“Me dejaron sin casa, sin negocio, sin coche, sufrí un secuestro, atentaron contra mí y me dejaron en la ruina, y todo por no acceder a las acciones que yo entendía ilegales de ciertas personas. Clavijo y su gente me arruinó la vida. Me causaron la ruina todos los que intervienen en este proceso”. Así se expresó a la salida de los juzgados de La Laguna el denunciante del caso Corredor, el empresario Carlos Calderón, quien anunció que se va a personar en la causa como acusación particular.
Calderón, que era dueño de un pub en La Laguna, ha sido el primer testigo de la causa en declarar ante el magistrado Cesar Romero Pamparacuatro, y se ratificó al completo en la denuncia que interpuso ante la Fiscalía en 2009 y que ha dado lugar a este caso, en el que está imputado el alcalde de esa ciudad y candidato a la Presidencia de Canarias, Fernando Clavijo, junto con otras trece personas.
Fue un interrogatorio extenso, de tres y horas y media de duración. Calderón arremetió también contra el empresario de la noche lagunera y abogado, Evaristo González, del que dijo que “sufrí una constante persecución a través de las personas que metió dentro de mi círculo para conseguir sus fines”. Evaristo González es el principal sospechoso en dos piezas separadas del caso Corredor, entre otros, por delitos contra la Seguridad Social en la contratación de trabajadores para sus locales de ocio.
Además del denunciante, este jueves tenían que declarar como testigos el periodista Isaac Tacoronte y una técnico municipal, quien habría alertado a Calderón de las amenazas que se le avecinaban, por no ceder a determinados sobornos para evitar sanciones por el horario del cierre del local. Pero no compareció, por lo que será puesta en busca en captura, aunque su último paradero estaba en Argentina.
Tacoronte obliga a que se practique una prueba caligráfica al no reconocer su firma
Isaac Tacoronte, ex pareja sentimental de Calderón, y al que calificó de “fantasioso” y “mentiroso compulsivo”, entró a declarar en torno a la una de la tarde. Y revolvió aún más si cabe la ya de por si revuelta instrucción del caso Corredor, al negar que fuese cierta una de sus actas de declaración ante la Policía Judicial y no reconocer su firma al pie de la misma.
Dijo que había declarado una única vez ante la Policía y no dos, como aparece en el sumario, por lo que el magistrado ha ordenado que se realice una prueba grafológica. Esta acusación, a juicio de algunos de los abogados consultados, puede ser gravísima, ya que el testigo habría acusado al Grupo de Delitos Económicos relacionados con la Corrupción una falsedad de documento público y una apropiación de firma.
Sin embargo, si es Isaac Tacoronte quien ha mentido, habría incurrido en falso testimonio, calumnias y obstrucción a la Justicia, que se castigan con penas de cárcel.
Tacoronte atribuyó a la fantasía de Calderón que un policía le pidiese dinero para no levantar actas de sanciones por el cierre fuera de hora del que era su local, el Sketch, y negó que alguna vez hubiese creído que su ex pareja guardaba una grabación en la que se escuchaba a ese agente exigirle un pago.
Sin embargo, en 2010 y ante la Policía Judicial sí admitió que en una reunión mantenida en 2005 con Clavijo, que entonces era concejal en el Ayuntamiento de La Laguna, y a la que también asistieron el concejal del PSOE Javier Abreu y el gerente de Urbanismo, él mismo preguntó a Clavijo qué se iba a hacer respecto al policía, a lo que Clavijo le habría respondido que “Juan José ya lo sabe”, en referencia al Jefe de la Policía Local entonces.
Esa reunión también fue grabada por Carlos Calderón y aportada a la denuncia, pero Isaac Tacoronte afirmó a la Policía Judicial que esa grabación estaba manipulada, negando su veracidad.
Este jueves ante el juez ha matizado sus palabras, ya que sostuvo que cuando declaró en las diligencias preliminares estaba “bloqueado” y por eso dijo que la grabación estaba manipulada, cuando en realidad quería decir que “la grabación tiene cortes de voz”.
Un proceso que puede ser largo
Frente a la velocidad que el magistrado Cesar Romero Pamparacuatro ha impreso a esta fase de la investigación judicial, no parece que el caso vaya a estar cerrado antes de las elecciones de mayo próximo, según han confirmado a Canarias Ahora fuentes jurídicas consultadas.
Las mismas fuentes sostienen que sólo en la resolución de los más de veinte recursos presentados para lograr la nulidad de todas las actuaciones, y que deben recaer en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife si no prosperan los recursos de reforma, transcurrirán al menos seis meses.
Este martes, además, acaba el plazo para que los abogados defensores se pronuncien sobre la nulidad parcial de las escuchas telefónicas que no contaban con autorización judicial, como se conoció el pasado lunes, y que abarcan desde el 25 de septiembre de 2010 en adelante.
Los abogados coinciden en solicitar todos la nulidad de las escuchas desde esa fecha. Si el juez no lo estimase o la Fiscalía se opusiese, se plantearían con toda probabilidad nuevos recursos de apelación ante la Audiencia Provincial, lo que dilatará aún más el proceso judicial.