El líder histórico del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, creó un entramado societario para ocultar sus propiedades y no responder de las multas impuestas por la sentencia judicial del caso del complejo agroindustrial que ascienden a 5,7 millones de euros.
Esta es la tesis que se recoge en varios autos de la 'operación Unión', cuyo secreto de sumario se levantó la pasada semana. Para llevar a cabo este ocultamiento, Martín se habría servido de varias persona, entre las que se encontraría su hija Susana, el que fuera su mano derecha, Matías Curbelo, los empresarios hoteleros almerienses José María Rossell y José Gonzalo Gil Acosta, así como José Ramón Vizcaíno.
Rossell es propietario del primer grupo hotelero de Andalucía y llegó a ser presidente y administrador, respectivamente, de El Maho y Televolcán, cuando estaban controlados por el PIL, donde compartía cargo en el consejo de administración con Susana Martín. También es dueño del Hotel Playa Verde en Costa Teguise.
Martín fue condenado en diciembre de 2004 por la Audiencia provincial de Las Palmas a ocho años de cárcel por malversación de caudales públicos y delitos contra Hacienda y la Seguridad Social (condena por la que aún está en prisión) y a pagar varias multas a la Justicia: una de 2,4 y otra de casi un millón de euros, además de restituir a la empresa Emamtsa 2,3 millones. Durante el periodo entre la sentencia de la Audiencia y la que hace firme la condena en 2006 del Tribunal Supremo y 2006, Dimas se habría dedicado a ocultar ese patrimonio.
Según un documento llamado 'Relación de propiedades de Dimas y Elena.doc' ., encontrado en el registro de su vivienda cuando fue detenido, él mismo valora varias de sus propiedades y fincas en 3.539.961 euros, aunque la UCO en su investigación valoró su patrimonio en 48 propiedades a nombre de testaferros que valdrían más de ocho millones de euros. Según se indica en los autos, Martín realizó varios movimientos intermedios de esas fincas para que acabaran volviendo a su propiedad, por lo que se le acusa de los delitos de insolvencia punible y blanqueo de capitales.
Una de las sociedades clave del entramado es 'Gestión y Desarrollo Gaida', cuya administradora es su hija Susana, trabajadora del Cabildo. Esa sociedad es propietaria de la casa de Susana en Guatiza, de un apartamento y una finca en Costa Teguise y una oficina en la calle Canalejas de Arrecife, entre otras. En todas ellas hizo obras José Ramón Vizcaíno por valor de unos 300.000 euros.
Gaida reconoce una deuda a favor de Hotel Playa Ventura, en las que son administradores Rossell y Gil Acosta y a su vez se reconoce dueña de unas propiedades de la sociedad Obras y Reformas Famara, a la que Dimas había transmitido varias fincas. Playa Ventura pasa a ser la administradora de Famara, cuyo administrador es Vizcaíno, y cuta sede social está en la calle Canalejas, 21, de Arrecife, propiedad de Dimas Martín, según sus propios documentos.
Señala el auto que “todo culmina con la existencia de una cuenta en Almería en la entidad BBVA donde (según) las propias anotaciones de Dimas Martín, dispone de varias y sustanciosas cantidades de dinero”. La cuenta está a nombre de Gaida, cuya administradora es Susana Martín. Además hay otras ocho fincas de Teguise que pasan de Gaida a Famara pero pasando primero por la sociedad Procovista, cuyo administrador es Marcial Rodríguez, pero en la que interviene verbalmente en todas las operaciones Matías Curbelo. La transmisión se hizo poco antes del juico en la Audiencia provincial por el caso del complejo agroindustrial.