreto que excluye del proceso selectivo a tres de los 16 candidatos que habían sido admitidos “por un error material” en la lista definitiva publicada a finales de octubre. Uno de ellos es Hernández, condenado en firme por lesionar y torturar, en su modalidad de atentado grave a la integridad moral, a un ciudadano senegalés que ejercía la venta ambulante en un centro comercial de Puerto Rico. Por esos hechos, que ocurrieron en enero de 2011, también fue condenado otro agente municipal, Gilberto Julián Macías.

El decreto del primer teniente de alcalde de Mogán, que acaba de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas, es respuesta inmediata a un escrito firmado por la letrada de la Administración de Justicia (antigua secretaria judicial) de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas el 17 de diciembre, dos días antes. En esa diligencia, la funcionaria judicial advertía al gobierno municipal de que podía estar incurriendo en un delito de desobediencia al haber admitido en un proceso selectivo a una persona que no puede ejercer ningún empleo público hasta el 22 de mayo de 2032.

El concurso para la provisión definitiva de cinco plazas de oficial en la Policía Local de Mogán se había convocado en 2019. En aquel momento, Carlos Javier Hernández ya estaba formalmente acusado. La Fiscalía pedía para él una pena de siete años de cárcel. La Audiencia de Las Palmas dictó la primera sentencia en febrero de 2021. El Supremo confirmó la condena en marzo de 2023, aunque con una rebaja de la pena por la dilación del procedimiento. Dos meses después, en mayo, el policía ingresó en la prisión de La Palma. En la actualidad se encuentra en la cárcel de Estremera, en Madrid, y ya disfruta de permisos penitenciarios.

El pasado 23 de octubre, casi un año y medio después de la entrada de Hernández en la cárcel, el gobierno de Mogán publicó la lista definitiva de admitidos en el mencionado proceso selectivo para cinco plazas de oficial de la policía municipal. Y en ella figuraba el agente condenado e inhabilitado, circunstancia de la que tuvo conocimiento la Audiencia de Las Palmas al recibir un escrito a principios de diciembre.

Tras el reproche judicial, el gobierno de Mogán, a través de su primer teniente de alcalde, dictó el decreto que excluye a tres de los 16 candidatos. Dos de ellos habían pasado a la “situación administrativa de servicios en otras administraciones públicas”. Por su parte, Carlos Javier Hernández, según informa el concejal en ese decreto, fue cesado el 13 de julio de 2023. Es decir, dos meses después de entrar en prisión.

A pesar de la gravedad de los hechos que concluyeron en una condena por lesiones y torturas, ni Gilberto Julián Macías ni Carlos Javier Hernández fueron expedientados ni suspendidos de empleo y sueldo por el Ayuntamiento de Mogán durante todo ese tiempo. El segundo de ellos no sólo siguió en activo hasta que la sentencia adquirió firmeza y tuvo que ingresar en la cárcel, sino que incluso fue ascendido y premiado habiendo sido ya condenado por la Audiencia de Las Palmas.

En enero de 2022, Hernández fue uno de los cinco agentes ascendidos por el Ayuntamiento de Mogán a oficial, en un nombramiento temporal a través de un concurso de méritos convocado por decreto y por la vía de urgencia. Por tanto, este policía ocupó durante más de un año una de las plazas que ahora se prevé adjudicar de forma definitiva.

Meses después, en noviembre de 2022, Hernández fue condecorado con la cruz distintiva de la permanencia activa en el servicio durante más de veinte años, en un acto celebrado el Día de los Santos Ángeles Custodios y presidido por la alcaldesa, Onalia Bueno.  

Una década antes, cuando se conocieron los hechos por los que finalmente fueron condenados los dos policías locales de Mogán, Mencey Navarro, entonces concejal en la oposición en las filas de Ciuca (Ciudadanos por el Cambio), acusó al entonces alcalde de Mogán, Francisco González, del Partido Popular (PP), de “proteger” a los agentes y solicitó la inmediata apertura de un expediente disciplinario, una actuación que nunca ejecutó este edil, número dos de Bueno, cuando asumió responsabilidades de gobierno en la localidad sureña.

De hecho, el Ayuntamiento de Mogán contrató los servicios del despacho de abogados de José Antonio Choclán, el mismo que ha representado a Onalia Bueno en las causas penales que se han sustanciado contra ella en los últimos años, para recurrir la condena impuesta a los policías locales, ya que la corporación figuraba en el procedimiento como responsable civil subsidiario para hacer frente a la sanción económica impuesta a los agentes.