El Consejo Consultivo no avala los puntos más polémicos de la nueva ley de Islas Verdes que promueve Coalición Canaria
El Consejo Consultivo no da su visto bueno a varios puntos de la nueva Ley de Islas Verdes que promueve con prisas Coalición Canaria. Este órgano resume en un dictamen fechado este 16 de enero que, aunque “la norma resulta conforme a los parámetros constitucionales”, sí que hay que respetar la categoría de suelo rústico.
La posición del Consultivo, adelantada este lunes por Canarias 7, refleja su desacuerdo con varios artículos de esta proposición de ley. El dictamen hace hincapié en uno de los más controvertidos, el referente a los establecimientos de alquiler turísitico. Recuerda que las viviendas vacacionales deben estar sujetas a la normativa que las regule y que debe cumplir con las condiciones establecidas para cada categoría o clase de suelo.
Tal y como está redactada la norma que se pretende impulsar, en el artículo 6, se resalta que “podrán implantarse establecimientos turísticos de la modalidad de vivienda vacacional, conforme a los términos y condiciones previstos en la normativa sectorial que la regula, sin que le sea de aplicación ninguna restricción por la clasificación o calificación del suelo”. Es decir, en suelo rústico podría darse esta actividad. El borrador de esta norma establece así mismo como “uso ordinario de suelo rústico” los alojamientos de hasta 200 camas, que además son considerados como hoteles de mediana dimensión.
En este sentido, el Consultivo insiste en que “los usos impropios del suelo rústico están condicionados siempre a la utilización racional de los recursos naturales”. Por ello, señala que la norma se debe completar “en coherencia con la legislación básica estatal, para no infringir el bloque de constitucionalidad”.
Así mismo, sobre el cambio en el número de camas añade que “es preciso que el uso turístico de que se trate sea un uso complementario que guarde la debida proporcionalidad con el uso agrario, para no desvirtuar la categoría del suelo”.
El documento subraya que el texto de esta proposición de ley dificulta la comprensión de la norma, por lo que “se compromete la efectividad del principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE”. De forma constante recalca que se debe tener en consideración la legislación en materia ambiental. El Consultivo aprecia además que la solicitud del dictamen ha sido cursada por el procedimiento de urgencia, algo que estima que no está justificado.
Esta proposición de ley, de la que la oposición excepto PP y ASG se han mostrado muy críticas pretende derogar la ley de islas verdes de 2016, que fue el precedente de la que se aprobaría al año siguiente, la Ley del Suelo. Se trata de dos normas proclamadas a bombo y platillo por el Gobierno de Canarias con las que sí ha mostrado predisposición de agilizar desde el principio.
La tramitación de urgencia de esta PPL entró en el último pleno del Parlamento de 2018 con prisas y a pesar de que a poco más de cuatro meses de las elecciones, la Cámara Regional continúa con 13 proyectos de ley en tramitación y 17 proposiciones de ley.
