La delincuencia no crece con el aumento de pateras: los datos que desmontan la conexión alimentada por la derecha

Canarias recibe desde 2020 el 80,5% de la inmigración irregular que llega a España, pero esto no se ha traducido en un aumento de la criminalidad en las islas. Los datos del Ministerio del Interior desmontan el discurso político que intenta vincular a las personas migrantes con la delincuencia. “Parece que tal y como está el panorama es contra toda lógica, pero después de 30 años de estudio y leer a muchísimos autores, la relación entre inmigración y delincuencia es negativa”, apunta Elisa García España, catedrática de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Málaga.

La inmigración ha vuelto a dominar la agenda política en Canarias en los últimos años. Tres décadas después de la llegada de la primera patera a Fuerteventura, el debate permanece estancado en viejos discursos que tratan de relacionar a las personas desplazadas con la inseguridad. Este martes, todos los grupos del Parlamento autonómico se unieron para frenar una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por Vox en la que trataba de responsabilizar a los supervivientes de la ruta canaria de un supuesto aumento de los delitos en las islas. En su exposición de motivos, el partido de extrema derecha retuerce las cifras de criminalidad para ligarlas a una “invasión inmigratoria”. 

Sin embargo, la tasa de criminalidad en Canarias está por debajo de la media nacional. Y lo ha estado durante casi toda la serie histórica. De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, en el conjunto del Estado hubo 48,6 infracciones penales por cada 1.000 habitantes en 2022, pero en las Islas se registraron menos, 43,5 por cada 1.000. Existen otras autonomías, como las Islas Baleares (63,4), Catalunya (60,6) y la Comunidad de Madrid (59,2), donde la tasa es aún mayor.

Además, la evolución de la delincuencia en el Archipiélago muestra que, desde la entrada del nuevo siglo, la criminalidad ha decrecido para luego estabilizarse en la última década. En el año 2000, la tasa era de 66,5 por cada 1.000 habitantes. En 2023, el curso pasado, ya había caído a 46,5 por cada mil tras un pequeño repunte desde la crisis del coronavirus. Todo esto mientras el peso de la población extranjera en la Comunidad Autónoma se ha triplicado en los últimos 23 años. 

“La comunicación política es sentimental. Va a las tripas. ”Ellos son los más salvajes, los más violentos“,...”, explica el periodista Samuel Toledano. Para que el discurso emocional funcione, se necesitan “elementos sólidos”. “Ahí entra el dato. Cogen el dato que les interesa, lo descontextualizan y ya tienen un argumento sólido. Así la gran propaganda funciona mejor”, añade el profesor de Ciencias de Comunicación y Trabajo Social de la Universidad de La Laguna (ULL).  

Coalición Canaria y el Partido Popular también han abrazado las consignas que hasta ahora abanderaba la extrema derecha. En una tertulia televisiva, el secretario de Organización de CC en Lanzarote, Echedey Eugenio, expresó su preocupación por que los menores extranjeros no acompañados compartieran aulas y hospitales con su familia. “¿Sabes con quién van a compartir sus colegios y sus centros sanitarios esos 6.000 menores cuando se conviertan en mayores de edad? Con mis hijos y mis nietos”, clamó el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife. 

A las puertas de las pasadas elecciones europeas, el senador del PP Sergio Ramos aprovechó el asesinato de un joven en el municipio grancanario de Telde para agitar la campaña. El también vicealcalde de esta ciudad aprovechó la muerte del chico, apuñalado tras una reyerta, para afirmar que los migrantes representan “un problema muy grave” que tiene como máximo responsable al Gobierno de España. 

Pero la percepción de inseguridad que pretendía trasladar el senador no se sostiene con datos. Los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que los nacionales en Canarias delinquen más que los extranjeros. En 2023, según la última actualización de las cifras, publicada esta misma semana, el 79% de los condenados en las Islas tenían la nacionalidad española, frente a un 21% de extranjeros. Y eso que lo que nos muestran los datos son tan solo “la reacción del sistema” ante el delito, no la “delincuencia real”, explica García España. 

La catedrática, que lleva décadas estudiando la relación entre inmigración y delincuencia y dirige el Observatorio Criminológico del Sistema Penal ante la Inmigración (OCSPI), hace hincapié en este hecho y en la dificultad de “delimitar” el concepto inmigración, en donde caben multitud de interpretaciones. “Yo he estado viviendo un año en Estados Unidos. Cambié mi residencia habitual y fui inmigrante. Pero cuando tú hablas de inmigración, en la cabeza de las personas no está ese concepto tan amplio”, destaca. 

García España recuerda que “el derecho penal no llega a todos por igual”, que es “mucho más fácil” perseguir un delito de hurto que de corrupción administrativa o ir detrás de una “determinada población”. Es un sistema “selectivo”, insiste la experta, sobre todo con las personas con rasgos étnicos diferentes, algo que está “altamente demostrado”. “Es un sesgo individual que no quiere decir que sean racistas y que vayan a por el extranjero de forma dolosa”, sino que “desvían su actuación sin que ellos sean conscientes de ello”, remacha.

Al actuar sobre 100 inmigrantes y 10 españoles, eso sí, “consigues determinados réditos”, concluye la catedrática. “Estamos mirando todo el rato si el inmigrante es el que delinque, pero lo que hay que hacer es poner el foco en el contexto social de acogida”.

Una investigación publicada en 2012 en la revista American Law and Economics Review analizó la base de datos provincial de 1999 a 2009 en España para evaluar si había alguna relación entre inmigración y delincuencia. El trabajo, muy citado en el ámbito académico, concluye que no existe evidencia de una relación causa efecto entre ambos factores, “particularmente en lo que respecta a delitos graves y contra la propiedad”, en palabras de uno de sus autores, César Alonso-Borrego, profesor de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

Entre las razones que pueden explicar este hecho, Alonso-Borrego alude a las “afinidades culturales” entre la población nativa y una parte importante de la población inmigrante en España durante esa década, principalmente de origen latinoamericano. El estudio también descubrió que colectivos de otros países de origen, como los rumanos, presentaron tasas de criminalidad mayores en los primeros años de su llegada, pero que en poco tiempo esos registros pasaron a asemejarse a los de los nacionales. “La explicación más plausible es la integración”, recalca el economista. 

“El enfoque securitario y el discurso del miedo son algunas de las expresiones más comunes de las nuevas formas de racismo contemporáneo: el racismo democrático”, explica la investigación Racismo “democrático” y fronteras morales: ¿cómo construir una ciudadanía insurgente?, elaborado por Daniel Buraschi y María José Aguilar-Idáñez. “El discurso racista se alimenta del miedo y justifica el rechazo de las personas migrantes porque considera que es legítimo defenderse frente a la amenaza que representan estas personas”, añade el estudio. 

Para el activista Redwan Baddouh, el objetivo de estas campañas es claro: generar crispación y odio hacia las personas migrantes. “Intentan poner a pelear a pobres contra pobres. Le dicen a los pobres de aquí que otro pobre le está quitando cosas, cuando el problema no es el que llega de otro país en situación de vulnerabilidad, sino los cuatro gatos que especulan y acumulan toda la riqueza”, asevera. Según Baddouh, “no son solo los discursos de la extrema derecha, sino también las acciones del Estado las que alimentan el odio” hacia las personas migrantes. “No las regularizas y las tienes en condiciones denigrantes. Se va generando una situación de conflicto y así alimentas el monstruo del racismo”, concluye.