La Guardia Civil no encuentra ningún “e-mail o contrato” que plasme el “acuerdo” entre el Servicio Canario de Salud (SCS) y la empresa vinculada a Koldo García, exasesor del exministro Ábalos, para recibir más mascarillas por menos dinero durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, en el portal de transparencia de Canarias están todos los expedientes que lo explican. Tal y como ya adelantó Canarias Ahora, el material sanitario entregado por la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. no se ajustaba al pedido realizado por la comunidad autónoma, por lo que la empresa tuvo que venderlas a un precio inferior.
Un informe realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que data del 26 de septiembre de 2022, recoge que una partida de mascarillas salió defectuosa, por lo que hubo que negociar nuevos importes más baratos. El documento, al que ha tenido acceso esta redacción, concluye que “posteriormente se confeccionaron contratos para dar cobertura justificativa a esas entregas de material que se habían realizado previamente”.
Fuentes del anterior Gobierno de Canarias, liderado entonces por Ángel Víctor Torres (PSOE), insisten en que nunca hubo una “variación o modificación del contrato”. “Lo que hubo fue un cumplimiento estricto de lo que dice el contrato. Si tú encargas un determinado producto y el que te llega no cumple las condiciones, tú solo pagas lo que te llega bien”, subrayan estas fuentes.
“Una cosa son los pedidos y otra los pagos. Cuando se verifica todo lo que ha llegado se hacen los pagos”, apuntan. Además, defienden que durante el estado de alarma, los técnicos y funcionarios del SCS actuaron “con rigor absoluto, incluso en aquellas circunstancias tan complicadas”.
El SCS adjudicó a la empresa vinculada a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, contratos por un importe de 12,3 millones de euros. El 22 de abril de 2020 se adjudicó a la empresa Soluciones el contrato por la vía de emergencia de 6,8 millones de euros para el suministro de 2,7 millones de mascarillas FFP2, al precio de 2,50 euros cada una.
Cuando las mascarillas llegaron, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario de Canarias detectó que 837.800 mascarillas no eran FFP2. Se trasladó una muestra al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sevilla, que concluyó que el material era de una calidad inferior a la que Canarias había solicitado.
La respuesta que dio la empresa Soluciones de Gestión S.L. fue vender las mascarillas no aptas para FFP2 al precio de las mascarillas quirúrgicas, que entonces era de 0,84 céntimos la unidad. También propuso completar el pedido con 555.000 mascarillas FFP2 hasta alcanzar el importe de los 2 millones de euros que faltaban por cumplir del contrato, tal y como figura en el expediente publicado en el portal de transparencia canario.
La necesidad de material sanitario para frenar el número de contagios hizo que el Servicio Canario de Salud siguiera trabajando con la empresa vinculada a Koldo García. Así, adjudicó otro contrato por 5 millones de euros para la compra de 2 millones de mascarillas FFP2. El informe de la UCO incluye tres facturas que justifican la entrega y la recepción de la totalidad del pedido.
Además, el SCS también pagó 417.814,71 euros a Soluciones de Gestión S.L. por el servicio de transporte, fletes y seguros de transporte de mascarillas KN95. El informe de la Guardia Civil señala que “no se puede concretar si el hecho de desligar el transporte del suministro y adjudicar ambos contratos a la misma empresa partió de la Administración o de la propia Soluciones”.
El informe de la UCO insiste en que “se desconoce cómo se pactaron las condiciones de adjudicación del contrato”. “No se han aportado comunicaciones entre el órgano de contratación y Soluciones, ni tampoco cómo y de qué manera se gestionó el suministro de mascarillas”, dice el texto.
Ahora, una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil ha descubierto el primer caso de presunta corrupción en la adquisición de material sanitario durante la pandemia con contratos del Gobierno. La investigación se centra en los 53 millones de euros que el Ministerio de Transportes, el de Interior y las comunidades autónomas de Canarias y Baleares habrían desembolsado, por el procedimiento de urgencia, para adquirir mascarillas a una empresa ajena al sector.
Este jueves, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, defendió su gestión como presidente de Canarias en la compra de mascarillas. Torres explicó que con el estallido de la pandemia de COVID-19 estaban “desesperados” por encontrar material de protección. Llegaban propuestas “de todos lados” y se habló con compañeros de partido, políticos, alcaldes y empresarios, señaló. En relación al caso Koldo, defendió que ''si alguien se ha lucrado, se ha corrompido, que lo pague''.