Un acta falseada, un notario y los consejeros del PSOE y el PP acorralan al presidente de RTVC
Al presidente del Consejo Rector de la Radiotelevisión Canaria le quedan dos Telenoticias. Su empeño por mantenerse al frente del ente público con tan solo dos consejeros de los cinco que mandata la ley, sin secretaria del órgano y haciendo caso omiso a todas las advertencias de legalidad que le han sido formuladas, tiene los días contados. El principio del fin se escenificará este viernes con casi absoluta probabilidad en los dos actos que tiene en su agenda: el primero, a las diez de la mañana, en una comparecencia ante la Comisión de Control de RTVC en el Parlamento de Canarias, donde se va a encontrar de frente y con las escopetas cargadas con todos los grupos parlamentarios, excepto el de Coalición Canaria. Y la segunda cita, un Consejo Rector a las 12:00, donde por primera vez estará solo con su voto para intentar sacar el asunto por el que fue puesto donde está todavía: un pliego para el concurso de provisión de servicios informativos de la Televisión Canaria pensado para los amigos mediáticos del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. 144 millones de euros de nada.
Hasta hace solo 48 horas, Santiago Negrín creía tenerlo todo bajo control, pero un notario y la ruptura de conversaciones entre el PP y Coalición Canaria lo colocarán este viernes en la picota.
En la última sesión del Consejo Rector logró, con fórceps, colar un acuerdo de dudosa legalidad por el que designaba secretaria de ese órgano a la funcionaria María Jesús Ibarría, la única de toda la función pública de la Comunidad Autónoma que se había presentado a la convocatoria restringida y muy discreta que RTVC subió a la web correspondiente. Su designación, que teóricamente despejaría uno de los obstáculos que impiden a RTVC operar legalmente desde febrero pasado, se produjo en medio de una sesión muy acalorada durante la cual no quedó nada claro quién estuvo ejerciendo como secretario y, por lo tanto, encargado de levantar acta, velar por la legalidad y certificar los acuerdos.
Porque si bien comenzó ejerciendo como secretario el vocal del PP Alberto Padrón a pesar de las reiteradas advertencias de ilegalidad pronunciadas por la vocal del PSOE, María Lorenzo, cuando ya el consejo estaba avanzado y deponían ante sus miembros los auditores contratados para revisar las cuentas del ente correspondientes a 2016, Padrón pidió un receso para atender una llamada telefónica en su móvil. Al otro lado se encontraba en una actitud muy poco amistosa el presidente regional del PP, Asier Antona, quien advirtió severamente a su correligionario de la más que posible ilegalidad de lo que estaba haciendo. Sólo pueden ejercer de secretario o secretaria personas ajenas al Consejo Rector que, además, tengan carrera jurídica, condiciones que incumplía el secretario en funciones. Al regresar a la sala de reuniones, Padrón “expresa que no se siente preparado al no ser jurista sino economista para avalar los puntos a discutir en este Consejo rector, dada su importancia y que requería secretario para temas de menor índole”, según dice el borrador del acta. Ante esto, solicitó “una convocatoria urgente del Consejo Rector para nombrar a una secretaria que cumpla con los requisitos que exige la ley”.
Es en este punto donde empiezan las anomalías del acta de la sesión del pasado 29 de junio. Porque en ningún lado se recoge en ella la trifulca que se inicia en ese momento: al renunciar a ser secretario quien estuvo ejerciendo como tal en los primeros compases del consejo, el acuerdo de aprobar las cuentas de 2016, que acababa de ser tomado, quedaba invalidado por completo, y no consta tal circunstancia. Como tampoco consta que ante la insistencia de la consejera Lorenzo fue el presidente del ente, Santiago Negrín, el que muy enfadado se erigió personalmente en secretario del órgano, otra ilegalidad manifiesta que sin embargo no fue de interés de la persona que redactó el acta, la asesora de Negrín Daida Rodríguez, según varias fuentes internas.
Existe una grabación
Las discrepancias en el acta no han podido ser resueltas de momento porque la dirección de RTVC se ha negado a facilitar la grabación del consejo alegando que no hubo tal. La consejera Lorenzo asegura que la grabación existe, en primer lugar porque ella misma sostiene haber visto una grabadora sobre la mesa, y en segundo lugar porque solo mediante una grabación se pueden reproducir frases textuales entrecomilladas de hasta noventa palabras. De no existir quien o quienes hayan actuado como secretarios en esa sesión tienen que asumir otra responsabilidad: no haberla grabado o no haber custodiado la grabación. Escapatorias, poquitas.
Aquella reunión empezó con las habituales advertencias por parte de la consejera María Lorenzo, que desde que el Consejo Rector se quedó sin secretaria por permiso de maternidad de su titular, previene a los otros dos consejeros, Santiago Negrín y Alberto Padrón (Partido Popular) de la ilegalidad de los actos que se celebran sin fedataria. De ahí que la segunda parte de aquel agitado consejo la dedicaran Negrín y Padrón a montar un nuevo orden del día en el que incluir el acuerdo de designar secretaria del consejo a la funcionaria María Jesús Ibarría, todo ello sin designar secretario accidental, es decir, con Negrín en su doble faceta de secretario y presidente, por mucho que en el acta que este viernes se pretende llevar a aprobación se diga que volvía a ejercer como tal Alberto Padrón, a pesar de las severas advertencias de su presidente regional, Asier Antona.
Los desajustes de aquel consejo se intentaron arreglar después con la intervención de los Servicios Jurídicos de la Presidencia del Gobierno, que primero bendijeron la emisión de un comunicado en el que se negaba que esa segunda parte de la sesión ejerciera como secretario y presidente Santiago Negrín, una ilegalidad a todas luces inasumible, y luego montando un acta en el que no consta en ningún momento las altaneras frases del presidente imponiendo como mejor criterio jurídico el suyo propio.
Una minuta notarial
Pero el ovillo se enredó mucho más este mismo jueves al constituirse la consejera María Lorenzo en las dependencias de RTVC en compañía de un notario para requerir a la flamante secretaria una serie de documentación (entre otras el pliego del concurso de servicios informativos que Negrín pretende aprobar este viernes) y advertirle de que su nombramiento podría ser nulo, y por lo tanto ilegal, lo que podría acarrearle “responsabilidades de todo tipo”.
Asimismo, el notario requirió a la secretaria el certificado de su nombramiento, documento que aportó y que volvió a poner de manifiesto el enjambre jurídico sobre el que están sentados Negrín y Padrón. Porque en ese certificado, firmado por Padrón como secretario, se dice que el acuerdo de nombramiento fue aprobado en presencia de tres de sus consejeros, dos delos cuales (ellos) votaron a favor de la designación de Ibarría. Sin embargo, en el borrador del acta queda constancia reiterada por parte de la consejera María Lorenzo de que ella no participaba en ninguna de las votaciones, lo que todavía convertiría en más anulables sus acuerdos. O el borrador del acta contiene falsedades o la certificación que firma Alberto Padrón es en sí mismo una falsedad documental. Y hay una grabación que lo aclararía todo.
Santiago Negrín estará solo este viernes en el Consejo Rector. El Partido Popular apoyará la aprobación de las actas en la que su consejero no incurra en un posible conflicto legal, pero tumbará los acuerdos polémicos, especialmente el de los pliegos del concurso de Informativos para la Televisión Canaria que el presidente de RTVC pretende aprobar en solitario erigiéndose en órgano de contratación. La sorpresa la puede dar la secretaria, que va camino de convertirse en la más breve de la convulsa historia de la radio y la televisión públicas de Canarias.
